El asesinato de Gao Sheng Feng, cuyo cuerpo mutilado apareció en julio de 2005 en la zona sur de la ciudad y nunca fue reclamado por nadie, expuso la manera más extrema de dirimir conflictos de un sector de la colectividad china en la región. A partir de ese momento se sucedieron amenazas, chantajes, extorsiones y ataques a supermercadistas orientales por parte de sus conciudadanos y también de criollos, como ellos denominan a los argentinos. Y esos hechos comenzaron a ganar un espacio en la crónica policial santafesina. El último de éstos episodios ocurrió el miércoles en la localidad de Timbúes, a 35 kilómetros al norte de Rosario. Allí, un comerciante chino de 31 años denunció en la comisaría 9ª que un connacional llegó a su negocio y le dejó una granada de mano FMK2 como "intimación de pago". Dos horas más tarde, el mismo hombre regresó en búsqueda del dinero, pero efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) lo estaban esperando y lo detuvieron para ponerlo a disposición del fiscal federal Marcelo Di Giovanni y el juez federal Marcelo Bailaque.
La denuncia del comerciante chino X.Y., de 31 años, movilizó el miércoles no sólo a toda la cúpula de la Unidad Regional XVII con asiento en el departamento San Lorenzo sino que también puso en alerta al área de Inteligencia de la Policía de Investigaciones. Al llegar al supermercado New, ubicado en San Martín 1416 (sobre la ruta nacional 11), los pesquisas encontraron una granada de mano FMK2, originaria de la Fábrica Militar de Armas de Fray Luis Beltrán y con fecha de fabricación en 2010. De haber explotado, su poder de acción hubiese cubierto un radio de 7 metros.
No estaba activada. Cuando la policía consultó al supermercadista, éste indicó que "un connacional lo había visitado alrededor de las 18 y le había dejado la granada como advertencia". "La granada no estaba activada porque le faltaba el tren de fuego, es decir lo que la hace detonar. Pero sin embargo se tomaron todos los recaudos necesarios con la Brigada de Explosivos de San Lorenzo", indicó una fuente de la pesquisa.
Dos horas más tarde, cuando efectivos de Inteligencia de PDI chequeaban las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del comercio, al súper chino llegó la misma persona que había dejado la granada. Entonces el hombre fue detenido. Se lo identificó como He Ming Wei, de 35 años, con domicilio en una pensión de Felipe Moré al 3200, en el barrio Moderno de Rosario.
"Se está tratando de determinar la motivación de la extorsión y si este hecho guarda relación con otros ocurridos en Rosario. En principio la mecánica no fue el papelito escrito en chino mandarín mediante el cual le informan al comerciante qué monto de dinero debe tributar para seguir con las puertas abiertas. No parece una intimación de pago mensual, pero es una investigación que recién comienza y que como en todos los casos con ciudadanos chinos se complica por la barrera idiomática", indicó una fuente ligada a la investigación. "Y habrá que ver qué temperamento adoptará el fiscal en cuanto a la granada que corresponde a un lote de 2010 y no sabemos cómo llegó a manos civiles", agregó.
Un hecho similar. Hace un mes, el domingo 15 de noviembre, una granada de similares características a la dejada ayer en el comercio de Timbúes fue encontrada en inmediaciones del supermercado Julián, ubicado en San Martín al 2000, en el barrio rosarino Del Abasto, que tenía programado inaugurar esa mañana. La granada estaba sobre un cantero de la vereda y lista para estallar.
Una semana más tarde efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales realizaron una serie de allanamientos ordenados por las fiscales Verónica Caini y Juliana González en los supermercados chinos "Aguila", de Corrientes al 1800; "Paloma Blanca", de San Martín al 1500; y "Paloma de la Paz", de 9 de Julio al 800, todos de los mismos dueños.
En los dos primeros locales se secuestraron en total ocho armas de fuego de poderosos calibres, como una ametralladora, un fusil, dos escopetas, una pistola calibre 9 milímetros con mira telescópica, otra calibre 3.80 y un revólver calibre 22. En esa ocasión dos ciudadanos chinos fueron detenidos y la semana pasada ambos recuperaron la libertad, uno de ellos tras ser condenado en un proceso abreviado y el otro por haber logrado la excarcelación aún ligado al proceso.
La fiscal Caini, quien junto a su par Marcelo Vienna tienen a su cargo la Fiscalía con Imputados No Individualizados de Rosario (conocida como Fiscalía NN) indicó que esa oficina acumula unos 30 expedientes donde aparecen como víctimas ciudadanos chinos afincados en Rosario (casi todos supermercadistas) que denunciaron sufrir desde robos y escruches hasta intimidaciones, amenazas de muerte, chantajes, balaceras e incendios. En Rosario funcionan aproximadamente 300 de los 10 mil locales chinos diseminados por todo el país (ver aparte).
Sin embargo, la fiscal resaltó que los hechos de violencia entre ciudadanos orientales disminuyeron desde que la Embajada de la República Popular China decidió convocar a policías expertos de ese país para que colaboren en Argentina con los casos más graves. "Son dos agentes de la policía china que están en Buenos Aires desde hace un tiempo y trabajan en estrecha colaboración con nosotros. Estos oficiales infunden mucho respeto entre sus conciudadanos y son una llave para avanzar en las investigaciones", indicó en referencia a tareas de traducción de mensajes y de las testimonios de las víctimas.
Varias causas acumuladas y un código para respetar
En los Tribunales rosarinos hay una decena de causas por amenazas y extorsiones contra supermercadistas chinos. Entre los investigados hay recaudadores asentados en la ciudad y otros que llegan desde Buenos Aires, hacen su trabajo y se van. Un mecanismo violento que mueve un circuito aceitado: el botín que se obtiene tras las amenazas va a prestamistas que cobran al contado bajo el imperio de las balas.
De las 35 causas que tienen como víctimas a ciudadanos chinos, una decena tiene un mismo denominador común: amenazas, uso de armas de fuego e intimidaciones en torno a la denominada “mafia china”. El resto son robos o hurtos que reflejan una problemática común al resto de los comercios.
Hay que remarcar que en Rosario existen aproximadamente más de 300 locales chinos de los 10 mil que funcionan en la Argentina y la casi totalidad de los propietarios de los comercios asentados en la ciudad son originarios de la misma región oriental: la provincia de Fujián.
Códigos de calle. En paralelo al negocio de los súper floreció el actuar mafioso que exige pagar por protección o por abrir las puertas de un negocio a no menos de 300 metros de otro de la misma comunidad. “Ellos saben perfectamente dónde deben instalarse según el código entre «paisanos»”, indicó a La Capital una fuente de Tribunales.
En una nota publicada por este diario el pasado 6 de diciembre se sostiene que el modus operandi de esa mafia se concreta generalmente de madrugada y empleando mano de obra argentina. Los extorsionadores dejan un primer papel con ideogramas en chino mandarín. “Jefe, preparáte 50 mil dólares si no te mato”. “Te doy últimos 3 días, sino arreglan con la plata, preparáte tu ataúd”. Y a la esquela se adjunta un número de celular cuyo chip es descartado al poco tiempo. A quienes se resisten o demoran, les arrojan bombas incendiarias, ráfagas de disparos en el frente de los comercios o granadas de mano a modo de advertencia.
