Detienen a tres policías por exigir 5 mil pesos a la madre de un chico

Tres policías de la subcomisaría 22ª de Rosario fueron detenidos y acusados de tentativa de extorsión luego de exigirle a una mujer el pago de 5.000 pesos a bajo la amenaza de que, si no lo hacía, trasladarían a su hijo que estaba demorado al Instituto para la Recuperación del Adolescente (Irar). Si bien la jueza de Menores en turno ya había ordenado que restituyeran al chico a sus padres, desde la seccional del barrio Santa Lucía orquestaron la maniobra de chantaje.

La situación fue denunciada por la madre del menor y así se montó, en pocas horas, un sigiloso operativo de entrega controlada del dinero que compromete a los uniformados en cuestión, quienes fueron pasados a disponibilidad mientras se aclara lo ocurrido. Se trata del oficial Juan C. (superior de servicio), la sargento Mariana T. y el agente Carlos C.

Reiteradas. Con cerca de veinte legajos abiertos por denuncias de vecinos que vienen manifestando reiteradas situaciones irregulares en jurisdicción de la subcomisaría de Donado y Forest (ver aparte), el pasado fin de semana las presunciones dieron paso a un hecho concreto de chantaje, debidamente comprobado y registrado por las autoridades policiales y judiciales.

En virtud de los canales de comunicación abiertos oportunamente entre los vecinos del barrio Santa Lucía y la Fiscalía Regional, una mujer denunció el domingo a la tarde que momentos antes personal de la subcomisaría 22ª le había solicitado 5.000 pesos para dejar en libertad a su hijo de 16 años, que había sido demorado ese mismo día por portación de armas. Según la denuncia de la mujer, los uniformados la habían presionado diciéndole que si no entregaba el dinero su hijo sería trasladado al Irar.

La conducta extorsiva de los policías acusados adquiere mayor significación teniendo en cuenta que, según fuentes de la pesquisa, cerca de las 22 habían recibido órdenes precisas de la jueza de Menores en turno, Carolina Hernández, de dejar al adolescente en libertad previa constatación de su domicilio y notificación a los progenitores.

Dos horas antes, el fiscal Fernando Dalmau había tomado conocimiento de la denuncia luego de hablar directamente con la mujer, quien además le advirtió que otra persona del barrio había pasado por la misma situación. De inmediato el funcionario judicial notificó al delegado de Asuntos Internos, Aníbal Candia, para que comisionara personal al domicilio de la víctima con el objetivo realizar una "entrega controlada" y así dejar constancia de la maniobra.

"Con una celeridad importante por tratarse de un domingo a la noche, el personal policial movilizó equipos de comunicación y audio. Cerca de las 23 lograron establecer que desde la misma comisaría se habían comunicado con la mamá del chico para decirle que fueran a retirarlo con el DNI. En esa charla la mujer les preguntó respecto de la plata, ante lo cual le contestaron que debía llevarla", relató Dalmau a este diario.

Con el encuentro pautado, se procedió a marcar y sacar fotocopias del dinero que sería destinado al pago, y a elaborar la planilla con su numeración. Así, antes de la medianoche la mujer se presentó en la subcomisaría ataviada con equipos de audio y video ocultos, a través de los cuales los investigadores hicieron el monitoreo on line de la conversación entre la víctima y uno de los policías acusados.

Apenas se concretó el pago, Asuntos Internos irrumpió en la dependencia policial y puso al descubierto el chantaje. "Al ingresar a la comisaría se encontraron con una cantidad similar de dinero, pero no era el marcado, lo cual nos refuerza la hipótesis de que se consumó otra extorsión anterior. Tras una requisa con testigos, el dinero fue localizado dentro de un tacho de residuos, donde el policía intentó ocultarlo", amplió el fiscal.

En análisis. El funcionario calificó el procedimiento como "altamente exitoso; hay que destacar el profesionalismo de Asuntos Internos porque montaron un operativo en muy poco tiempo y es meritorio. Estamos analizando los elementos para ver las responsabilidades, que tal vez no sean idénticas para los tres empleados. Se ordenó su detención por 24 horas, pero tenemos la facultad de prorrogarla por 24 más, así que probablemente por la complejidad del caso hagamos uso de esa facultad para realizar la audiencia imputativa" que, en principio, estaba prevista para hoy.

Sobre el delito achacado, Dalmau lo calificó como "extorsión en grado de tentativa", mientras que también se investiga si la extorsión previa fue consumada como agravante de la situación. "Es probable que en los dos hechos haya participado por lo menos uno de los tres policías, pero hay que investigar tanto la extorsión como el hecho que lo motivó. Está todo en análisis", dijo el representante del Ministerio Público.

La situación más comprometida es la del oficial de servicio. Mientras que, según Dalmau, el jefe de la dependencia no estaba en ese momento, por lo cual no se le puede atribuir responsabilidad.

Desviaciones. "Esto no hay que tomarlo como algo orgánico, sino como determinadas desviaciones de funcionarios policiales que no van a ser toleradas por la fiscalía. La conflictividad social de este barrio es muy alta. En ese marco solicité a las autoridades que comisionen más personal policial para compensar la pérdida de tres efectivos en la subcomisaría. Tal vez con la llegada de gente nueva se pueda oxigenar un poco la situación y se corten los vínculos, si es que los había, entre determinados personajes del barrio y la seccional", analizó el fiscal sobre el complejo panorama de Santa Lucía.

Ni una sola palabra

“Inmediatamente se activaron los mecanismos, se pautó la entrega del dinero y los oficiales cayeron en la trampa”, valoró ayer el secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad provincial, Ignacio Del Vecchio, y destacó que la denuncia se hizo a las 18 y a las 23 los policías ya estaban detenidos. “Fuimos a la comisaría —añadió— con cámaras ocultas y al momento de ser sorprendidos, ninguno de los presuntos extorsionadores pronunció una sola palabra”.