Una mujer le ganó un juicio por $160 millones a su exnovio tras casi 20 años de convivencia. La sentencia ofreció una perspectiva de género sobre la relación y el crecimiento patrimonial
El juicio definió que el hombre pague a la mujer por el crecimiento patrimonial en el marco de la relación que mantuvieron durante 19 años
A pesar de negociar en varias instancias judiciales, una mujer y un hombre de Rosario que convivieron durante 19 años llegaron a juicio. Ella reclamaba dividir los bienes que durante ese periodo habían adquirido en conjunto, pero que estaban a nombre de él. El juez en lo civil y comercial, Nicolás Villanueva, aceptó el reclamo y dictaminó que el hombre abone 160 millones de pesos a su exmujer, a pesar de no haber contraído matrimonio.
La mujer demandó a su exconcubino por disolución y liquidación de la unión convivencial que se inició en 2002. Tenía como objetivo que se reconozcan sus aportes económicos, equivalentes por el 50%, en el patrimonio societario de la pareja, que duró entre 2002 y 2021. “Ambos compraron, pero una sola pone su nombre y ahí nace el conflicto”, comentó Ramón Gutiérrez, abogado patrocinador de la mujer, en LT8, y agregó: "Son procedimientos muy comunes que generalmente se resuelven antes del juicio, pero en esta oportunidad hubo una parte muy rígida".
Según el letrado, este tipo de conflicto se origina porque el Régimen de Unión Convivencial regulado por el artículo 528 del Código Civil “establece que en cuanto a lo patrimonial cada parte conserva la administración de sus bienes preexistentes y cuando estás dentro de una unión continúa así”, contó Gutiérrez. Sin embargo, ese mismo artículo menciona “que se aplica los principios relativos de enriquecimiento sin causa, es decir, el derecho no puede admitir que una parte se enriquezca a expensas de la otra sin motivo”. En este caso, los bienes que se compraron fue inscripto por el hombre, por lo que, están bajo su administración, pero la mujer alegó aportar a esa adquisición.
Frente a esto, Gutiérrez reconoció que la mujer pudo comprobar la compra de materiales, el contacto con arquitectos y que encabezó la construcción de una vivienda que era parte de la pareja, entre otros tantos ítems. Así, la mujer logró que el juez dictamine un pago de 113 millones de pesos, más intereses desde el momento que se separaron por unos 47 millones de pesos.
"Este tipo de conflictos judiciales es común, pero nosotros aconsejamos negociar. Las personas terminan reconociendo y se evita un proceso judicial. Es importante que se reconozca el esfuerzo común", contó Gutierrez. Por otro lado, el abogado describió que existen variables para que las parejas eviten estos conflictos: "El código establece que se pueden hacer pactos previos donde uno deja asentado qué sucederá con los bienes y deudas. Por diversos motivos no se hace, pero es el sueño de todo abogado que los clientes firmen un pacto de convivencia".
La mujer, trabajadora en escuelas, aseguró que durante 19 años, entre diciembre de 2002 y diciembre de 2021, aportó su salario, el ingreso por el alquiler de un departamento y todos sus ahorros, se destinaron a la construcción de la vivienda que proyectaron en familia. El hombre, farmacéutico de profesión, sostuvo que durante la convivencia cada parte mantuvo independencia económica y sólo compartían gastos cotidianos. Nunca se casaron.
En este contexto, la mujer reclamó el 50% del patrimonio creado durante el periodo que se extendió la pareja. En estos años, la pareja atravesó dos embarazos, el primero concluyó con un aborto espontáneo y el segundo con el nacimiento de la hija de ambos, que hoy tiene 22 años.
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Con el tiempo la pareja se fue desgastando y pusieron fin a la unión convivencial. A partir de allí, el hombre se mudó a una casa frente a la vivienda que habitaban ambos en diciembre de 2021, pero tres meses más tarde la mujer decidió irse de la casa que construyeron con su expareja.
La mujer expuso que era insostenible vivir allí porque su exconcuvino intentaba controlar sus movimientos y su comportamiento. Desde entonces, el hombre controló todos los bienes que tenían ambos, con la salvedad de un vehículo que compraron en conjunto y siguió manejando la mujer.
Según el relato de ella, los bienes pertenecían a ambos y serían la herencia para su hija, pero él no cumplió. La mujer remarcó que su único propósito es recuperar los aportes realizados al proyecto familiar deshecho y apuntó que anotar los bienes a nombre del hombre correspondieron a una conducta patriarcal para controlar el ingreso y patrimonio de la mujer como herramienta de manipulación y dominio.
Nicolás Villanueva, juez en lo civil y comercial, destacó que existe jurisprudencia necesaria para abordar el caso y sostuvo que el Estado, en este caso el Poder Judicial, tiene la obligación de promover la igualdad, erradicando estereotipos culturales muy arraigados.
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“Juzgar con perspectiva de género, implica un esfuerzo intelectual por comprender la complejidad social, cultural y política que existe entre mujeres y hombres para visualizar allí las situaciones de opresión de un género sobre otro, basadas en una relación de desigualdad", planteó el magistrado.
Villanueva utilizó los argumentos de la jurista Kemelmajer de Carlucci que exige analizar las pruebas, aplicar la normativa y tomar la decisión para asegurar la igualdad, no discriminar y permitir el acceso a justicia a las partes.
Gutierrez subrayó que fue importante que se aplique la perspectiva de género en este caso y enumeró circunstancias históricas donde la mujer no era considerada por el derecho civil y comercial. "El juez la aplica sin darle ventaja a la conviviente porque ella tuvo que comprobar lo que decía", cerró el letrado.
Por Carina Bazzoni
Por Lucas Aranda
