El mundo laboral, el sindical y el empresarial se enfrentan en una espesa arena de proyectos y realidades que se aceleraron con la pandemia y el avance tecnológico, entre otros factores. En un contexto de reactivación económica, la puja distributiva sale aún más a la superficie y se debate en medio de un escenario electoral. En este marco, dos proyectos de ley presentados por el Frente de Todos y que actualmente se encuentran en estado parlamentario, plantean que es el momento de implementar una reducción de la jornada laboral en la Argentina, sin disminución de los salarios, algo que algunos gremios ya vienen adelantando que es “prematuro” y que incluso genera posiciones dispares dentro del propio gobierno.
Una de las iniciativas corresponde a la diputada Claudia Ormaechea, secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de la Asociación Bancaria, quien propone una jornada laboral de un máximo de seis horas por día, y un tope de 36 horas semanales; y la otra iniciativa legislativa pertenece al secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y diputado nacional Hugo Yasky, quien postula reducir la jornada de 48 a 40 horas semanales, lo cual significa no más de 8 horas diarias y sin disminución o supresión salarial alguna.
Si bien los argumentos son variados, ambos proyectos apuntan a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, argumentando que los casos en donde se implementó creció la productividad, se redujeron los accidentes laborales y el ausentismo, entre otros aspectos. Ello, atendiendo a que la reducción de la jornada laboral tiene antecedentes históricos, regionales y mundiales y a que, por otro lado, Argentina es uno de los países de la región con mayor carga horaria laboral (48 horas semanales).
Para Ormaechea, 2022 es el año en que se debatirán estos proyectos, cuya finalidad “no sólo es la de cubrir puestos que se necesitan en nuestro país _no existe una ley que pueda generar semejante cantidad_, aunque sí puede generar es una redistribución y la creación de puestos”. La iniciativa “tiene que ver con las condiciones de salud de los trabajadores”, dijo la diputada, en alusión a la necesidad de más horas de ocio, reducción de estrés y mejorar la calidad de vida mediante el manejo de “tiempos propios para las relaciones familiares y sociales, por ejemplo”, añadió.
El avance tecnológico que se aceleró con la pandemia y que derivó entre otras cosas en una mayor implementación del teletrabajo “nos obligó a pensar cuáles deben ser los cuidados de los trabajadores”, dijo la legisladora y consideró que los beneficios que precisamente reporta la tecnología en ese sentido “no sólo deben estar al servicio de la renta de la producción sino también para los trabajadores y la sociedad toda”. De allí la propuesta de una reducción de la jornada laboral que permita al laburante “capacitarse, viajar, salir, practicar deportes”. Todo ello “es una forma también de movilizar el consumo interno, por lo que además redundaría en un beneficio económico para el país”.
Por otra parte, “está demostrado que en lugares donde se ha aplicado esta reducción, como islandia, Colombia y Chile, por ejemplo, ha disminuido el ausentismo, los siniestros y se ha registrado mayor producción”. En ese sentido, “quienes se oponen a esta iniciativa argumentan que la medida funciona en países más desarrollados que el nuestro, pero lo que no tienen en cuenta es que Argentina tiene un andamiaje de leyes laborales que otros países no tienen y esta discusión seguramente va a significar una ampliación de derechos”, auguró Ormaechea, en una charla virtual organizada por el Instituto del Trabajo y de la Solidaridad Social y la Asociación de Abogados Laboralistas.
Y remarcó la necesidad de que desde los gremios se milite el proyecto, “porque los trabajadores deben conocerlo y apropiárselo para convertirlo en ley”.
Resistencia
Desde el empresariado, “consideran que este proyecto de ley va en contra de la insersión de capitales, lo plantean como una traba a la inversión y no es así”. En ese sentido, el abogado laboralista Jorge Elizondo, se refirió a la “resistencia muy dura de parte del poder concentrado respecto de estas iniciativas legislativas, porque entienden que es peligroso desde el punto de vista político. Hoy más que nunca el avance tecnológico no puede ser apropiado exclusivamente por los dueños del capital”, afirmó.
