En la última semana de julio Loretta Preska, jueza estadounidense que preside la Corte del Distrito Sur de Manhattan, dio por finalizado el juicio que enfrenta al estado argentino y a Burford Capital por la expropiación de YPF en el 2012.
Por Facundo Budassi
En la última semana de julio Loretta Preska, jueza estadounidense que preside la Corte del Distrito Sur de Manhattan, dio por finalizado el juicio que enfrenta al estado argentino y a Burford Capital por la expropiación de YPF en el 2012.
El estudio londinense, Burford Capital, adquirió las demandas de dos empresas accionistas minoritarias de YPF y pretende obtener 16 mil millones de dólares del estado argentino apelando a la justicia estadounidense. Los caminos transitados por la firma británica buscan configurar un revival del enfrentamiento nacional con los fondos buitres del 2014, donde la mismísima Preska se convierte en una especie de tributo post mortem a la memoria del - tristemente- célebre Thomas Griesa.
Escapando a cualquier complejidad literaria y respetando toda la linealidad norteamericana, Loretta Preska ocupa la misma silla legada por el finado juez, la de la Corte del Distrito Sur de Manhattan, y hace honor a las acciones de amparo otorgado a los carroñeros financieros que supo desplegar su antecesor.
Ahora bien, ¿cómo se interpreta el fallo en las posiciones políticas nacionales? y más aún ¿cómo leer lo que las declaraciones esconden?
Las posiciones políticas se dividen, indefectiblemente, en dos: aquellos a favor y en contra de la estatización de 2012. Ante los fallos de cortes extranjeras, los “contra estatización” pueden evangelizar con el mantra multidireccional de la “ineficiencia estatal” sin entrometerse en el pantanoso terreno de sus posición sobre YPF, porque allí, ante los resultados productivos y estratégicos, los partidarios del control estatal pueden sacar a relucir los números.
La explotación de Vaca Muerta y la pertenecía del país al “Triángulo del Litio”, dieron espacio a que muchos políticos, analistas, empresarios, periodistas y militantes auguren que estos sectores romperán con el monopolio del sector agrícola en la provisión de dólares frescos, y que de la mano en la democratización de la generación de divisas, argentina arribará a una nueva etapa de crecimiento sostenido. Quizá, olviden que la dependencia no se corta de manera espontánea y que el rol de la petrolera de participación estatal es central a la hora de volver realidad uno de los futuros posibles del multiverso nacional.
Vale pensar que el labor de los agentes de la “anti estatización” busca cercenar aquel camino y mediante la deslegitimación del accionar estatal intentan minar la confianza popular en la capacidad con que el poder público puede administrar un gigante productivo como YPF. Con poca altura, el artilugio discursivo busca generar los consensos que posibiliten correr al estado del nuevo negocio y volver a concentrar así la provisión de divisas.
YPF es una compañía que bien vale un litigio y para entenderlo basta con repasar su historia y analizar su desempeño. En épocas de administración privada la compañía redujo notablemente sus capacidades y participación en el mercado. Los datos son elocuentes: los pozos de exploración de YPF cayeron de 101 en 1994 a 10 en 1999, y se mantuvieron así hasta 2011, configurando una caída de reservas fenomenal fruto de una política predatoria de la multinacional Repsol. La empresa española erigió el mismo destino para inversión, hacerla tender a cero.
De acuerdo a lo sostenido por Hernan Letcher, director del Centro de Economía política Argentina (Cepa), “es justamente la estatización de YPF la que revierte la situación: de 661 barriles/día en 2006 se pasa a producir 486 en 2012 (-30%), y post estatización, la producción se recupera a 580 barriles/día en 2015 (+20%). En el caso de la inversión, se pasa de u$s 2200 millones, en promedio, entre 2006 y 2011 a u$s 6250 millones, en promedio, entre 2013 y 2015. La decisión fue estratégica porque permitió el cambio de la dinámica en materia energética”.
Hoy la compañía de mayoría accionaria estatal acumula cerca de 40% del comercio hidrocarburífero nacional, participación que alimenta las ilusiones emancipatorias en materias de generación de divisas pero que puede ser fácilmente desmontado con la reducción del rol de la firma en el mercado nacional o el levantamiento indiscriminado del cepo, medida que catapultara a cualquier destino - menos el productivo - los dólares obtenidos por años de inversión, exploración y aprendizaje.
En los cálculos de Letcher, si se computan las reservas existentes en las áreas que YPF opera, la firma tendría alrededor de u$s 7.000 millones en gas natural y u$s 68.000 de petróleo a lo que deberían sumarse los recursos prospectivos - hidrocarburo que por falta de instalaciones no será producido aún), que se estiman en u$s 45.500 millones en gas natural y u$s 190.000 millones en petróleo. Es decir, YPF tiene reservas valoradas en u$s 75.000 millones que podría poner en producción inmediatamente o en el cortísimo plazo y recursos que superan los u$s 200.000 millones para explotar en el largo plazo.
En ese cálculo el saldo total potencial de la compañía ronda los u$s 310.500 millones, resta sumar las reservas y recursos a descubrir en la formación Palermo Aike y en las áreas Off Shore.
Ello podría permitir suplir el declino de la producción convencional sino también revertir la balanza comercial energética: pasar de un escenario de importación de energía al autoabastecimiento y capacidad exportadora. Algunas estimaciones, calculan un ingreso potencial de divisas anual de más de u$s 30.000 millones, a los que podría sumarse unos u$s 15.000 de litio. Esto representa casi la mitad del total de exportaciones argentinas de bienes al año 2022.
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Como sostuvo el presidente de YPF, Pablo González, “si la multa para la Argentina llegará a ser de u$s 5.000 millones -el fondo pretende más del doble-, como el año pasado YPF facturó u$s 18.000 millones, sigue siendo una buena decisión el haber expropiado”.
YPF ya no es solo lo que su nombre índica -Yacimientos Petrolíferos Fiscales- sino que es también YPF luz, YPF litio e YTEC. La división litífera y tecnológica de la compañía buscan apuntalar el agregado de valor del insumo clave de la transición energética, a través de ellas, el estado no sólo pretende intervenir en la etapa de producción de carbonato de litio, sino que, además, ya se trabaja en las plantas de producción de batería.
YPF Luz, por su parte, cuenta con una capacidad instalada de unos 2.500 MW, con proyectos de ampliación. La producción incluye energía térmica eficiente, parques eólicos y está en construcción el primer parque solar. Resulta fundamental una empresa innovadora en materia de renovables en un contexto de transición de la matriz energética a nivel mundial.
Ante las críticas de los “anti estatización” que buscan propender a una apropiación privada del principal recurso en juego: Vaca Muerta, es necesario entender, explicar y sostener que más allá de cualquier modelo ideológico, la recuperación de YPF es una hito que debe defenderse y profundizar. De lo contrario, con los fallos y los prejuicios llegan las medidas que marginen a la compañía de sus formaciones y yacimientos, que debiliten su potencia productiva que conduzcan a su lisa y llana re-privatización, parcial o total.