La Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario acusó a los directivos de Vicentin.
La Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario, que conduce Miguel Moreno, acusó formalmente este viernes de estafa y asociación ilícita a los ex directivos de Vicentin, la agroexportadora que entró en default a fines de 2019 y también pidió penas de 7 años de prisión para Eduardo Harnan, socio de la consultora KPMG (auditora de los balances de la agroexportadora) y de tres años para los síndicos Ernesto García, Diego Telesco y Carlos Amut.
La acusación de la Fiscalía recayó además de los directivos sobre quienes debían garantizar la veracidad de la información que aportaba la agroexportadora sobre su situación financiera, tanto para con sus socios y clientes como para _en el caso de la Sindicatura Concursal_ el juez civil y comercial que lleva adelante el concurso preventivo.
En ambos casos, el fiscal Moreno entendió que incumplieron con sus funciones y acusó a Harnan, socio de KPMG, como partícipe necesario en el delito de estafa. En tanto, los síndicos Ernesto García, Diego Telesco y Carlos Amut, en cambio, fueron acusados de encubrimiento.
Estos son algunos de los argumentos que contiene el escrito acusatorio de 531 páginas que este viernes presentó la Fiscalía.
En principio, acusó al contador y socio de la consultora internacional KPMG, Eduardo Harnan por el delito de estafa, en calidad de partícipe necesario, conforme al artículo 172, 45 del Código Penal, por entender que “con su auditoría encubrió las omisiones de deuda de Vicentin, y para ello tuvo que separar su actuación de las reglas que guían los procedimientos de auditoría”.
Respaldado por un potente conjunto de pruebas el fiscal Moreno “Vicentin debía someter a consideración de los bancos tanto sus balances anuales auditados como informes trimestrales de sus estados de activos y pasivos no auditados” en los cuales debía acreditar “solvencia, liquidez y capacidad de repago”.
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El escrito relata que durante el período comprendido entre noviembre de 2016 hasta julio de 2019, es decir durante 11 trimestres, Vicentin expuso en su información financiera un activo corriente que venía creciendo de manera consistente, promediando los u$s 1.000 millones entre julio de 2018 y julio de 2019. “Ello significó exhibir una empresa sólida, confiable, que cumplía los requisitos para acceder a financiación bancaria y que era elegida por sus 1.800 proveedores para entregarle granos de cereal”, indicó el fiscal.
Sin embargo, en diciembre de 2019 anuncia la cesación de pagos atribuido a un "estres financiero" que derivó en la solicitud de concurso preventivo que fue sorpresivo para sus acreedores.
La Fiscalía entiende que “la publicación de los balances y su presentación ante las distintas entidades bancarias como la falsa exhibición al mercado granario de la solvencia y buen estado financiero y económico de Vicentín no pudo ser posible sin el aporte necesario que realizó Eduardo Harnan, quien es contador y socio de auditoría de la empresa KPMG”.
“El aporte de Harnan en los hechos atribuidos fue, con su opinión favorable de los estados contables de Vicentin, darle mayor credibilidad a los balances con cierre a octubre 2017 y 2018 que contenían falsa información y que omitían el pasivo, y para ello debió incumplir con las normas y prácticas que le encomendaba su labor”, indicó la Fiscalía. Porque “de haber realizado correctamente su trabajo, habría advertido el millonario ocultamiento del pasivo, y de esa manera lo debería haber expresado en su análisis y conclusiones, de manera de alertar al mundo crediticio y granario de las falsedades contables de Vicentin", agregó.
“El aporte de Harnan estuvo dado por obrar contrariamente a las normas contables y reglas de auditoría en su labor de auditor externo que realizó sobre los balances de la empresa Vicentin SAIC con fechas de cierre a octubre 2017 y 2018”, agregó.
