El titular de la ONG Casa María Pueblo, Darío Witt, aseguró que en la ciudad bonaerense de La Plata los primeros juzgados contra la violencia "fueron pensados y activados para 30 a 50 resoluciones mensuales de restricciones perimetrales", pero "la realidad dice que tienen más de 500 causas y no dan abasto".
"No existe ni siquiera la cantidad suficiente de fuerzas de seguridad para poder garantizar semejante cantidad de medidas de protección para que el victimario no se acerque a su víctima, por lo que, según nuestro critero, hay que empezar a abordar medidas integrales", dijo Witt en declaraciones a Télam.
Ante "tanta imposibilidad de controles para que las restricciones sirvan y se cumplan" propuso que "deberían ir presos los que las incumplan". "Si convocás a hacer denuncias por violencia familiar, Susana Gómez (la mujer que quedó ciega en La Plata por los golpes que le dio su marido, condenado el mes pasado) hizo 14 denuncias penales más otras civiles, pero la dejó ciega cuando se la notificó de una de estas medidas protectoras y el golpeador se enteró", señaló.
El jueves último María Karina Flamenco, su marido y sus seis hijos murieron en el incendio intencional de su casa, en el partido bonaerense de Merlo. Ella había presentado siete denuncias contra su ex pareja, Cristian Méndez, a quien detuvieron e investigan para determinar su responsabilidad.
Witt sostuvo que la violencia de género demanda "respuestas integrales. Hay que tener un lugar, un teléfono donde se pueda llamar las 24 horas y refugios, porque Susana llegó viva al juicio oral y esa fue la novedad, porque generalmente las víctimas llegan muertas".
Las víctimas, advirtió, "tienen que estar preparadas para atajarse de lo que se va a venir cuando el violento se notifica" de que se le ha impuesto una restricción de acercarse a su ex mujer.
"En los primeros 60 a 180 días del corte del vínculo violento en muchos hombres se produce una depresión en la que se cae el modelo machista estructural, hay pérdida de sentido de la realidad y un estado de depresión, en la que pierde todo sentido de la vida", detalló.
Esos "son los casos prefemicidas, pero a esas situaciones no se les da la entidad necesaria. Ni la Justicia ni las fuerzas de seguridad las conocen", indicó el dirigente.
"Debería haber más interacción entre la Justicia civil y penal para que se tome en cuenta si hubieron violaciones a las restricciones, sentencias en contra y demás. Si no, todo va al cajón. El caso de Susana es sólo testigo", manifestó.
Las fuerzas que atienden los casos de violencia familiar, dijo, "deben capacitarse en la escucha de las mujeres y nunca tomar como algo menor cuando la víctima cuenta «me dijo que me va a matar», porque después viene la consternación cuando ya está muerta".
"Acá hay una lavada de manos general porque culturalmente sigue siendo tomada esta temática como una cuestión no reconocida como un problema social a resolver, y se toma como un tema del ámbito privado", comentó.
El director de la Casa María Pueblo estimó que "habría que cambiar el Código Procesal Penal para que quien viola la restricción sea detenido preventivamente y se le haga un tratamiento compulsivo" y planteó que la currícula de todas las escuelas incluyan "temas de violencia de género y familiar".
Por Lucas Vitantonio
