Los números de la provincia, un debate que sigue abierto

La pandemia y su impacto económico promueven tiempos de convivencia y conciliación. En la provincia, la sanción de la ley de necesidad pública expresó ese espíritu, aún con el poco usual procedimiento de la abstención masiva en la Cámara baja.

La autorización que pidió el gobernador Omar Perotti para tomar deuda por $ 37 mil millones marcó por casi tres meses el principal conflicto entre el oficialismo y la oposición encabezada por Miguel Lifschitz. El coronavirus y sus circunstancias impusieron "un escenario nuevo que se impuso a cualquier razón", dijo la diputada provincial del Frente Progresista Clara García, para subrayar el la decisión de esa bancada de allanarle el camino a la norma.

Pero lo cortés no quita la política. Por eso, los referentes del área económica del FPCyS esperaron a conocer las últimas cifras oficiales sobre las cuentas de la provincia, para no ceder la última palabra en la polémica de fondo que encriptó la pelea por la ley de necesidad pública: si Perotti recibió o no una pesada herencia económica.

Con el cuadro del esquema de ahorro, inversión y financiamiento en la mano, y las cifras de ejecución presupuestaria de los dos primeros meses del año, apuntaron que las nuevas autoridades "cambiaron los usos y costumbres" en el procedimiento de imputación del gasto público para "construir un relato fiscal y exagerar el déficit recibido".

Esa información oficial muestra un déficit de $ 16.400 millones al cierre de 2019, unos $ 4 mil millones por encima del cálculo de los ex funcionarios de la administración anterior. La discusión no es sobre mentira o verdad, aclaran, sino sobre metodología.

"Tradicionalmente hay un delay entre la ejecución del gasto y su imputación presupuestaria, por eso parte de los gastos devengados a fin de año suelen ser imputados en enero y febrero", recuerdan. Y aseguran que esto cambió con el nuevo gobierno, que los contabilizó "como si el mundo hubiera terminado en diciembre".

Esta acumulación agigantó las comparaciones. Las erogaciones de capital, por ejemplo, sumaron en diciembre de 2019 unos $ 5.000 millones, frente a un promedio de $ 2.700 millones mensuales en el año. "Y estamos hablando del segundo semestre, cuando se ralentizó el ritmo de obra pública", aclaran.

En enero y febrero, los gastos referidos a inversión pública bajaron drásticamente a $ 287 millones y $ 844 millones, respectivamente. Algo similar, explican, ocurre con los gastos en bienes de consumo.

"Es como si 2019 hubiera tenido doce meses de recursos y catorce de gastos, y 2020 tuviera diez meses de gasto y doce de recursos", resume la diputada García, al tiempo que aclara que, si bien en mediano plazo estos calendarios tienden a converger, en lo inmediato le permiten al gobierno actual pasar en dos meses de una situación de "supuesto caos" a un superávit de $ 3.500 millones.

La discrepancia metodológica separa en algo más de un punto porcentual el déficit informado oficialmente para 2019 que la estimación opositora: 5,18 por ciento contra 4 por ciento de los gastos totales. "Incluso en el peor de los caos, es un rojo menor al de las provincias que pueden compararse con Santa Fe y que han informado datos", explicó Gonzalo Saglione, ex ministro de Economía de la provincia. Citó a Mendoza, que informó un rojo de 8,27 por ciento y a Entre Ríos de 6,63 por ciento.

Además de combatir la idea de haber dejado un desmadre fiscal, desde el Frente Progresista exhiben estos números para señalar que "la provincia está en mejores condiciones que muchos otros distritos para enfrentar la crisis derivada del coronavirus".

Recordaron, en ese sentido, que el Ministerio de Economía provincial informó por nota a fines de febrero sobre una disponibilidad de $ 16 mil millones entre plazos fijos y el saldo de cuentas unificadas en el Fuco. En ese mismo texto se recordaba que la deuda flotante de la provincia era de $ 29 mil millones. Pero en las cuentas de la principal bancada opositora en Diputados, la "deuda relevante" es la que se consolidó en "esa suerte de convocatoria de acreedores que abrió el Estado provincial con contratistas y proveedores", que cerró en el orden de los $ 5.000 millones. "Es decir, la cifra que nosotros informamos desde un principio como deuda flotante y que para nada significa un desmadre", subrayó García. De hecho, recordó que Córdoba y Caba fueron autorizadas tomar bonos para pagar a contratistas y proveedores por $ 9 mil millones.

La película, así, vuelve al inicio. Desde este punto de vista, la emergencia no era tal y la ley de necesidad no era necesaria. "De hecho, el gobierno acordó un endeudamiento por $ 5 mil millones con el Nuevo Banco de Santa Fe para hacer frente a necesidades de corto plazo, en base a las herrramientas con las que ya contaba desde el principio: la ley de presupuesto 2020 y la ley 13.501 de 2015". El costo de la operación fue Badlar más tres puntos, "la misma referencia que utilizó la gestión anterior en los meses en que se pidieron adelantos para pagar los sueldos", protestaron.

Cierto es que las tasas de interés bajaron, y mucho, en los últimos meses. Y para los ex funcionarios del FPCyS ese es un nuevo factor que fortalece la situación financiera de la provincia, en estos difíciles momentos. "El acceso al mercado financiero internacional está cerrado desde 2018 pero hoy por hoy en el mercado local sobran pesos y eso se refleja en la caída de la tasa de interés", describen.

Y apuntan que el cambio de gobierno nacional es otro activo invaluable. "Los años de 2018 y 2019 fueron de retirada de la Nación en el gasto provincial, pero con Alberto Fernández esto cambió totalmente, no sólo se repusieron subsidios a los servicios y se amplió el gasto social sino que frente a la caída de la recaudación por la cuarentena el Estado central dispuso una rápida e importante asistencia", dijo Saglione.

La administración Fernández puso a disposición de las provincias $ 120 mil millones para atender sus gastos en la emergencia. La mitad es un préstamo a acordar en forma bilateral. La otra mitad sale del fondo de ATN y se reparte según la coparticipación. En este punto, la diputada García reclamó: "El Estado provincial debe imitar al Estado nacional a la hora de atender a los gobiernos locales, y esos fondos se deberían distribuir respetando la coparticipación al interior de Santa Fe".

En términos estrictamente fiscalistas, que en parte orientan a la política económica provincial, la cuarentena fue aliada para congelar la paritaria y mantener ralentizada la obra pública. En los hechos, significa un ajuste del gasto público. "La crisis económica existe y será peor en los próximos meses pero hoy por hoy la provincia cuenta con la disponibilidad suficiente para garantizar el pago en tiempo y forma de los salarios correspondientes a abril, hay $ 8 mil millones en plazos fijos, con $ 6.500 millones nosotros garantizábamos incluso la cláusula gatillo", aseguraron desde la oposición.

Por el lado de los recursos, la caída vertical plantea un desafío. García consideró necesario que el gobierno debe extender la moratoria iniciada en febrero y con la cual, según cálculos de la API, habría para cobrar unos $ 7 mil millones en deudas fiscales. De paso, reclamó la convocatoria a la mesa tributaria provincial.