“El 70% del petróleo sigue en manos de multinacionales extranjeras como Petrobras, Chevron, Panamerican Energy, Total. Si queremos recuperar la soberanía energética deberíamos estatizar, recuperar esos recursos”, afirmó José Rigane, secretario adjunto de la CTA y secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (Fetera), en el marco de la charla “YPF: crisis energética y soberanía popular”, realizada en la sede local de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Para el dirigente, el Estado “debe dejar de ser el socio bobo de las multinacionales, para convertirse en un Estado verdaderamente nacional”, que intervenga en el modelo energético y que desarrolle las iniciativas políticas y planificaciones necesarias para que la energía esté al servicio de las necesidades de los argentinos.
Si bien el gremialista considera “positiva” la medida adoptada por el gobierno nacional en lo que respecta a la expropiación del 51% de las acciones que Repsol tenía en YPF, considera que, con eso, no alcanza. “El modelo que tenemos está basado en la privatización y en la extranjerización. Los recursos energéticos de la Argentina están en un 95% en manos de multinacionales. Si queremos salir de esta situación de falta de recursos, de importar gas, energía, hay que modificar el modelo energético. La energía no es una mercancía ni un commoditie, sino un derecho”, definió el segundo de la CTA Nacional encabezada por Pablo Micheli.
Rigane, quien es trabajador de Luz y Fuerza de Mar del Plata y constituyó la Fetera, apuntó los números de la extranjerización energética. La Argentina gozaba de reservas por 33 años de gas natural, las multinacionales realizaron más de 10 gasoductos que lo sacaban hacia Chile, Uruguay y Brasil. No obstante, los 14 millones de argentinos que no tienen gas “siguen comprando garrafas cuyo costo es 5 veces más que el metro cúbico de gas natural”, dijo y subrayó que la apuesta debe ser recuperar los recursos energéticos e instaurar el concepto de energía como bien estratégico, social y derecho humano al que todo ciudadano debe poder acceder, “o esta crisis seguirá profundizándose”.
Un elemento central para modificar, además del marco regulatorio del sector, es la política de costos. “El barril en su extracción cuesta de 6 a 12 dólares. Sin embargo, la destilería bajaban a 50 y 60 dólares y se terminaba ganando 6 ó 7 veces más sobre el valor de costo. Y si hablamos de gas, estamos pagando un impuesto por importación, precisamente los usuarios, a empresas multinacionales que además tienen los subsidios que tienen”, se quejó el dirigente.
La decisión de expropiarle a la firma española su mayoría accionaria en YPF, fue enmarcada como un acto político de soberanía sobre los propios recursos. No obstante, desde la CTA, si bien valoran el paso, consideran que lo que impulsó la decisión fue el problema de caja: el déficit de la balanza comercial que generaba la importación de recursos energéticos era insostenible. En este sentido, destacó la necesidad de tener políticas estatales en la materia como los demás países latinoamericanos.
EL NEGOCIO DE LOS PALIATIVOS. En el marco de la llamada crisis energética, “se hace necesaria la aplicación de determinados métodos para garantizar la provisión”, dijo y recordó que los motogeneradores son equipamientos pequeños que utilizan gas natural, o diesel o gas oil”. En Argentina hay alrededor de 150 y conllevan un consumo de 500 litros de diesel por hora. Además, apuntó el referente sindical, “hacen ruido, son contaminantes, generan vibraciones y son tremendamente caros: hasta hace muy poco desde la Secretaría de Energía de la Nación se reconocía que costaba entre 72 y 80 dólares el megavatio. Canon que se le abona a empresas que también son internacionales”, dijo.
Más allá de la reivindicación soberana sobre los recursos naturales, es necesario en la profundización de este debate plantear los mecanismos para garantizar que, “aún siendo propiedad del Estado, cualquier empresa sirva a los intereses de las mayorías y no sea utilizada como en épocas pasadas para tomar deudas y desviar fondos”. En este sentido, Rigane consideró que los puntos centrales para que esto no se repita son que “tiene que ser una empresa 100% estatal y federal”. Por otro lado, “necesitamos un Estado verdaderamente nacional”. Además, “tiene que tener una conducción de carácter socializado, con representantes de los derechos del usuario, medioambiental, los trabajadores y el Estado”.
“Queremos ir hacia el futuro con una empresa del Estado, con un Estado sólido, inteligente, para resolver las problemáticas argentinas”, sentenció.
