El gobierno de Chaco pidió disculpas a una adolescente por haberle negado justicia en un caso de violación. La víctima, de la etnia Qom-toba tenía 15 años y no contó con asesoría jurídica en un juicio realizado en idioma castellano y sin intérpretes.
Algunas preguntas formuladas durante el proceso fueron: "si la víctima tenía novio, si el violador era el novio y si ella ejercía la prostitución".
Indicaron que "fue un proceso lleno de irregularidades, prejuicios de género y discriminación racial". La joven fue violada en octubre de 2003 por tres jóvenes "criollos" del pueblo un pequeño pueblo de El Impenetrable, a 400 kilómetros de Resistencia.
La chica, a pesar de ser amenazada para que no contara lo ocurrido, se dirigió a la comisaría del lugar, donde la hicieron esperar varias horas para finalmente derivarla a un control médico sin tomarle denuncia formalmente.
En la revisión forense le realizaron tacto anal y vaginal, agravando el trauma ya vivido con el ataque sexual.
Además, la Cámara Penal de Sáenz Peña, al juzgar a los acusados, lanzó sospechas sobre la chica antes que dictar una condena justa. Los tres imputados fueron absueltos y recuperaron la libertad.
El acto de reparación, realizado por el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia del Chaco, se concretó en el salón auditorio de la Universidad Popular y estuvieron presentes autoridades de los tres poderes de los Estados provincial y nacional.
Valentía. La funcionaria Ana González, del Inadi, indicó que "acá hay que reconocer dos cosas: una, la actitud del gobierno del Chaco de asumir el problema, resolviendo realizar una reparación individual y colectiva para la joven y, por otro lado, a los familiares de la víctima, que han resuelto seguir adelante con sus reclamos por discriminación, pero ahora es tiempo de una hacer una reflexión y profundos cambios para que hechos como estos no se reiteren".
Frente a los hechos, en mayo de 2007, el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar) y el Comité de América latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), denunciaron el caso al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU)
Así, expusieron la violación de los derechos humanos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer.
Tras la denuncia, el gobierno de Chaco emitió un informe donde se allanan y reconocen las violaciones, y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y la Secretaría de Derechos Humanos resolvieron reparar a la víctima, a su familia y a su comunidad.
Ahora la chica está en cuarto año del secundario y desea estudiar Medicina. El gobierno del Chaco le entregará una beca estudiantil y a partir del 15 de mayo le empezará a pagar la indemnización de 53 mil dólares. También recibirá un terreno en Castelli, a 80 kilómetros de su pueblo.
Impetu juvenil
Los testigos aborígenes fueron descalificados por ser indígenas y no poder comunicarse. Los jueces dudaron del no consentimiento de la víctima, consideraron que no se debería "confundir la violación con la violencia del acto sexual" y que las heridas en ella se debían al "ímpetu y juventud del sujeto activo".
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