El abogado de Esteban Alvarado admitió mediante un procedimiento abreviado haber sido parte de la asociación ilícita que le atribuyen liderar al empresario sindicado como narco. En un acuerdo homologado por la jueza de primera instancia Hebe Marcogliese, Claudio Tavella asumió su responsabilidad en siete hechos por los cuales había sido imputado de diversos delitos desde que fuera detenido en noviembre del año pasado. En ese sentido, el abogado acordó una pena de tres años de prisión y el pago de una multa de alrededor de 44 millones de pesos que podrá cancelar en un año y medio, calculada sobre la base de una operación de lavado de activos que realizara al comprar un campo en la zona de Coronel Bogado.
Según el acuerdo entre la fiscalía y la defensa, la pena incluye además tres años de inhabilitación especial para ejercer su profesión, así como el decomiso del mencionado campo y de un Jeep Renegade Sport. Fuentes judiciales indicaron que por el tiempo que Tavella ya pasó en prisión, merced a este acuerdo ya puede salir en libertad condicional.
Pero más allá de la condena y sus términos, lo que queda reforzado de cara a un juicio oral es la teoría de la fiscalía sobre la asociación ilícita atribuida a Alvarado, consistente en una trama de empresas mediante las cuales blanqueaba y financiaba sus actividades como narcotraficante.
Tavella admitió mediante este acuerdo la autoría de una vasta serie de delitos: miembro de asociación ilícita en concurso real con cohecho activo, encubrimiento agravado, falsedad ideológica de documento público y dos hechos de uso de instrumento público falso, todos en concurso real y en concurso ideal con blanqueo de activos de origen ilícito y uso de certificado falso para circular en vehículo automotor.
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Esos delitos que los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos le achacaron a Tavella fueron cometidos en siete hechos descriptos en el acuerdo.
El primero data del 3 de agosto de 2012 cuando Alvarado lo llamó para que averiguara por qué había personal de Gendarmería en la puerta de su casa del country San Marino de Funes. Luego Alvarado volvió a llamarlo para decirle que le preguntara a los efectivos si podían poner en el acta que no lo habían encontrado y que él se presentaría en el Tribunal. “Decile que te haga el favor, que lo vamos a compensar”, le dijo Alvarado a su abogado, quien acató la orden que finalmente no tuvo éxito. “Me dice que no, que es imposible eso”, le comunicó luego Tavella a su cliente.
El segundo hecho imputado a Tavella, ocurrido el 15 de agosto de 2014, fue haber gestionado a pedido de Jorge Benegas (uno de los organizadores de la asociación ilícita) el ingreso al Hospital Clemente Alvarez de Jorge Laferrara bajo una identidad falsa. Este hombre, padre de uno de los sindicados como sicarios de Alvarado, había sido baleado y se encontraba con pedido de captura por lo cual su ingreso al hospital podría acarrear su detención. En este caso le achacaron al abogado haber ofrecido dinero a policías y personal del hospital para concretar el ingreso de esa forma.
El tercer episodio ocurrió durante 2012 cuando, según los fiscales, redactó a pedido de Alvarado un boleto de compraventa para transferir una casa en Misiones al 800 de Roldán, contra la voluntad de su dueño, a otro miembro de la asociación ilícita. El dueño de esa vivienda era Rodrigo Ortigala, quien se convirtió en uno de los principales testigos contra Alvarado.
Otro hecho cuya autoría admitió Tavella ocurrió el 29 de noviembre de 2018 cuando personal de Prefectura y del Organismo de Investigaciones allanaban la vivienda de Alvarado en el country San Marino y el abogado le ofreció al policía Pablo Báncora, quien luego sería condenado a un año pero por otros motivos vinculados a esta investigación, la suma de un millón de pesos para omitir detalles en el acta del allanamiento.
