Rubinstein, viceministro de Economía.
El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y el jefe de asesores, Leonardo Madcur, viajan a Estados Unidos, con el propósito de cerrar la cuarta revisión trimestral del Acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que habilitará un nuevo desembolso de u$s 5.400 millones por parte del organismo multilateral de crédito.
El período analizado es el cuarto trimestre de 2022, año que la Argentina cerró con un déficit primario (sin incluir los servicios de deuda) equivalente al 2,4% del Producto Bruto Interno (PBI), con un sobrecumplimiento de una décima, si se tiene en cuenta que la meta acordada había sido del 2,5%.
Para 2023, la meta de déficit primario es del 1,9%, en un año marcado por varios condicionantes que el gobierno argentino busca plantear en las discusiones en Washington, como el impacto de la sequía en la cosecha agrícola y consecuentemente en el ingreso de divisas, así como la continuidad del conflicto entre Rusia y Ucrania, con derivaciones en los precios de la energía y los costos de transporte y logística.
Rubinstein y Madcur habían participado de las deliberaciones a principios de febrero con los equipos técnicos del FMI, que se realizaron en formato híbrido, ya que el jefe de la delegación, Luis Cubeddu, mantuvo un contacto por vía remota.
Previo a ese contacto, el ministro de Economía, Sergio Massa, consideró a mediados de enero que el FMI estaba incumpliendo su compromiso de revisar los costos de la guerra en Ucrania. “Argentina cumplió su programa, pero el Fondo Monetario no está cumpliendo con Argentina el revisar cómo van a compensar a los países que pagaron el costo de la guerra con su economía. Es un problema a resolver”, dijo en esa oportunidad.
En ese sentido, el ministro había advertido al participar de la Cumbre del G20 en Indonesia que “la guerra viene teniendo un costo muy alto para los países del hemisferio sur” y que “a la Argentina ya le costó u$s 5.000 millones.
Según documentos de trabajo oficiales, las importaciones de combustibles sumaron u$s 5.800 millones en que 2022, contra los u$s 2.000 millones proyectados antes del inicio de la guerra, lo que resultó en un incremento neto de u$s 3.800 millones.