La Municipalidad debió resolver durante lo que va de 2012 cuatro ocupaciones de terrenos en Nuevo Alberdi, España al 6400, Felipe Moré al 4400 y Avellaneda al 4200 por parte de familias que no pueden resolver el tema de la vivienda por sus propios medios. Las tres primeras fueron desactivadas, pero la cuarta se fue denunciada a la Justicia y se abrió una investigación penal. El tema es complejo y hasta incluyó la toma de un centro Crecer (también desalojado) en pleno mes de enero, por parte de dos mujeres sin hogar y con nueve hijos. Si la estadística se extiende dos años atrás, se suman otros diez casos. En este marco, el municipio y la policía desmantelaron ayer las divisiones y las casillas que decenas de familias hicieron en Uriburu y Circunvalación para impedir que se "sigan perdiendo terrenos públicos". Si bien el panorama no alcanzó los ribetes de Villa Gobernador Gálvez, donde hay 14 predios tomados (ver página 28), genera suma preocupación.
"En realidad, estamos mencionando casos emblemáticos porque siempre hay intervenciones para sacar algunas casillas y eso no toma estado público", explicó el titular de la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana, Luis Baita. Además diferenció las ocupaciones en terrenos públicos con las de los privados, sobre los cuales no hay registro. Hasta el momento, el único sitio judicializado es el del espacio de Avellaneda al 4400, que pertenece a Unión Personal Civil de la Nación, el Sindicato Unico Petrolero, la Municipalidad y particulares (ver aparte).
Sin techo. "No tenemos dónde ir". Fue la frase repetida ayer por hombres y mujeres, rodeados de niños, acopio de cartones y basura diseminada. La presencia de los móviles municipales y policiales los puso en guardia y en las calles sinuosas y desparejas salieron a defender el techo que levantaron contra viento y marea. "Se va a pudrir todo", dijo Marcelo en el predio que forma ángulo con la colectora de la Circunvalación a unos 300 metros de Uriburu y a otros 200 del asentamiento Vía Honda.
"Los vecinos denunciaron que se estaba parcelando y había unas casillas", explicó el director de Control Urbano, David Sánchez, quien dirigió en persona el operativo que terminó con el retiro de las construcciones más que precarias de chapas, cartones y tirantes. El predio en cuestión corre paralelo a un asentamiento que ya lleva algunos años y que creció pegado a la colectora, incluso desafiando el peligro de vivir bajo las torres de alta tensión. "Esto está todo por Tribunales", dijo la gente del lugar a modo de salvoconducto de sus casillas y para diferenciarlas.
La gente del lugar pintó con trazos gruesos el perfil de la zona. "Nos gustaría que también vinieran cuando acá liberan motos robadas o por los tiroteos que se escuchan en la ruta (por la avenida de Circunvalación)", reclamaron los habitantes del predio donde actuaron los uniformados. Aunque, no opusieron resistencia al desmantelamiento de las casillas, que no estaban habitadas.
"Esa es la metodología, levantan casillas, las dejan unos días hasta ocuparlas y así van avanzando", relató Sánchez quien el día anterior debió abortar un operativo similar y en la misma zona. Sin embargo, en esa oportunidad "volaron varios piedrazos", dijo. Eso hizo que la intervención se repitiera ayer con el apoyo del Cuerpo Guardia Infantería (CGI) y mayor cantidad de personal. Desde la vereda de enfrente, un grupo del lugar seguía los hechos cuando de pronto llegó un joven matrimonio con una beba. "¡Nos llevaron el sillón!", dijeron para referirse a un viejo mobiliario entre las chapas. Ese dato sumó a la complejidad de la trama social que desnudan los terrenos ocupados.
Carro
En medio del operativo en Uriburu y Circunvalación para desalojar un terreno ocupado, Neris Taborda, jefe de una familia de seis niños que habita una de las casillas cuestionadas, dejó caer una frase que ayuda a dimensionar el problema: “Es todo lo que pudimos hacer, nos cuesta mucho andar arriba de un carro”.
