Habitualmente se define a los argentinos como individuos pertenecientes a una sociedad necesitada de un Poder Ejecutivo fuerte, severo, riguroso, que reúna las condiciones de un auténtico líder. Todos los países latinoamericanos responden a esta forma de organización política, y en general son democracias de 200 años o menos de antigüedad. Países anglosajones como EEUU o Inglaterra responden el primero al sistema republicano y el segundo a la monarquía parlamentaria. La salvedad esencial es que, a diferencias de las democracias latinoamericanas, nunca fue vulnerado o interrumpido el sistema de gobierno por golpe de Estado alguno. Los países europeos, luego de haber sufrido las consecuencias irreparables de vidas humanas, 10.000.000 de muertos en la Primera Guerra Mundial y 50.000.000 en la segunda, adoptaron al sistema parlamentario, ya sea un su versión republicana o monárquica. Consideran que de esa manera el sistema político-institucional es más estable y trasciende a los gobernantes de turno que, por razones físicas u otras, tienden a cumplir un ciclo determinado. Cuando es desplazado o reemplazado un primer ministro cae un gobierno, pero no el sistema institucional en que se sustenta. En la Argentina, con una forma republicana y federal, sólo desde el año 1916, a través la Ley Sáenz Peña, accedieron al poder los gobernantes elegidos mediante el sufragio obligatorio, universal y secreto, con la exclusión de las mujeres inhabilitadas para votar. Pero, pocos presidentes, elegidos democráticamente, pudieron completar su mandato; golpes cívico-militares inaugurados desde el año 1930 impidieron la consolidación del sistema republicano, federal y democrático. La figura del jefe de ministro que rige en la actualidad es una suerte de coordinador del resto de los integrantes ministeriales que, de manera alguna, ha servido para disminuir el fuerte presidencialismo existente, motivo para lo cual fue creado. Si bien un ministro de la Suprema Corte de la Nación se ha manifestado a favor de un sistema parlamentario, sería necesario instalar y transmitir en la sociedad los alcances, beneficios y dificultades, para iniciar un debate amplio y participativo tendiente a promover su implementación o no. Los falsos positivos o negativos, perderían su peso específico, políticamente hablando.
