Hoy, cuando la crisis financiera mundial preanuncia recesión y desocupación, quiero testimoniar el drama que con mi familia estamos transitando a causa de la llamada "industria del juicio". En 1994, supervisado por el Magic, instalé en Sarmiento 2500, ochava SE de la ciudad de Coronda, una fábrica de muebles y contraté a dos jóvenes ex pescadores por seis meses. Pero la importación indiscriminada y el "efecto Tequila" (primer descalabro económico de la globalización) motivaron al poco tiempo el colapso de ese microemprendimiento. Al año y representando a un ex empleado, un abogado me inicia acciones legales reclamándome indemnización por despido por 10 años trabajados. Algo irreal según registró Magic. Yo fui uno de tantos ciudadanos que por falta de recursos y rayano en la indigencia, no pudieron contratar los servicios profesionales de un abogado, pues para estos casos, no existe defensor de oficio. A mediados de 2003 el juzgado laboral Suasnabar-Barrili de Santa Fe dicta el remate de mi taller y vivienda aledaña. Un estudio jurídico, a quien recurro, me sugiere solicitar la nulidad del juicio alegando "falta de defensa en juicio"; requiriendo como aval mis herramientas de trabajo. Intentando salvar mi única propiedad, acepto. Y en oscuro atardecer de mediados de 2003 se llevan mis cinco grandes maquinarias seminuevas. Me quedé sólo, angustiado, mirando mi taller vacío y esperanzado en recuperarlas. El 30 de marzo de 2004, con un promedio general de 7.35 puntos, me gradúo de licenciado en Enfermería en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR e inicio un curso de posgrado. En esos meses mis talleres son usurpados por una familia que ocupa también mi vivienda, por lo cual vuelvo a recurrir a otros profesionales. Previa firma de poder, entrega de documentación respectiva y adelanto pecuniario, aceptan representarme e iniciar juicio por usurpación y desalojo. Pero pasa el año 2005, 2006 y 2007 sin novedad alguna, aun cuando el abogado me aseguraba que, gracias a su accionar "todo marchaba perfectamente". A todo esto yo había perdido la oportunidad cierta de incorporarme al Samco Coronda, por no poder disponer de mi vivienda. El 22 de noviembre de 2007 comprobamos fehacientemente la inacción total del abogado, quien jamás inició demanda alguna contra los usurpadores; además, su pedido de nulidad del viejo juicio laboral había sido rechazado, cuando él siempre aseguró lo contrario. Por ello, con razón, nos sentimos defraudados y engañados por ese profesional del derecho, que faltó a su juramento. Humillado y angustiado le cursé cinco cartas documento y dos telegramas, los que jamás contestó. Además radiqué en su contra denuncias en Correccional 3ª por retención indebida de documentación; en Instrucción 7ª y en Fiscalía Nº 4 (Tribunales de Santa Fe) para que el juez actuante investigue la probable comisión de delito; y cursaré denuncia al tribunal de conducta del Colegio de Abogados respectivo. Infiero que el abogado fue partícipe necesario para el avasallamiento de mis derechos al trabajo, a la vivienda única, a mi desarrollo profesional y a la libertad subjetiva, con grave lesión bio-psico-social familiar. Hoy con 340 pesos de jubilación y 68 años de edad y aunque mis máquinas siguen retenidas, sigo luchando día a día. Es hora de desempolvar el viejo apotegma que muchos olvidaron: "La consigna es producir, producir y producir". Por cédula judicial se me comunicó que mis talleres y vivienda, que hasta hoy siguen usurpados, se rematarán el 30 de octubre de 2008, a las 11, en el Juzgado provincial de Coronda. Por ello ruego la intermediación de autoridad judicial o política, para intentar evitar el vil despojo a un trabajador y estudiante que jamás bajó los brazos.
