El criminólogo santafesino Máximo Sozzo no tiene dudas de que, bajo algunas
reivindicaciones que son aceptables, operan franjas autoritarias del Servicio Penitenciario para
torpedear la línea política que les quitó "un poder que construyeron en base al maltrato y el
abuso". Ante el reclamo, analiza, la respuesta oficial debe pasar por el diálogo con los empleados
penitenciarios. "Pero sin renunciar a los lineamientos actuales. En esto no pueden darse señales
timoratas: esta política, contra lo que se está diciendo ahora, es la que ha bajado los niveles de
violencia en las cárceles".
—Los guardias piden más seguridad, hacen reclamos salariales y mejoras de condiciones
laborales. Pero en sectores del gobierno interpretan que hay entablada una pulseada ideológica para
reimplantar la mano dura.
—Los trabajadores penitenciarios tienen derecho a reclamar por sus
derechos. Es algo normal: son empleados públicos como el resto. Lo que ocurre es que lo que se
desencadena a partir del reclamo colectivo por lo ocurrido en Piñero muestra también muy claramente
una exigencia política. Eso se ve en el discurso de los actores y en el petitorio cuando se reclama
restaurar la autoridad del trabajador penitenciario con respecto al preso.
—¿Se puede entrever en este reclamo alguna intencionalidad de reinstalar el tipo de
gestión cerrada que predominó hasta el año 2004 y que estalló en la masacre de Coronda?
—Claramente. Es este reclamo puntual se juega un debate político entre dos
modelos de ejecución penal. Uno tradicional que construye como ideal la cárcel quieta, un lugar
donde no ocurre nada y las personas están encerradas la mayor parte del tiempo en sus celdas o
pabellones, sin actividad laborar ni recreativa, donde reina la preocupación por la seguridad. La
construcción de este modelo requiere altas dosis de ejercicio de la fuerza y produjo, como ya se
vio en Santa Fe, tremendos niveles de violencia y abuso. El gobierno provincial, desde 2008 hacia
adelante, ha tratado de desmantelar ese modelo con un esquema de diálogo, con un lenguaje que resguarda los derechos de los
privados de libertad y abre la prisión a otros actores, en la que se busca reinsertar.
—¿Reaparece entonces la vieja puja entre un sector "aperturista" y otro de "mano
dura"?—No lo dudo. En la radio LT10 de Santa Fe se escuchó decir a un empleado: "Lo que
nosotros queremos es que nos dejen volver a apretar a los presos". Algo así no admite muchas
lecturas. El reclamo encarna la restitución al penitenciario de un tipo de autoridad que se
construye sobre el maltrato y el abuso. Es poder colocar al preso en su lugar en mecanismos que van
desde el encierro usando balas de goma al hostigamiento psícológico y físico.
—
¿Qué relevancia tiene la política penitenciaria actual?
—En primer lugar, el armado de mesas de diálogo entre
penitenciarios, sector político y presos, que crea un mecanismo de resolución de conflictos
internos desde distintas voces. Luego la apertura a los actores externos, uno de ellos la
universidad, que hacen cosas positivas en la prisión. Y en el tema de la violencia hay algo
incontrastable: en lo que va de 2009 hay un solo muerto en un episodio violento, que fue un
incendio, un número extraordinariamente bajo comparado con años anteriores, que demuestra que estos
mecanismos no generan más inseguridad, sino que reducen los conflictos.
—
Hablando con penitenciarios dicen sentir maltrato y que por sobre sus voces se privilegia la de
los presos.
—Existe respeto a la ley. Hay que estar muy atentos de que bajo el
paraguas de un reclamo laboral no se esté construyendo un movimiento de oposición a una política
progresista democrática.
