Ahora el gobierno denunciará penalmente a los asambleístas por el corte de ruta en Gualeguaychú. Hay tres mandatos judiciales de los años 2006/7 que se encuentran plenamente vigentes, donde el juez Gustavo Pimentel disponía que Gendarmería debía cumplir con la orden judicial. El entonces ministro del Interior Aníbal Fernández lo había impedido porque consideraba que era el gobierno el que tomaba la decisión sobre este asunto. Hace quince días atrás, Cristina Fernández dijo que no avala el bloqueo de la ruta, pero que no estaba en condiciones de actuar porque "le corresponde sólo a la Justicia hacerlo". Las contradicciones son claras. Fue Néstor Kirchner quien capitalizó el reclamo entrerriano para que se relocalizaran las plantas papeleras. Hizo del tema "causa nacional" y avaló los múltiples cortes fronterizos. Este aval fue una provocación para el gobierno uruguayo, tal es así que Tabaré Vázquez negó el apoyo a Kirchner para que asumiera la secretaría general de la Unasur. Tras asumir en el gobierno uruguayo, José Mujica, tras varias reuniones entre los presidentes de ambos países, se decidió por parte de Uruguay que la única forma en que apoyaría la candidatura de Kirchner a la secretaría de Unasur era que el gobierno interviniera para levantar los bloqueos. Las contradicciones a la larga se pagan. No se olviden de los apoyos que en su momento brindaron a la protesta varios ministros, funcionarios y gobernadores. Aclaro que no estoy de acuerdo con los piquetes oficialistas ni opositores, acá de lo que se trata es de defender los ecosistemas. Toda esta cronología de hechos nos revela que la causa de los asambleístas de Gualeguaychú, que era la defensa del medio ambiente, ha sido traicionada.