Por otro lado, Harnan “en ninguna de sus opiniones llamó la atención sobre el riesgoso y finalmente perjudicial criterio de Vicentin de no considerar los contratos con precio a fijar como un pasivo, sino que las mercaderías con precio a fijar eran
consideradas como propiedad de terceros, y se registraban en el patrimonio de Vicentin como inventario en el momento en que el proveedor notificaba la fijación de precio”, algo que “va en violación contra las normas contables nacionales e internacionales”.
“Todas estas conductas de Harnan, permitieron a Vicentin exhibir sus estados contables, ocultando pasivos, dando la imagen de una empresa solvente, sólida, en buen estado económico y financiero, con el plus de que sus estados contables contaban con la aprobación y buen visto de uno de los estudios de auditorías externas más grande e importante del mundo, lo que le permitió a Vicentin hacerse de préstamos millonarios que no podía afrontar, continuar seduciendo a los productores granarios para que le confíen sus granos, y vendiendo al mundo una falsa realidad de empresa y negocio”, agregó Moreno. “Sin este aporte indispensable de Harnan, las estafas a los bancos nacionales e internacionales, como las defraudaciones contra los productores granarios, no podrían haber sido concretadas”.
Por otra parte, la Fiscalía acusó a los síndicos Carlos Julio Amut, Ernesto Norberto García y Diego Oscar Telesco por el delito de "encubrimiento con el fin de asegurar o ayudar al autor a asegurar el producto o provecho del delito, agravado por ser funcionario público al momento de la comisión, en calidad de coautores (arts. 277 1. d y e, y 3d, 45 del Código Penal)".
El fiscal Moreno argumentó que “el síndico es el único funcionario versado en ciencias económicas que formalmente establece la ley como funcionario auxiliar de la justicia para colaborar con un juez que cuenta con facultades inquisitivas en el desarrollo del proceso concursal”, de modo que “ante un desempeño omisivo de la sindicatura, el magistrado se verá privado de la comprensión de los fenómenos económicos en un proceso caracterizado por la centralidad de lo comercial y lo financiero".
En el caso de García, Telesco y Amut, que fueron los síndicos del concurso preventivo de Vicentin que se tramita ante el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, su delito consistió "en haber incumplido sus obligaciones de control y haber emitido dictámenes en beneficio del órgano de dirección y fiscalización de Vicentin SAIC, pese a las advertencias efectuadas por la Auditoría Forense en los informes presentados dentro del concurso preventivo, y las irregularidades denunciadas por distintos acreedores e integrantes del comité de control”.
De esta manera, “violaron los deberes que recaían sobre sus personas por encontrarse en aquel momento participando en el ejercicio de funciones públicas como también omitieron denunciar la perpetración de delitos”, argumentó la Fiscalía. Por el contrario “se dedicaron a proteger las maniobras defraudatorias realizadas, ayudando a los autores a asegurar el producto o provecho del delito”, agregó.
La sindicatura concursal encubrió el proceder del órgano de dirección y fiscalización de Vicentin Saic, que confeccionó, aprobó y utilizó los balances anuales con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018 que contenían información financiera falsa, consistente en la ocultación del verdadero pasivo de la empresa, estados contables que fueron auditados, en ambos casos por la auditoría externa KPMG, a través de su socio gerente Eduardo Harnan.
La sindicatura también hizo caso omiso a las irregularidades planteadas por los integrantes del Comité de Control (Banco Nación, Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y desmotadores de algodón de los departamentos de General Obligado y San Javier, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del departamento de San Lorenzo, ACA, IFC y FMO), así como de una abogada de la Administración Federal de Ingresos Públicos. También, en su informe general, la Sindicatura en “hizo caso omiso total” de la labor de la auditoría forense y tampoco consideró los informes de la veeduría ni de los interventores designados, cuando el juez se encargó de dejar bien en claro que debía existir entre los distintos funcionarios y auxiliares del concurso un permanente trabajo de retroalimentación.
También en el cuerpo de las pruebas, entre otras cuestiones la Fiscalía pone a disposición conversaciones entre los integrantes de la Sindicatura con "Alejandra Gatti y otras personas vinculadas a Vicentin, por cuestiones relativas a sociedades vinculadas al grupo".
