Personal de la Guardia Urbana Municipal (GUM) y agentes de la policía provincial clausuraron ayer un inmueble ubicado en pleno barrio Pichincha (Jujuy 3029), donde funciona una pensión no habilitada y en estado "deplorable". Así lo confirmó el director de la GUM, Gustavo Franco, quien dijo que en el operativo se encontraron con 12 habitaciones precarias, un solo baño, tendido irregular de cables, entrepisos inestables, escaleras sin baranda, notorios problemas de mampostería y humedad, y provisión de gas en garrafa dentro de las piezas.
El operativo fue ordenado por el juez de Faltas Nº 2, Adrian Pafundi. Se calcula que en el lugar vivían unas 30 personas oriundas de Perú, entre adultos y niños, que pagaban mensualmente y por habitación unos 400 pesos. Los varones serían, en su mayoría, obreros de la construcción.
"Hace más de tres años que funciona esto. Hay una familia que tiene chicos que van al colegio, sé que hay un estudiante de medicina. No ocasionan problemas en el vecindario, pero no parece que vivieran en buenas condiciones", le dijo a La Capital un vecino que vive frente al inmueble. Alrededor de las 15, los agentes llegaron al lugar y se encontraron con sólo tres adultos y cinco menores de entre 2 y 5 años. El joven Osvaldo Qriz se presentó como el hijo de la propietaria y "responsable" de la casona. A través de él se intimó a la dueña, quien deberá presentarse hoy en el área de Inspección del municipio, para comprometerse a refaccionar la propiedad a fin de que funcione como pensión y no sea necesario desalojar a las familias.
La supervisora de Inspección General, Analía Cuello, dejó en claro que la clausura es "provisoria" hasta tanto la dueña del inmueble realice las mejorías.
"No es nuestra intención dejar a tanta gente en la calle, pero por su bien deben mejorarse las condiciones edilicias. Allí hay serias falencias de higiene y seguridad", aseguró.
Abonando esa afirmación , desde la GUM, Franco describió, entre otras fallas, las conexiones de varios aparatos (lavarropas y televisores) que compartían un mismo enchufe. Además, señaló que en ninguna habitación había matafuegos.
Este diario llegó a la casona de estilo italianizante y que cuenta con una construcción adosada en su planta alta, y se encontró con la faja de clausura en la puerta principal.
Salió una pareja que no quiso identificarse, pero que aseguró que vivía en el lugar desde hacía seis meses y pagaba por la habitación 400 pesos.
"No sé por qué hicieron tanto circo al venir los del municipio. No era necesaria tanta presencia policial, somos gente pacífica. Vivimos bien acá y queremos quedarnos. Hubo un compromiso de los dueños de arreglar la casa por nuestra seguridad y para que nadie se quede en la calle", dijo el joven integrante de la pareja.
A demolición. Otra pensión cuyo estado edilicio era crítico y la Justicia ordenó desalojar fue la de San Luis 1038. El ultimo día de febrero de este año, tras varias idas y vueltas, agentes municipales variaron el lugar ocupado por pensionistas de todas edad. Dos informes técnicos de la Dirección de Obras Particulares habían sido lapidarios al referirse al inmueble donde las grietas y fisuras estaban a la orden del día y ya se había caído un balcón.
El juez de Circuito de la 2ª nominación, Eduardo Arichuluaga se basó en ese detalle para ordenar el desalojo.
"La primera noche la mayoría de las 19 familias la pasó a la intemperie y con lluvia. Pero de a poco se fueron relocalizando, con ayuda del municipio, en pensiones, piezas o casitas en las afueras de la ciudad", dijo ayer el concejal de Proyecto Sur, Alberto Cortés.
Otra
La de Tucumán al 2600 fue otra de las pensiones truchas que se clausuraron este año por falta de higiene y escasas condiciones de seguridad. En enero se encontró allí a seis chicos riojanos alojados por un presunto estafador: Marcos Efraín R, un supuesto manager de fútbol.
