Para el economista Claudio Lozano, coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (Ipypp), los casi nueve meses de gestión económica de Javier Milei son sencillamente “desastrosos”. La secuencia de devaluación, inflación, ajuste recesión y desempleo “expandió brutalmente la pobreza” y no arrojó mayores resultados en materia de estabilización. “Hay que ser muy claros: la inflación sigue con nosotros. Simplemente se desaceleró la suba de los precios y ese 4% que se pretende mostrar como éxito tiene como contrapartida un derrumbe de la actividad económica muy significativo”, señaló.
Al mismo tiempo advirtió sobre las tensiones que enfrenta el programa cambiario y financiero y las consecuencias que tendrá la pelea entre “dolarizadores y devaluacionistas”.
- ¿Qué balance hacés de la gestión económica en estos nueve primeros meses?
- Es una gestión desastrosa. Dispuso un salto cambiario y desregulación del sistema de precios que aceleró la inflación y no fue acompañada por evolución de los ingresos. Esto derrumbó la actividad económica y agravó los problemas ocupacionales. Se destruyeron 270 mil puestos de trabajo registrados y de 590.000 puestos de trabajo totales en el primer trimestre del 2024, respecto del último del 2023. La crisis de empleo y el deterioro de los ingresos expandió brutalmente la pobreza. Tenemos ocho millones de personas más bajo la línea de pobreza y cinco millones de ellas en situación de indigencia. Las capas medias se empobrecieron pero además se empobrecieron más los pobres, que cada vez más caen bajo la línea de indigencia. El cuadro social es desalentador. El 45% de los ocupados son pobres y el 33% de los trabajadores formales también. Y hay que ser muy claros: la inflación sigue con nosotros. Simplemente se desaceleró la suba de los precios y ese 4% que se pretende mostrar como éxito relevante tiene como contrapartida un derrumbe de la actividad muy significativo. A esto se agregan elementos complejos en materia financiera y cambiaria. El gobierno tiene muchas dificultades para acumular reservas y, por ende, para afrontar los vencimientos de deuda. Esto alimenta presiones devaluacionistas que nos llevan a un cuadro de ajuste. El traslado de las deudas del Banco Central al Tesoro hace que el proceso de ajuste sobre las cuentas públicas no tenga límite. La deuda pública creció el equivalente a u$s 85.000 millones en el curso de estos meses. Endeudamiento, crisis financiera y cambiaria, caída de los niveles de actividad, y derrumbe de los ingresos. Todo eso para esgrimir una tasa de evolución del IPC que no muestra ninguna solución al problema inflacionario.
- ¿El ajuste permitió estabilizar la economía? ¿Se ve un piso?
- No. Se están acumulando tensiones. La estrategia de dolarización endógena que quiere aplicar el gobierno lo puso en conflicto directo con sectores vinculados al bloque agroexportador. Las reservas volvieron a ser negativas en u$s 6.000 millones y es probable que caigan todavía más. Se está volviendo al punto de partida. El gobierno anterior dejó reservas negativas por u$s 11.000 millones de dólares. Nos encaminos hacia el mismo cuadro pero luego de realizar un ajuste fenomenal. Y estamos encerrados en una discusión tramposa, entre la estrategia suicida de llevar la Argentina a un cuadro de dolarización que limitaría seriamente nuestra perspectiva de desarrollo, y la presión de los actores que demandan devaluación, suba de las tasas de interés, ajustes tarifarios. Un conjunto de cosas que no harán más que profundizar aún más ese cuadro dramático. La verdad es que necesitamos una política totalmente diferente respecto de cualquiera de estas dos variantes. Se requiere un programa popular antiinflacionario que pueda garantizar el control de la inflación en el marco de una recomposición de los ingresos de la población y un relanzamiento del desarrollo productivo de la Argentina.
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- Esta misma discusión entre dolarización y devaluación estaba allá por la crisis de 2001. ¿Qué conexión hay entre aquella crisis y la situación presente?
- La conexión es que en ambos casos el pato de la boda siempre fue el conjunto de la sociedad. Aquella discusión se dio en el marco de una caída brutal de casi 20 puntos del producto, con el cuadro recesivo en el que ingresó la convertibilidad desde 1998 hasta 2002. Y hoy seguimos boyando entre opciones que tienen que ver con disputas al interior de la estructura del poder económico. Claramente la decisión del gobierno de apreciar el tipo de cambio lo puso en tensión con algunas fracciones de las clases dominantes. El gobierno resiste porque entiende que lo único que cree que puede mostrarle a la sociedad como éxito es una tasa de inflación del 4%. Y el traspaso de la deuda al Tesoro lo obliga a seguir presionando sobre el gasto, recortando a jubilados, la obra pública, las transferencias a las provincias y aumentando brutalmente las tarifas. Y como cae la actividad, cae la recaudación y se requiere más ajuste. Por eso se producen reacciones tan insólitas, inaceptables, como las del presidente frente a la aprobación en el Congreso de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Dice que si no la veta se le cae la estantería, pero esa fragilidad fue causada por su propia política. Y porque desgravó fiscalmente a los sectores de mayor capacidad económica, al contrario de lo que está haciendo el resto del mundo, donde en materia tributaria se discute la aplicación de un impuesto mínimo a las transnacionales, el impuesto sobre las grandes fortunas y el impuesto sobre las plataformas digitales.
