Hace unos días la prensa oral y escrita anunciaba que el oficialismo en el Senado dio dictamen favorable al proyecto que limita la responsabilidad del Estado, haciendo mención que la oposición se opuso a tal proyecto. Sabemos también que la iniciativa será votada en el recinto en julio, esto es dentro de pocos días. Hasta donde alcanza los antecedentes, esto no es más ni menos que preservar al Estado de la más importante responsabilidad que le asignan las normas constitucionales. Casualmente es el Estado el más alto responsable de la vida de sus habitantes. La reforma establece que el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos". Con esto viene a la memoria la tragedia de Once, de las muertes por inundaciones en La Plata, en Santa Fe y otros. Y surge la reflexión: ¿el Estado con esta reforma se quiere "proteger" en el futuro de los daños que pueda ocasionar? En tal caso, ¿cuál es el papel que tiene el Estado según este gobierno que impulsa esta reforma? No es menos cierto que puede relacionarse el entuerto con el ya celebre caso Ciccone. El proyecto también cercena la responsabilidad del Estado cuando establece que para responder debe existir daño cierto y actual, debidamente acreditado y mensurable en dinero por quien lo invoca, e imputabilidad material de la actividad a un órgano estatal. Pero hay todavía algo más grave, se consigna "....en ningún caso reparará el lucro cesante, sino que la eventual indemnización… comprende el valor del bien solamente". En buen romance, nadie puede pedirle al Estado el lucro cesante, apartándose así de disposiciones del Código Civil y de toda la jurisprudencia acopiada y pacífica durante años. Se quiere eludir las responsabilidades de los funcionarios y lo más grave del Estado, que es precisamente quien tiene que ser el garante y principal responsable de sus actos y también de los que actos o funciones que delega. Desde el punto de vista jurídico es una grave decisión que vulnera los más elementales derechos históricamente consagrados a favor de los habitantes de la Nación, que resulta indigna de una República que respete su propio derecho, y debe ser repudiada por toda la ciudadanía por arbitraria e inconstitucional.
