Buscan regular los precios que cobran las playas de estacionamiento

El Concejo quiere regular el precio de las cocheras privadas y para ello pedirá asesoramiento a la Universidad Nacional de Rosario (UNR). El objetivo es poder transitar los caminos legales para lograr una regulación que lleva décadas y acumula más reclamos que los precios cuidados. Un relevamiento realizado sobre 60 playas del macrocentro detectó que en los últimos cuatro meses el precio de la hora de estacionamiento aumentó un 35 por ciento.

El tema no es nuevo, ya en 1987 enervaba los ánimos de los rosarinos, y desde ese entonces fueron varios los ediles que terciaron sin éxito en el asunto. En la actualidad la máxima intervención de la Estado local en el tema lo estipula la ordenanza Nº 7.978, que establece que el precio de los primeros 30 minutos no puede superar la mitad de la hora inicial.

"No podemos postergar más las cosas ni dejar que sigan cobrando precios abusivos". Así de contundente fue el ánimo con el que la comisión de Obras Públicas consensuó en su reunión de ayer pedir el asesoramiento de la Facultad de Derecho, a través del rector de la Universidad Nacional de Rosario, Darío Maiorana.

Si algo tienen en claro los ediles que formaron parte del encuentro, es que en su momento la intención de regular los precios de las cocheras fue voluntad de todos los bloques políticos del Palacio Vasallo. Parece haber llegado el momento de poner coto: las quejas se cuentan por centenas y los testimonios son inapelables. Como el que se escuchó ayer, cuando un conductor comentó que el lunes gastó 240 pesos entre cuatro estacionamientos, el más extenso desde las 8.30 a las 12.45, por el que debió pagar 87 pesos.

Costos. Un estudio que los concejales por la UCR María Eugenia Schmuck y Sebastián Chale adjuntaron a su pedido para que el precio de las cocheras tenga un tope, no deja lugar a dudas. "Desde el 2009 a la fecha una cochera pasó de cobrar 6 a 23 pesos la hora; en los últimos cuatro meses el rubro aumentó hasta un 35 por ciento; y desde el 2010, por encima del 350", explicó Chale. Las cifras corresponden a un relevamiento sobre 60 playas de estacionamiento diferenciadas por radio en el macrocentro.

De los argumentos de los ediles se desprende que no se pueden tomar decisiones contrafácticas.

Hoy existe la misma cuadrícula urbana en el radio central que se trazó un siglo atrás, cuando la recorrían varios miles menos de hombres y vehículos, y esa es una realidad inmodificable.

Por lo tanto, siempre van a faltar cocheras, razonaron los concejales, para enfatizar trascartón: "No se puede dejar que este servicio esté librado a la oferta y la demanda, porque los precios serán brutales. Es necesaria una regulación por parte del Estado".

Asesorados. "Que la UNR nos destine un profesional experto para decir si el municipio puede regular o no el precio de las cocheras", propuso ayer el concejal por el Progreso Social, Héctor Cavallero, y reflotó una larga historia de reclamos al respecto, entre los que se incluye la ordenanza Nº 6167/1996, del concejal Jorge Boasso, que ratifica el carácter de servicio público impropio tal como había fijado una norma de 1967, y recomienda al Ejecutivo elaborar una metodología para determinar la tarifa y los precios máximos.

"Sin embargo, desde 1996 no se hizo nada al respecto", explicó Chale.

El ex secretario de la producción de la intendenta Fein dijo que la discusión a zanjar es justamente el carácter impropio o no de este rubro.

Ahora, la pelota queda en la cancha de la Facultad de Derecho y la decisión de los ediles es tan firme que hasta prevén convocar a la comisión de Obras Públicas a legisladores nacionales por Santa Fe.

La intención es pedirles a diputados y senadores, en caso de ser necesario, la reformulación de alguna legislación provincial que regule la actividad de las playas privadas de estacionamiento.

Para Chale, el debate de la regulación de precios es "más que oportuno en el marco de la discusión del proyecto del Ejecutivo que prohibe el estacionamiento en 83 cuadras del centro y macrocentro, lo que implica anular 830 lugares para estacionar en la vía pública" (ver aparte), señaló. La batería de medidas tiende a desalentar el uso del automóvil particular.