Se realizan durante estos meses, numerosos procesos electorales en distintas administraciones provinciales y esto, junto al apasionado pretendido oficio de escritor o periodista que nunca pude concretar, me induce a analizar desde la cómoda ventana del apartidismo las cuestiones de nuestra realidad. Como en los venideros meses se producirán recambios de funcionarios en las administraciones comunales, municipales, provinciales o nacionales, dichos cambios de timón implicarán algunas modificaciones de las ordenanzas, leyes, presupuestos, etcétera. Y desde la óptica de un simple observador he venido analizando las conductas de nuestros referentes políticos en los sucesivos gobiernos desde la recuperación de la imperfecta democracia, que toma las tres últimas décadas como las de mayor conflictividad. Cada lapso de vigencia de las campañas da lugar al proceso de arraigados vicios políticos que como hongos después de la lluvia vuelven a presentarse frente al desafío electoral y someten al electorado a nuevas experiencias, siempre con la esperanza del "cambio". Cuando una agrupación política detenta el gobierno de una ciudad o provincia durante demasiado tiempo y tiene que batirse en retirada por una vieja maña de nuestros dirigentes deja enquistados en puntos clave a funcionarios tapones dedicados a dificultar la gestión venidera; firman nombramientos a último momento incrementando la planta de personal o asumen compromisos financieros para que "paguen los otros", como si los que vienen fueran las fuerzas de ocupación de un enemigo al que hay que derrotar. El viejo "poner palos en la rueda" tiene en nuestro país demasiados ejemplos en las últimas décadas, tantos como los de "vamos a investigar hasta las últimas consecuencias" que nunca se investigan y las consecuencias las pagamos los ciudadanos de a pie. El funcionario tapón es el que inventa dificultades en la tarea, traba gestiones por pura desidia, ignora la planificación de las nuevas autoridades y hasta que se detectan sus vicios, usufructúa el cargo sin cumplir sus mínimas obligaciones como funcionario y es "funcional" al objetivo de su fuerza política partidaria. Los más nocivos, son los que quedan en las estructuras de las fuerzas de seguridad, en la justicia, en las empresas de servicios y en las del Ministerio de Educación en las que intentarán seguir siendo cómplices de cuanto personal requiera "favores especiales". Como gran parte de nuestra dirigencia política no puede exponer demasiados atributos personales de idoneidad, responsabilidad, ética, patriotismo o identificación con las mejoras de la calidad de vida a la que aspiran sus conciudadanos a través de su esfuerzo, dedicación o aportes y es causa principal del descrédito al que han llevado "la política", se torna imperativo ralear estos personajes y estos vicios, que llevará mucho tiempo, pero debería ser, junto a la preocupación de los votantes, un objetivo de esta renga democracia. Funcionario, de funcionar, empleado público, dice el diccionario de la Real Academia Española de nuestro idioma. El ser empleado público implica que su carácter de "funcionario" le asigna ineludibles obligaciones muy especiales hacia la comunidad -que pudo incluso haberlo elegido para cumplir determinada función mediante el voto- pero esto no parece ser tenido en cuenta por quienes deberían cumplir con normas de ejemplos de conducta y rendir examen permanente de cada una de sus acciones. El mirar para otro lado frente a un ilícito cometido contra el patrimonio de todos, sea cual fuere su importancia, implica desidia, desconocimiento de sus obligaciones laborales y puede ser considerado complicidad con quien lo comete. ¿No será hora de recordárselo a los funcionarios comunales, municipales, provinciales y nacionales para que modifiquen sus conductas? ¿A la luz de lo que nos pasa, a usted compatriota, no le parece que algo está fallando o algo hicimos mal?
