Una pequeña pieza de un revólver secuestrado a un ladrón tras el robo a una
agencia de loterías puso en la mira de la Justicia a varios efectivos de la Unidad Regional de San
Lorenzo. Un juez rosarino ordenó una investigación penal contra los uniformados y solicitó a la
provincia que les aplique las sanciones correspondientes tras descubrir que los uniformados le
colocaron al arma un gatillo —hasta entonces inservible— con la intención de agravar la
situación del asaltante detenido en esa causa.
Si no fuera porque la expresión remite a actos de violencia policial con
resultados irreparables, podría decirse que éste fue un claro caso de "gatillo fácil" ya que
consistió en la adulteración de un revólver calibre 22 largo que al ser secuestrado no funcionaba y
luego apareció con un flamante disparador.
La maniobra fue detectada en una causa a cargo del juez de Sentencia Carlos
Carbone. El magistrado condenó a Cristian Alberto Román, de 24 años, a pasar 3 años y 8 meses en
prisión por siete asaltos idénticos cometidos en 2007 en negocios del cordón industrial. En todos
los casos, el muchacho se llevó el dinero de la caja. Pero en el mismo fallo, el juez cuestionó la
actuación de la policía, que en algún tramo de su actuación le añadió al revólver del imputado el
elemento que le faltaba para convertirse en un arma apta para disparar: el gatillo.
Aunque el motivo de ese singular añadido no está del todo claro, se supone que
lo hicieron para complicar la situación procesal de Román. Es que el robo con un arma de fuego rota
tiene una pena mínima de 3 años, que se eleva al doble si la misma tiene capacidad de disparo.
"Se infiere sin ninguna duda que algún personal de la Unidad Regional XVII ha
procedido delictivamente al alterar el estado de ese revólver colocándole un gatillo que no tenía y
para colmo no es el original del arma", remarcó Carbone. Se trata, según el fallo, de un delito
previsto en el artículo 255 del Código Penal. Esa figura prevé una pena de 1 a 4 años de prisión a
quien "sustrajere o alterare objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad
competente".
Por eso remitió copias del expediente al juzgado de Instrucción de San Lorenzo
para que investigue la maniobra y al Ministerio de Gobierno "a fin de que imponga las sanciones
disciplinarias pertinentes, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil de los
funcionarios".
El gatillo invisible. El arma en cuestión es un revólver cromado y con cachas de
madera marca Galand que llevaba Román el 3 de agosto de 2007, cuando fue detenido por efectivos del
Comando Radioeléctrico de San Lorenzo tras el asalto a una rotisería (ver aparte). "La encontré en
Puerto San Martín, al lado de un tejido. Cuando la agarré me equivoqué y empezaron los problemas",
dijo Román a pocos días de su detención respecto del arma, que según el informe técnico practicado
en la Jefatura de San Lorenzo tenía "aptitud para el disparo".
Durante el juicio, el defensor de Román pidió una ampliación de las fotos del
día del arresto. En ellas, advirtió, se observaba que el arma carecía de gatillo. Un nuevo informe
de peritos de balística de la jefatura rosarina constató al ampliar las imágenes que entonces el
arma carecía de gatillo. Pero luego, dictaminó, le fue añadida "una cola de disparo (gatillo) no
original al modelo de la misma".
Carbone concluyó que en este caso el revólver no fue plantado, sino que lo
tunearon (modificaron su aspecto). Ahora quiere saber en qué punto de la cadena se produjo la
adulteración. Desde el procedimiento inicial (no objetado, ya que las fotos de ese día revelaron el
engaño), las actuaciones pasaron por la comisaría 1ª de San Lorenzo hasta desembocar en el primer
informe balístico que cinco días después decretó la utilidad del arma. A esa altura, el arma sin
gatillo ya había sido remendada.
