Jaime dejó su condición de prófugo tras otro fallo de la Justicia federal

El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime dejó finalmente su condición de prófugo, luego de que el Tribunal Oral Federal Nº2 de Córdoba también le concediera la eximición de prisión y dejara así sin efecto el pedido de captura internacional que pesaba en su contra.

La exención de prisión fue dictada por el magistrado de feria José María Pérez Villalobo, quien fijó una fianza de 200 mil pesos y determinó que Jaime deberá establecer "domicilio y comprometerse a comparecer ante el tribunal ante el primer llamado que se formule" para ese fin.

El fallo hizo lugar así a un planteo que la defensa de Jaime había realizado ayer por la mañana para que se revocara el pedido de detención librado a partir de una investigación sobre presuntas maniobras del ex funcionario para ocultar pruebas en una causa que se le sigue en Córdoba por enriquecimiento ilícito.

Con el pronunciamiento del juez se suspendió la orden de captura internacional que el Tribunal Oral de Córdoba había ordenado vía Interpol para asegurar que el ex secretario de Transporte se presente a juicio oral por esta causa el próximo 30 de julio.

El juez tuvo en cuenta para su resolución el fallo de la Cámara Federal de Buenos Aires que también eximió de prisión al ex funcionario kirchnerista bajo "caución juratoria" resaltando en sus considerandos que "no se advierten factores que de modo razonable presagien un peligro para los fines del proceso".

De todos modos, aseguró que la orden de detención dictada en su oportunidad por el tribunal cordobés a requerimiento del fiscal federal fue "correcta", teniendo en cuenta que en la última semana "se evidenció cierta capacidad material (de Jaime) para sustraerse a la acción de la Justicia, atento los vanos intentos de las fuerzas de seguridad por encontrarlo".

La resolución indicó, sin embargo, que el ex secretario "se ha presentado al llamado del tribunal las veces que ha sido convocado" y que debe "revisar conforme los nuevos elementos la decisión adoptada de juicio existentes en el proceso", por lo que "corresponde otorgar la exención de prisión".

"En tal sentido, entiendo que, si bien corresponde otorgar la exención de prisión al imputado Ricardo Jaime, esta deberá serlo bajo caución real a los fines de asegurar la presencia del imputado en el juicio, siendo la medida adoptada menos lesiva y suficiente para los fines que se propone", apuntó el juez de feria.

Antes de fallar, el tribunal había corrido vista al fiscal cordobés Maximiliano Hairabedian, quien se opuso a la decisión de eximir de prisión a Jaime y consideró que "no se dan por el momento las condiciones necesarias para que deje sin efecto la captura dispuesta", ya que "hasta el día de la fecha el acusado no ha podido ser encontrado por fuerzas policiales" a pesar de que "faltan escasos días para el inicio" del juicio.

En este sentido, Hairabedián había solicitado al tribunal que "en caso de no compartir el criterio y decidiera conceder la libertad solicitada, subsidiariamente se impongan al imputado medidas adecuadas a disminuir los indicadores de peligro procesal", tales como informar el domicilio donde pueda ser ubicado y comunicar cualquier asentamiento superior a 24 horas.

La decisión del tribunal cordobés se suma a la que tomó el último jueves la Cámara Federal de Buenos Aires, que le concedió la exención de prisión en el marco de otra causa que tramita el juez federal Claudio Bonadío, quien lo procesó por un supuesto hecho de corrupción en la realización de una obra para el Belgrano Cargas —que involucra un pago extra de 2,5 millones de pesos— y ordenó su detención preventiva por temor a una eventual fuga.

Tras conocerse el fallo del tribunal de Córdoba, el abogado de Jaime en Buenos Aires, Andrés Marutian, ratificó que el ex funcionario "tiene la libertad ambulatoria asegurada" y agregó que "está tranquilo, como lo estuvo siempre en estos cuatro años".

Además, Marutian ratificó que pedirá el inicio del juicio político contra Bonadío ante el Consejo de la Magistratura, ya que la orden de detención contra su defendido fue "ilegal, arbitraria y carece de todo fundamento". Una polémica que recién comienza.