El alto tribunal apura la condena a represores

La Corte Suprema coordinará con los poderes Ejecutivo y Legislativo la integración de "un grupo de trabajo" para evitar la mora en las causas de delitos de lesa humanidad.

La decisión surgió tras la reunión mantenida ayer por el titular del alto tribunal, Ricardo Lorenzetti, con organismos defensores de los derechos humanos (entre otros, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo), que le manifestaron su preocupación por la demora en la realización de juicios a represores.

Además, se informó que el secretario letrado penal de la Corte, José Luis Mandalunis, fue designado titular de la Unidad de Superintendencia, cuya función será relevar para el alto tribunal el estado de las causas por delito de lesa humanidad.

La Corte dictó en diciembre último una acordada creando la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad luego de que una fallo de Casación liberó a una veintena de represores, incluyendo a Alfredo Astiz y Jorge Tigre Acosta.

Fuentes judiciales señalaron que la Corte propondría al Ejecutivo y al Legislativo integrar un grupo de trabajo coordinado, con la participación de representantes de los tres poderes del Estado. Esa labor permitiría que cada uno aportara lo que le corresponde, en cuanto a resolver los problemas de falta de jueces, infraestructura, subrogancias, entre otros obstáculos que impiden que los juicios por delitos de lesa humanidad se realicen con la celeridad reclamada.