La jueza Loretta Preska falló en contra del Estado argentino en el juicio por la expropiación de YPF iniciado por el fondo buitre Burford Capital. El estudio de abogados que compró a accionistas minoritarios de la empresa el derecho a litigar reclama u$s 16 mil millones.
El 31 de marzo pasado, Preska ya había determinado que el Estado argentino debería haber hecho una oferta de salida a los accionistas minoritarios de YPF cuando decidió expropiar la compañía en 2012. En ese mismo fallo liberó a la empresa de consecuencias legales. Luego, en julio, se realizaron audiencias para determinar cuánto debía pagar la Argentina a Burford por no haber hecho esa oferta en 2012. Había tres temas en discusión: la fecha de la toma de control de la empresa, la tasa de interés a pagar por la penalidad y el ratio que determina el valor de las acciones.
En un fallo de 25 páginas, la jueza le dio el viernes la razón a Burford en los tres planteos. Consideró que la fecha en la que el Estado argentino tomó el control es el 16 de abril (y no el 7 de mayo como argumentaba la Argentina), que la tasa de interés que deberá aplicarse es 8% (y no 3% como máximo como pretendía Argentina) y que el ratio entre preciso e ingresos, un componente fundamental de la fórmula que determina el valor que debe pagar el país por las acciones, debe ser el más alto y beneficioso para Burford.
El gobierno anticipó que apelará “inmediatamente” el fallo, según confirmó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti. El estudio Sullivan & Cromwell, representa a la Argentina. Robert Giuffra, el abogado afectado al caso, aseguró que la sentencia refleja la “incomprensión fundamental” de la corte de distrito respecto del derecho argentino aplicable. “Este litigio, que versa sobre los derechos de ex accionistas de una sociedad argentina bajo los estatutos de esa sociedad argentina no debería tramitar en un tribunal de EEUU, en particular cuando el derecho argentino vigente exige que este tipo de controversias deben ser decididas por sus tribunales”, agregó. Tras darle la razón en todo al fondo buitre, Preska alentó a las partes a negociar bajo un criterio “consistente con estas conclusiones de hecho y derecho”.
Burford Capital no fue víctima de ninguna expropiación cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner oficializó la recompra del 51% de las acciones de YPF en 2012. Recompró los derechos de litigio a otros acreedores, entre ellos el Grupo Petersen.
En julio pasado, la República Argentina solicitó a la justicia de EEUU, que el reconocimiento de daños en el juicio iniciado por dos fondos buitre por la expropiación de YPF no superara los u$s 4.920 millones.
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien piloteó la reestatización de YPF cuando era ministro de Economía, calificó de “absurdo jurídico” el fallo de Preska. Y apuntó al impacto electoral. “Qué casualidad. Otra vez, en plena campaña electoral, irrumpe un fallo disparatado a favor de los fondos buitre en un tribunal de Estados Unidos (cuna de fondos buitres)”, escribió en X. El posteo fue replicado por Cristina Fernández de Kirchner.
“Este juicio surge porque los fondos buitre pretenden poner al estatuto de YPF por encima de la ley y de la Constitución, buscan que se les pague s lo mismo que se le pagó a Repsol por las acciones expropiadas, cuando a ellos no se les expropió nada”, sostuvo, al tiempo que describió la recuperación de la empresa como “uno de los hechos políticos más importantes de las últimas décadas”.
Temprano, la candidata de JxC Patricia Bullrich, había señalado: “Que la guita la ponga el kirchnerismo”. Kicillof la cruzó: “Danos Vaca Muerta para Buenos Aires que nosotros ponemos la guita y además le pagamos al FMI los 45.000 millones de dólares que se fugaron ustedes”