Acusan por lavado de dinero al abogado de Alvarado y prorrogan su prisión

Claudio Tavella, el abogado histórico de Esteban Alvarado que se encuentra en prisión hace cinco meses, recibió ayer una nueva imputación. Los fiscales que lo habían acusado entonces por integrar la asociación ilícita que lidera su cliente ahora le atribuyeron un acto de lavado de dinero de Alvarado. Señalaron que puso a su nombre un campo en la zona rural de Coronel Bogado con la intención deliberada de ocultar al verdadero dueño, a sabiendas de que el origen de esos fondos era ilícito.

Tavella se defendió de la acusación señalando que compró ese campo con dinero que había cobrado por su actividad como penalista, aunque dejó un argumento al respecto del cual los fiscales tomaron nota casi como una confesión a favor. Al final de la audiencia la jueza María Melania Carrara resolvió prorrogar la prisión preventiva del abogado hasta la audiencia preliminar de juicio que, se estima, tendrá lugar en unos tres meses.

El profesional está en prisión preventiva en la cárcel de Piñero desde el pasado 23 de noviembre, cuando los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra le imputaron haber usado su título de abogado para acceder a información, manipular bienes y recursos para beneficio de la banda. Lo que hizo, según los fiscales, no fue prestar un servicio para ejercer la defensa de un acusado sino para asegurar la continuidad de las actividades del grupo criminal de Alvarado.

El campo de Bogado

En esa línea ayer le adjudicaron un delito nuevo. Los fiscales señalaron que el 20 de agosto de 2014 un hombre llamado Ricardo Covella adquirió un campo de diez hectáreas en Coronel Bogado por el que pagó 950 mil pesos en efectivo. Covella, según los fiscales, no tenía capacidad económica para comprar ese inmueble.

Ese campo, Covella se lo vendió a Tavella el 16 de junio de 2016 por 1.900.000 pesos pagaderos con una entrega y el resto en 60 cuotas. La Fiscalía señala que el valor fiscal de ese lote era de 5.443.262 pesos al momento de la transacción, por lo que la suma pagada fue una simulación y un monto vil que nada tenía que ver con su valor de mercado. También se remarcó que por entonces el abogado estaba en problemas con el perfil fiscal y era calificado por la Afip como contribuyente de muy alto riesgo.

En definitiva los fiscales dijeron que ni Covella ni Tavella tuvieron capacidad económica y financiera para comprar ese campo. Los familiares de Covella dijeron que nunca este hombre tuvo ese inmueble. La acusación agrega que quien le vendió a Covella fue un hombre llamado Jorge Bertelli, que tenía relación con Alvarado desde 2012. Y que la prueba de que ese campo tenía conexión con Alvarado es que ya en 2016 era usufructuado por personas de su entorno. Quien lo reveló fue César Daniel B., un hombre que durante ese año había hecho reparaciones de autos en ese campo. Este hombre es cuñado de Jorge Benegas, quien está imputado como organizador de empresas en la asociación ilícita de Alvarado.

El descargo del abogado

En su descargo Tavella sostuvo que tener incapacidad con su perfil fiscal no implicaba insolvencia. Adujo haber trabajado mucho tiempo como defensor particular, lo que le generaba dinero, pero aceptó tener un problema que, afirmó, afectaba a todos los penalistas. Sostuvo que como a veces sus clientes no acreditan los fondos podía cobrar pero no podía emitir la facturación formal ante la Afip. Dijo que no había ninguna simulación. Que el campo que compró es suyo y que están las constancias de pago en la escritura. Algunos pagos, por ejemplo, provenientes de la venta de una camioneta Toyota Hilux y de un crédito hipotecario.

"Yo no trabajo gratis. Se puede comprobar la cantidad de casos que tengo en el fuero provincial y federal. El campo lo compré yo, lo utiliza mi familia y no tiene vinculación con lavado de nada. ¿Podemos hablar de evasión? Tal vez sí. Pero por la dificultad que tenemos los penalistas de facturar los trabajos que hacemos", estableció Tavella.

La jueza Carrara aceptó la nueva imputación que se agregó a usufructuar ilegalmente el título para favorecer a la asociación ilícita. De esta manera, ya son tres camaristas los que avalaron la prisión preventiva de Tavella.

El descargo del abogado

Los fiscales recordaron que el grupo liderado por Alvarado intentó evadir la acción de la Justicia. Aludieron a un párrafo de un fallo de la camarista Carina Lurati que había confirmado anteayer la prisión preventiva de Tavella. Lo que dijo allí Lurati es que tres personas que declararon contra Alvarado tuvieron represalias graves.

Una es Mariana Ortigala, hermana de un testigo de la causa, que hace un mes fue blanco de un ataque con 27 disparos, de los cuales cuatro la hirieron. El otro fue Nicolás Ocampo, el primero que aceptó condena a tres años de prisión efectiva, quien recibió siete impactos en la puerta de su casa. Ocampo fue el primero que reconoció la existencia de la asociación ilícita y lo admitió al firmar el juicio abreviado que le impuso sentencia, dijo Edery. El último fue Leandro Suárez, que tiene un negocio de venta de automotores, comercio que fue objeto de seis balazos. El fiscal señaló que Suárez estaba en trámite para un juicio abreviado y que ante el atentado solicitó a la jueza Silvia Castelli salir de la provincia ante el temor de que algo así se reitere.

Frente a lo que señaló el fiscal Edery en audiencia, el abogado Ignacio Carbone indicó que su cliente, Leandro Suarez, “nunca ha declarado en contra de Esteban Alvarado, que nunca ha recibido ningún tipo de agresión ni represalia de esa persona. Que actualmente no tiene un negocio de venta de automotores. Que no es cierto que haya firmado ni aceptado un procedimiento abreviado, ni siquiera ha sido ofrecido por parte de la fiscalía. Que no ha recibido un atentado de parte de Alvarado, al que solo lo une una relación de amistad de varios años”.

"Personas que están implicadas en la investigación y van a declarar son atacadas a tiros. Los defensores dirán que Tavella no participó de hechos así. Lo que decimos es que la organización puede hacer hechos así y personas que la integran lo pueden hacer. No es peligrosidad procesal de testigos en abstracto. Estos hechos fueron tomados muy en cuenta por la camarista Lurati", dijo el fiscal Edery.