Paritarias y el impuesto a las ganancias, tras un largo verano

Paritarias libres y modificación del impuesto a las ganancias. Con esas consignas como bandera los sectores sindicales comenzaron esta semana a despabilarse de la larga siesta veraniega que transitaron desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, la cual quedó más expuesta por la voracidad con la que la nueva gestión utilizó la herramienta de los decretos para gobernar y modificar los principales pilares de la política económica de la Argentina de los últimos años.

Las declaraciones del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, sobre la intención de anclar la pauta salarial al nivel de inflación que a priori –y es necesario aclararlo– el gobierno no mide sino que sólo estima en base a predicciones o humores de agentes del mercado, se convirtió en la gota que rebasó el vaso de aquellos gremios que hasta ahora parecían haber aceptado la consigna de pax social sin cortapisas hasta medir el impacto real de la devaluación sobre el ingreso.

Sin embargo, la catarata de anuncios de aumentos de tarifas, con las de la electricidad a la cabeza, que pasaron de la promesa a los números concretos, y que llegaron por derrame a las provincias vía el incremento de la energía mayorista, apuraron la disputa por los salarios, en una dinámica que incluyó un componente preexistente: la aceleración de precios de la canasta básica que desde el oficialismo no pueden frenar ni siquiera con estrategias que pendulan del amor al espanto.

Esta semana el ministro Alfonso Prat Gay aseguró que la inflación desaceleró en enero casi un punto porcentual respecto del alto salto que tuvo en diciembre, pero mientras seguía argumentando que ese número había sido fruto exclusivo de la herencia, insistía en reclamarle prudencia a los empresarios para frenar la ola remarcatoria que sigue firme a casi dos meses de gestión macrista.

Algo similar venía ensayando el titular de Agroindustria, Ricardo Buryaile, quien en forma recurrente amenazó con abrir la importación de carne si los precios del mostrador no bajaban al mismo ritmo que la hacienda en Liniers.

La estrategia viene teniendo poco efecto, aún a pesar de que el Estado sigue mostrando una férrea voluntad de devolverle al sector empresario los márgenes de rentabilidad que demanda en forma constante. El sinceramiento de las tarifas va en ese camino, ya que detrás del argumento de la equidad y las consignas de federalismo que imponen dar un trato igualitario a los usuarios de Capital Federal y el área Metropolitana con los del resto de las provincias de la Argentina, se esconde una brutal transferencia de ingresos hacia empresas distribuidoras como Edenor o Edesur que invirtieron muy poco en la última década. El gobierno está convencido de que liberar ese segmento será sinónimo de inversión y mejora de servicios, ya que en la resolución en la cual modifica la política de subsidios aclara que estas medidas “no favorecían la correcta orientación de los comportamientos de las distribuidoras, resultando ello en la ausencia de inversiones suficientes”.

También opera, bajo la misma lógica de dejar liberado al mercado el reacomodamiento de las variables económicas, la decisión de volver a poner en funcionamiento la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, pero ya no con la intención original de velar por los procesos de fusiones y adquisiciones entre empresas que derivaban en posiciones monopólicas u oligopólicas, sino enfocada en los intereses de los consumidores y con la consigna de aplicar multas “más eficientes”, anticiparon desde el Ministerio de Producción, para poder sancionar prácticas desleales, a priori muy difíciles de constatar en la medida que no haya un parámetro claro sobre medición de precios.

En ese sentido, esta semana el ex candidato presidencial por el Frente Renovador, Sergio Massa, también salió a apurar algunas definiciones y le reclamó al gobierno que, ante la sequía de datos por las “vacaciones forzadas” del Indec, al menos se siga realizando el índice Congreso.

También fue una socia política de Cambiemos como Elisa Carrió la que sacudió la modorra de las promesas de campaña y le exigió a Macri una urgente modificación del mínimo no imponible, poniéndole número y todo. La diputada de la Coalición Cívica dijo que el tope debe ubicarse en 47.430 pesos y además es clave modificar las escalas. Así, instaló un debate que parecía postergado y lo incluyó en la agenda urgente, lo que a su vez, apuró la discusión paritaria habida cuenta que desde que arrancó, el gobierno de Macri se mostró proclive a atar la negociación paritaria a este tema.

A ese mix, en las próximas semanas la gestión macrista le sumaría otras medidas que apuntan a sumar poder adquisitivo como la reducción del IVA a los productos de la canasta básica, y así anclar la pauta salarial en la inflación ansiada del 25%.
Las medidas permitirán, en suma, evitar una mayor sangría del poder adquisitivo, pero estarán lejos de una recomposición efectiva. Con lo cual, la economía comenzará a enfriarse, incluso antes de que llegue el solsticio de invierno.

Nuevamente, desde el gobierno confían en que la mano del mercado operará como factor de equilibrio, y en ese sentido enfocaron todos los cañones a resolver el conflicto con los fondos buitre, que aseguran le permitiría a la Argentina poder acceder al financiamiento externo y al ingreso de capitales, aunque a destiempo, ya que los pronósticos de los organismos de crédito como el FMI son poco alentadores para los emergentes. “Por la caída de los precios de commodities, los emergentes se encuentran ante una nueva y dura realidad, con tasas de crecimiento flojas y con flujos de capital que se han invertido”, dijo Christine Lagarde esta semana. Un punto en contra para la Argentina.