Vicentin: Imputarán a directivos por el delito penal de estafa

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, Miguel Moreno, imputará a integrantes del directorio de Vicentin y de la sindicatura por el delito de estafa contra productores, acopios y entidades bancarias presuntamente cometidos por la agroexportadora que se encuentra en concurso de acreedores tras entrar en cesación de pagos por u$s 1.500 millones, en el marco de una audiencia que se realizará el martes 26 de octubre.

En julio del año pasado, y tras la denuncia presentada por el abogado Gustavo Feldman, Moreno aceptó abrir una investigación penal sobre los directivos de Vicentin.

En ese momento la investigación se enfocó en la actividad desarrollada por parte de los representantes del órgano de dirección y fiscalización de Vicentin, quienes “habrían celebrado contratos de compra venta y recibiendo mercadería, sabiendo y conociendo la imposibilidad de afrontar los pagos de la misma”. Y, citando el informe que el director del Banco Nación Claudio Lozano presentó a la Justicia federal, subrayó que esa imposibilidad de pago se dio en una firma que “entre 2015 y 2018 no hizo más que expandir su facturación”. Por eso, busca determinar si hubo una “crisis autogenerada, a los efectos de no abonar las sumas adeudadas”.

Luego de más de un año, la investigación siguió su curso y se prevé que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) informe sobre quienes serán los imputados en la causa de Moreno.

“El fiscal hizo un gran trabajo, muy a conciencia, profesional y sin precipitaciones”, evaluó Feldman, letrado que representa a los acreedores comerciales.

El abogado señaló que desconoce el número de personas y los nombres de quiénes serán imputados por el fiscal, aunque estimó que “serán aquellas que la fiscalía entiende hay plexo fáctico y jurídico para que la reciban”.

En ese sentido, consideró que a su criterio el fiscal Moreno “va a imputar por estafa” y dijo desconocer si lo hará por otros presuntos delitos denunciados como la presentación de balances falsos, “o delitos de asociación ilícita que denunciamos hace más de un año cuando explicábamos que hubo una planificación para llegar hasta donde se llegó”, agregó Feldman.

El delito de estafa sobre el que se enfocó Moreno está contemplado en el artículo 172 del Código Penal y fija un máximo de seis años de prisión. Según explicaron fuentes de la investigación, los delitos de asociación ilícita o la presentación de balance falso que impulsan en la denuncia los acreedores, estarían comprendidos dentro del el delito de estafa.

En principio la denuncia penal iniciada por los acreedores que patrocina Feldman, apuntaba hacia 23 personas que integran el directorio de Vicentin, tanto titulares como suplentes, y a los integrantes de la sindicatura.

“Desconozco si el fiscal imputará a todos, creo que serán menos y quizás haya gente que no pertenece al directorio”, estimó el abogado.

En 2020 cuando dio curso a la investigación, Moreno recogió las presentaciones realizadas por la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe en el proceso concursal que se tramita en Reconquista, y los fundamentos de la causa que se sigue en la Justicia federal porteña por el otorgamiento de créditos por parte del Banco Nación a Vicentin y Algodonera Avellaneda. De ese último expediente extrajo una presentación de la UIF que reporta indicios sobre una “simulación” del estado de cesación de pagos por parte Vicentin, que además “habría utilizado su estructura exterior y/o la de Glencore, para remitir sus ganancias al extranjero”.

La imputación a los integrantes del directorio surgió poco después de que la empresa presentara una nueva oferta a sus acreedores en el marco del concurso que se tramita en el juzgado de Reconquista.

En esa propuesta de pago Vicentin planteó cancelar su deuda de u$s 1.573 millones, en dólares pero con una quita del 70% y en cómodas cuotas. Es decir que ofrece pagar u$s 485 millones, aunque sólo u$s 28 millones en forma inmediata. El saldo, u$s 457 millones, se cancelaría en 13 cuotas de u$s 35 millones anuales a partir de 2024. Con el primer pago, de u$s 20 mil, apunta a cerrar con más de 1.100 productores que tienen acreencias menores a los $ 4 millones. Esto si aceptan cobrar en un solo pago el 50% de lo adeudado. También se dolarizarían las acreencias.

Para Feldman, esta oferta en principio “constituye una diferenciación violatoria del principio de igualdad ante la ley para los acreedores” y además, “no es una licuación de la deuda del 70% como plantean sino del 90%, porque se establecen plazos de pago de entre 10 y 12 años”, agregó.

De esta manera, la oferta “es una afrenta más, y es la continuidad de lo que viene pasando con esta empresa que arrancó con el default, el concurso, la pesificación de las deudas, la radicación del concurso en Reconquista”, agregó.

El mismo día de la audiencia, la comisión de diputados y diputadas provinciales que sigue el caso Vicentin presentará un informe en el que se expondrá un cuadro de situación de la cerealera.