Datos plantados
El quinto episodio por el cual Tavella fue imputado ocurrió el 7 de mayo del año pasado cuando llamó a uno de los fiscales que lo terminaría acusando, Luis Schiappa Pietra, y le consultó por unos teléfonos celulares que habían sido secuestrados en un procedimiento. Luego fue a la oficina de la fiscalía y sugirió, sin dar detalles, que en esos aparatos podría haber mensajes que podrían desincriminar a su cliente Alvarado.
Sin embargo los investigadores advirtieron que esos teléfonos habían sido “plantados” por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) en un allanamiento para poner pistas falsas que desviaran la pesquisa del crimen del prestamista Lucio Maldonado, por el cual Alvarado está imputado como instigador. Por este hecho ya aceptó su condena el ex PDI David Marcelo Rey, uno de los cuatro policías (los otros tres son Pablo Báncora, Cristian “Chamuyo” Difranco y Luis Quevertoque) que admitieron en procedimientos abreviados haber trabajado para la organización.
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Estos cinco hechos fueron la base de las imputaciones por las cuales Tavella quedó con prisión preventiva desde que fuera detenido el noviembre de 2019. Pero no terminarían allí las acusaciones contra el abogado.
El campito
Cuando ya llevaba cinco meses tras las rejas, en abril de este año Tavella recibió una nueva imputación, en este caso por lavado de activos. Según reconstruyeron los fiscales Schiappa Pietra, Matías Edery y Gisela Paolicelli, el 20 de agosto de 2014 un hombre sin la solvencia económica suficiente compró en 950 mil pesos un campo de diez hectáreas en Coronel Bogado que luego vendió a Tavella a cambio de 1.900.000 pesos.
Sin embargo, afirmaron los fiscales, al momento de la operación ese lote valía casi cinco millones y medio de pesos. Como Tavella tampoco tenía capacidad financiera declarada para una operación así, acusaron al abogado de haber simulado la compra a sabiendas de la procedencia ilícita del dinero con el cual fue adquirido y para ocultar que el verdadero dueño era Alvarado.
Tavella se defendió de esa acusación alegando que había comprado ese campo con dinero obtenido por su trabajo como penalista, pero admitió que esa labor implicaba no poder facturar todos sus ingresos habida cuenta de los problemas que sus clientes suelen tener para pagar en blanco. Más allá de que el argumento pudo haber sido recibido como una suerte de confesión, finalmente Tavella admitió en el acuerdo firmado su participación en la maniobra.
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Este hecho fue lo que determinó la abultada multa que el abogado acordó pagar como parte de su condena: “dos veces el valor de la operación de lavado imputada, estimada en algo más de 720 mil unidades de valor adquisitivo”, que a valores de hoy redondean algo más de 44 millones de pesos. Según el acuerdo Tavella tiene 18 meses de plazo para pagarla. Pero además, como parte de la pena acordada, ese terreno será decomisado al igual un Jeep Renegade Sport de cinco puertas.
Y el Jeep también
El decomiso de este vehículo tiene que ver con el séptimo hecho por el cual Tavella fue imputado y aceptó su culpa. Es que en el interior del Jeep se secuestró, durante el allanamiento a la casa del abogado cuando quedó detenido el 21 de noviembre de 2019, un certificado trucho para circular. El falso documento estaba impreso en cartulina blanca con el título “Certificación de firmas o de impresiones digitales” acompañado de un sticker que decía “Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe” y era parte de una documentación que pretendía autorizar al abogado a utilizar ese vehículo.
Cuando se analizó la documental se constató que los certificados no eran auténticos ni habían sido rubricado por la escribana cuya firma se exhibía en la credencial. Por ello se le agregó al pack de delitos el de uso de certificado falso para circular.
Los fiscales fundamentaron el pedido de pena teniendo en cuenta el tiempo durante el cual Tavella desplegó la actividad criminal y la “violación de los deberes legales asumidos voluntariamente en el ejercicio de su profesión de abogado, así como la inexistencia de motivos de subsistencia que puedan justificar sus acciones”. Por ello pidieron su inhabilitación como abogado, ya que los primeros cinco hechos atribuidos “fueron cometidos haciendo un uso ilegítimo de su profesión”.