Así es como “aparecen proyectos de ley de algunos legisladores que apuntan a reducir los derechos conquistados”, dijo el letrado, en alusión al del senador de Cambiemos Martín Lousteau para eliminar las indemnizaciones por despido sin justa causa y que en reemplazo crea un fondo de cese laboral, el cual “es violatorio del artículo 14 bis”, advirtió.
Elizondo vaticinó “una batalla muy dura el año que viene, dado que el proyecto de reducción de la jornada laboral se enfrenta al problema del control del proceso productivo en el mundo del trabajo lamentablemente es exclusivo del empleador, por lo que existe la posiblidad de que se aumente el ritmo de producción, frustrando, en los hechos la limitación de la jornada de trabajo, aún sancionada la ley”.
Al respecto, explicó que “existen mecanismos de control acentuados hoy con las nuevas tecnologías que favorecen al empleador”, por lo que “la implantación eficaz de cualquier proyecto de reducción de la jornada hace necesario modificar o suprimir varios artículos de la ley de contrato de trabajo (LCT)”. En función de la flexibilización laboral, “es preciso imponer un control del proceso de trabajo por parte de las organizaciones sindicales y de los propios trabajadores”, indicó y remarcó que “es necesario que sea mayor el límite de horas extras, al menos la mitad”.
En ese sentido, el abogado señaló que el decreto Nº 484 de 2020 “establece el límite de las jornadas extras a 30 horas mensuales y 200 anuales, que en la práctica se viola y mucho más en el trabajo no registrado. Las horas extras son mayores y a veces hay pedidos de autorización al Ministerio de trabajo para que en determinadas regiones sean más aún”, comentó.
“Pensamos que la reducción de la jornada de trabajo a 6 horas diarias y 36 horas semanales sin reducción salarial a los fines de generar más empleo, eliminar la desocupación, distribuir el trabajo, proteger la salud física y psíquica de los trabajadores se puede garantizar derogando el artículo 198 de la LCT y reduciendo la cantidad de horas extras que se puedan realizar”, opinó Elizondo.
Según el profesional, ese cometido también requiere“modificar sustancialmente el artículo 202 de la LCT en cuanto a la adopción de turnos rotativos”.
Por otra parte, el avance tecnológico “da para que sea aún mayor y esto de ninguna manera va a implicar menos plusvalía para los grandes capitales. Hay una tendencia a privilegiar los intereses políticos de las grandes corporaciones por encima incluso del interés económico”.
Es que “los objetivos políticos de las grandes corporaciones tienden a destruir la acción sindical, y por lo tanto el objetivo central es reducir al máximo su poder y aún más, tienden a fragmentar el colectivo laboral, para que de cualquier modo los trabajadores no se consideren parte de éste, sino individuos que luchan uno contra otro por su inserción en el mercado laboral”.
Por eso, para Elizondo, “los proyectos que ellos presentan no se reducen o no tienen como único objetivo la eliminación de la indemnización por despidos, sino que tienden a crear las condiciones para un mercado ultra flexible del trabajo”.
Planes sociales: de las personas a las empresas
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó el jueves un proyecto de ley que procura convertir los planes sociales en puestos de trabajo subsidiados para las empresas de distintos rubros que se están reactivando.
El proyecto contempla “un alivio económico para pymes, capacitación, y establecer un puente del plan social a un plan de empleo”.
El presidente Alberto Fernández presentó en las últimas semanas diversas iniciativas para promover el empalme de los programas sociales con el empleo en empresas del sector privado. Ya puso en marcha una iniciativa para los trabajadores rurales y avanza con un esquema de inserción en la construcción.
El primer paso fue dado en agosto pasado con el sector rural, en el que un total de 250 mil personas pasaron a desempeñar sus funciones en el terreno mientras mantienen la asistencia del Estado, sin perder las asignaciones ni ninguna de sus atribuciones.
A ese inicio le siguió el programa “Construir Trabajo e Igualdad”, anunciado el lunes último por el Gobierno, que implica la transformación de planes en trabajo en el sector de la construcción.
Por otra parte, el Ejecutivo envió a Diputados un proyecto de ley que establece le creación de Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo, que apunta a consolidar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable.
El proyecto, que sigue lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), prevé la creación de Comités Mixtos, nacionaliza un régimen que ya funciona en Santa Fe.
