La Justicia rechazó el desalojo de los trabajadores de Electrolux

El juez Hernán Fernando Postma rechazó hoy la medida cautelar que había interpuesto la fiscal Valeria Haurigot para desalojar a los trabajadores despedidos de Electrolux que se encuentran acampando frente a la empresa, y resolvió que el conflicto se siga dirimiendo en el Ministerio de Trabajo de la provincia, donde el próximo viernes hay una audiencia por ese tema.

En este contexto, los trabajadores despedidos de Electrolux hicieron su reclamo de reincorporación y el "no a la represión" con una marcha por la ciudad, que a media tarde partió desde la plaza 25 de Mayo y culminó frente a la sede de la Gobernación, en la plaza San Martín.

El magistrado señaló durante la audiencia -que tuvo dos cuartos intermedios- que "no era procedente" y volvió a insistir con la visión de la audiencia del viernes pasado, cuando sostuvo que "este es un conflicto laboral que lo debe resolver el Ministerio de Trabajo".

No obstante señaló que "la imputación de la empresa tenía ciertos visos de admisibilidad pero no de procedencia".

Leyó parte del acta que se firmó en el Ministerio de Trabajo provincial donde estuvo presente el propio ministro Julio Genesini, quien se comprometió a seguir con este tema puesto que se trata de un conflicto "eminentemente laboral".

A partir de esto, el viernes las partes volverán a reunirse en la cartera laboral. El juez instó a eso y a que las partes puedan ponerse de acuerdo para encontrar una salida al conflicto.

El juez también se refirió a lo que significa que "la violencia termine en hechos de más violencia" y también reconoció que "el costo mayoritario de los despidos lo sufren los trabajadores", más allá de reconocer que "puede haber costos para la empresa".

También destacó que había una resolución que "tenía más que ver con lo jurídico y filosófico" que "con lo político" y citó el artículo 10 de la Ley Provincial Nº 13.018 donde dice que "el juez penal tiene como atribución aplicar la ley para lograr la paz social en estos conflictos".

"El juez resolvió que el conflicto de Electrolux es laboral, lo debe resolver el Ministerio de Trabajo y no es penal. Un triunfo para la clase obrera, porque reconoció el derecho a la protesta", destacó el diputado provincial, Carlos Del Frade, uno de los legisladores que estuvo siempre al lado de los trabajadores.

"Ahora el Ministerio de Trabajo tiene que resolver, no puede mirar para otro lado", señaló, al tiempo que lamentó la "triste ausencia de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)".

Por su parte, la fiscal Haurigot admitió que "los pude imputar, pero el juez consideró que era admisible formalmente el planteo, porque hay materia penal pero no es procedente porque se trata de trabajadores y es un conflicto laboral. Supeditó todo a la reunión del viernes que las partes tendrán en el Ministerio de Trabajo".

En ese marco, la fiscal Haurigot no quedó bien parada durante la audiencia, puesto que ahí se leyó parte de la desgrabación del audio de un video que está subido a Youtube y en la que supuestamente se la escucha dialogar con ejecutivos de la empresa Electrolux respecto de la estrategias para disolver la protesta".

Para eso se tomó como base el artículo que había salido hoy en la edición impresa de La Capital.

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Por otra parte, la defensora de los trabajadores cesanteados Celina Tidoni -del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos- pidió el apartamiento y la nulidad de las actuaciones de Haurigot. "Como es de público conocimiento, salieron a la luz diferentes conversaciones entre la fiscal, la empresa y el abogado de ésta, donde queda expresada una connivencia y un asesoramiento por poco legal por parte de la Fiscalía sobre cómo proceder y reprimir a los trabajadores", señaló en diálogo con La Capital.

Al respecto, el juez planteó que ello lo debe resolver la Fiscalía General. Además, "pedimos la nulidad de todo lo actuado porque si una fiscal actúa de esta manera, no tiene legitimidad para intervenir", afirmó Tidoni.

Marcharon por los despidos

Los trabajadores despedidos de Electrolux hicieron visible su reclamo de reincorporación y de "no a la represión" con una marcha que partió esta tarde desde la plaza 25 de Mayo y culminó frente a la sede de la Gobernación, en la plaza San Martín. Mientras tanto, se mantenía el acampe frente a la planta de la fábrica de electrodomésticos.

Acompañados por organizaciones partidarias, sociales y gremios, la columna circuló por calle Santa Fe encabezando una gran pancarta con la leyenda: "No a la represión, basta de despidos y reincorporación ya", de los 17 cesanteados, de los cuales nueve fueron imputados por la fiscal Valeria Haurigot, por la protesta que los despedidos llevan adelante a las puertas de Battle y Ordóñez 3436, y a partir de una denuncia por parte de la empresa, que optó por judicializar el conflicto.

Por lo pronto, ayer hubo una primera audiencia en el Ministerio de Trabajo encabezada por su titular, Julio Genesini, en la que la empresa estuvo presente. Sin mediar soluciones, se fijó una nueva audiencia para el viernes a las 9 de la mañana, mientras en la puerta de la planta los trabajadores continúan manifestándose "de forma pacífica, con una carpa y rodeados de la solidaridad de innumerables organismos. Es su única herramienta para ejercer su derecho a defender sus puestos de trabajo", enfatizó la abogada.