En este diario, en Reflexiones se publicaron sucesivamente notas contrapuestas del rector del Sagrado Corazón (Gustavo Di Mónaco) y del dirigente de Sadop, Martín Lucero, atinentes al proyecto de ley de penalizar con disminución de subsidios a los colegios que despidan docentes sin acreditación de causa. La nota del gremialista no refuta ni siquiera lo intenta las razones jurídicas (inconstitucionalidad, ilegalidad) que esgrime Di Mónaco lo cual demuestra que son incontrarrestables. En cambio se va por las ramas o recurre a generalizaciones, confusiones y simples creencias y opiniones. Para el sindicalista despido incausado es sinónimo de despido arbitrario o injusto, lo cual no siempre es así ya que muchas veces el empleador tiene razones para despedir, pero éstas no son aceptadas por la legislación o bien las causas legales existen pero no pueden ser probadas o incluso por diversas razones conviene cortar el vínculo laboral sin más trámite. En cualquier orquesta un músico que desafine, que no se ajuste a la batuta del director debe ser apartado. En cualquier equipo quien desentone con el mismo o no acate las instrucciones de su entrenador debe ser excluido. Análogamente, en los colegios privados, los padres ejercitando su derecho a elegir el tipo de educación que anhelan para sus hijos lo confiaron a determinado colegio cuyo propietario y directivos honrando sus compromisos con los padres y ejercitando sus derechos empresarial y a enseñar seleccionan, dirigen y controlan a los docentes y llegado el caso despiden a quienes no armonizan con esa comunidad de objetivos. Entonces toda disposición tendiente a obstaculizar, mediante su encarecimiento al legítimo ejercicio de esos derechos de elección, dirección y decisión atenta contra los referidos derechos de los padres y los colegios. Además, la amenaza o coacción del retiro de subsidios del cuestionado proyecto legal es hipócrita e incoherente con la supuesta defensa al empleo del docente afectado, ya que de materializarse no redundaría en beneficio directo del docente despedido sino de las arcas estatales, que se nutren con los impuestos que paga la población, inclusive los padres del colegio en cuestión que serían afectados por esa disminución de aportes ya que inexorablemente redundaría o bien en incremento de las cuotas pagas o en menor calidad de servicios educativos. Otra cosa es una indemnización razonable a un docente despedido sin acreditación de legítima causa, sistema que ya está.
Destaco que opino como ciudadano, como padre, como abogado y como ex docente.
