Está claro que el oficialismo que gobierna nuestra ciudad proyecta entusiasmar a los vecinos con el aggiornamiento de Rosario. Bien por ello, su futuro de metrópolis lo requiere. Pero además de lo cultural y del maquillaje urbanístico, tan necesario para conservar y realzar lo presente, debería sumar medidas políticas que bien estudiadas impulsen a futuro, su biomodernidad. Infraestructura tiene, aunque problemas sociales no le faltan. La autonomía y el necesario acuerdo de futura convivencia con las ciudades o comunas de su interland, debe ser ya, sin demoras, respetando orígenes y evitando centralismos, motivo de consideración plenaria. Como ejemplo a nadie puede escapar que falta un plan maestro de transporte, sin limitaciones de jurisdicciones, que ayudaría a descomprimir muchos problemas sociales, entre ellos el del creciente, además de impostergable consideración, cinturón de barrios carenciados que hoy ocupan desordenadamente tierras valiosas y encarecen el progreso planificado de la ciudad y comunas vecinas. Es bueno también preguntarse, atendiendo criterios autonómicos, porque los ediles no son nombrados por distritos con sede y atención, salvo las reuniones de Concejo, en los centros municipales, bien cerca de los problemas de sus votantes. Hoy día los señores concejales pierden su tiempo en la sanción de temas mínimos y no de proyección futura, sobre los que solo actúan para discrepar, como calificados opositores, con el gobierno de turno. Así resultan tan inocuos como caros. Hay temas en la consideración de los vecinos que por su reiteración ya llevan a fastidio. Tal el caso, vaya como ejemplo, de los taxis, donde no tiene explicación salvo el del compromiso político de mantener un sistema que es ineficiente y costoso para el taxista y caro para el usuario. No cabe duda que el derecho del taxista propietario de una licencia vigente debe respetarse hoy a ultranza, sin otro límite que el fijado por las ordenanzas. Y de ahí en más, no más licencias personales, de tan dudosa concesión. Lo prioritario, es asegurar el derecho del usuario de disponer de un servicio eficiente y accesible en su tarifa. Para ello el sistema debería ser prestado por compañías propietarias de un número realmente importante de unidades adecuadas para el transporte de personas, cuya concentración y tecnología les permitiría en escala reducir sensiblemnte costos y elevar la calidad del servicio. La decisión es solo política.
