Los bancos extranjeros acreedores de Vicentin sospechan que la agroexportadora que les adeuda u$s 500 millones ocultó deliberadamente información sobre su situación patrimonial y financiera desde el año 2017 para “simular una situación de bonanza económica que no tenía”. De esa forma, los engañó con el objeto de recibir desembolsos, incluso hasta poco antes de declararse en estrés financiero. Por eso, estas entidades decidieron presentarse como querellantes en la causa que investiga el fiscal Miguel Moreno por presunta estafa. En su presentación, además de exponer su hipótesis sobre la maniobra defraudatoria, ponen la lupa sobre los vínculos entre la empresa santafesina y el fondo de inversión que compró Friar.
Los bancos representados en la querella son la Corporación Financiera Internacional (ICF), que es parte del Banco Mundial, las entidades holandesas FMO, ING y Rabobank, y el banco Natixis, con sede en Nueva York. Son entidades que acordaron millonarios créditos con Vicentin, fundamentalmente para prefinanciar exportaciones. No sólo no los cobraron sino que sospechan que fueron engañados por la agroexportadora para seguir recibiendo desembolsos.
En un extenso escrito, los querellantes describieron las condiciones en las que acordaron los préstamos a Vicentin y los incumplimientos de la compañía. También recordaron los compromisos de información establecidos y sembraron sus dudas sobre el agujero negro en la que cayó la empresa en “sólo seis meses”. Pero, de ese mismo hecho, deducen que en realidad la empresa les ocultó la verdadera situación financiera durante aproximadamente dos años. Algunos de los puntos son los siguientes:
- Las autoridades de Vicentin presentaron manifestaciones de bienes y activos, que acompañaron con estados contables, informes trimestrales, y certificaciones expresas y puntuales. En esa documentación expresaron a lo largo de los años una relación entre activos y pasivos, de manera de “simular una situación de bonanza económica que todo indica no tenían”.
- Las autoridades societarias sabían perfectamente que aparentar ese estado de solvencia era decisivo en su relación crediticia, no sólo al momento de obtener la aprobación de las líneas de crédito sino de obtener los desembolsos patrimoniales que requirieron. Algunos de esos desembolsos se hicieron en fechas muy cercanas al “súbito” colapso que anunció Vicentin el 5 de diciembre de 2019.
- Los denunciantes entienden que Vicentin obró con abuso de confianza, que operó como forma de ardid de engaño. Expresaron las “tremendas dudas” que ofrece la forma en que la agroexportadora expresó a lo largo de los años tanto sus activos en el rubro “inventarios” como sus “pasivos”. Cuestionan la falta de precisión con la que la empresa expresó en su contabilidad la tendencia de granos de terceros.
- También describen casos puntuales de gravedad, como el “desbaratamiento de derechos” en perjuicio de uno de los bancos acreedores: ING. Ese banco, luego de haber recibido de Vicentin la cesión de los derechos por el cobro de contratos de exportación celebrados entre Vicentin y Cargill, fue notificada por la misma Cargill que esos derechos habían sido con posterioridad cedidos a la firma BAF Latam Trade Finance Fund B.V.
- La querella descarga sus sospechas sobre los vínculos de Vicentin con el fondo BAF Capital. Además de su rol como receptora de derechos sobre contratos previamente asignados a ING, apuntan a “las numerosas transferencias entre Vicentin y BAF Latam por cifras millonarias”. En apariencia, los montos adelantados a Vicentin “superan largamente a los montos recibidos, pese a lo cual Vicentin no la ha declarado como acreedora suya en el concurso”. También extienden sus sospecha sobre la compra del frigorífico Friar, sociedad que “ya había recibido millonarias transferencias en dólares por parte de Vicentin”. Los acreedores financieros externos entienden que el fondo puede ser una “pantalla” para que Vicentin haya podido restar activos de su concurso preventivo, en perjuicio de los acreedores.
