Es como en las presentaciones de ciertos músicos populares: el público se acomoda sabiendo
cuáles serán las canciones, cómo se cantarán y con cuáles cerrará el show. De modo parecido,
periódicamente aparecen denuncias sobre ilícitos económicos policiales, a lo que siguen acciones de
la Justicia y causas que van a dar al archivo.
Pero en un plano distinto del musical los repertorios repetidos crean
escepticismo y desacreditan a las instituciones. En medio del relato sobre causas que nacen y
mueren sin novedades, una amplia franja de público, nada más que por vivir aquí y ahora, está al
tanto de que hay oficiales que ostentan bienes cuyo origen es difícil explicar por sus ingresos
como funcionarios medios. Ante eso, hasta ahora, no apareció nunca en un fallo un planteo de un
solo caso que revelara que prosperidad a menudo tan visible haya tenido origen non sancto.
El caso del comisario Aldo Monzón repone esta cíclica discusión, aunque
su nombre debe ser preservado. Así tengamos la denuncia de una jueza, no hay evidencia, hasta
ahora, de lo que le atribuyeron. No es cuestión de sensaciones ni de simpatías hacia éste o aquél,
sino de hechos acreditados. Sin pruebas en contra, en un proceso legal nadie es culpable de nada.
Apartemos, entonces, a Monzón de esto. Aún así hay acciones económicas
ilícitas de policías y patrimonios que crecen.
Hay una acción clave para desalentar la corrupción: el control
administrativo del enriquecimiento ilícito. Hacerlo es arduo y demanda mucha gente. Un decreto
provincial de enero de 2004 impuso a todos los policías santafesinos presentar su declaración
jurada de bienes. Se les reclamó entonces entregar a la Escribanía Mayor de la provincia el detalle
de sus posesiones muebles e inmuebles, alhajas, cuentas bancarias, sociedades y emprendimientos. La
mayoría de los policías, está claro, están lejos de tener algo de eso. Pero otros sí tienen.
La cuestión es que vigilar que no crezca ilícitamente el patrimonio
hasta cuarto grado de parentesco, como se ideó para limitar las trampas con prestanombres, implica
contar con un ejército de personal civil, que no existe, puesto a controlar. Y no controlar implica
alimentar la apatía de quienes ven perdurar las cosas como están. ¿Cómo salir del embrollo? La
respuesta está primordialmente en los tres poderes del gobierno provincial. Y en las instancias
civiles que quieran ayudar con ideas para evitar que con el desprestigio institucional nos hundamos
todos.
