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El juez rechazó que el Estado debiera indemnizar por este caso

Miércoles 01 de Abril de 2009

Además de reclamar una indemnización a los dos imputados, los abogados de la familia de Carlos Fabio habían demandado al municipio y la provincia como responsables "por su inacción en lo referente a la seguridad", porque no estuvo presente personal de seguridad "ni antes, ni durante, ni después del hecho". Reclamaban, en total, 1.166.200 pesos.

El juez Antonio Ramos rechazó el planteo por dos motivos. Uno, técnico: no se tramitó el reclamo administrativo previo. Otro, conceptual: las críticas a la cuestión de la seguridad, dijo, "no habilitan a generar reclamos al Estado en orden a su responsabilidad".

La reparación civil, para el juez, es una obligación que recae sobre personas jurídicas cuando el daño es causado por quienes las dirigen o integran. No es lo que ocurrió aquí: "Los autores materiales del delito no tienen vínculo con el Estado provincial". Citó jurisprudencia de la Corte nacional, según la cual sería absurdo responsabilizar al Estado por "cualquier delito extraño a su intervención directa y competencia".

En definitiva, condenó sólo a los dos imputados a pagar 528 mil pesos a la esposa de Fabio en concepto de daño moral (22.500), material por lucro cesante (300.000) y de gastos sepelio (3.000).

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