La inflación jaquea al programa oficial

El programa económico electoral del oficialismo apuntaba a una recuperación económica pospandemia con cierta recuperación del poder adquisitivo de los ingresos de las mayorías. Cierto rebote estadístico frente a un pésimo 2020, acompañado de una ampliación de la inversión pública y una fina coordinación de la puja distributiva eran los pilares de la táctica económica de cara a las elecciones de medio término.

Este plan de acción contenía dos grandes riesgos. Por un lado, en un contexto de pandemia global y desigual acceso a las vacunas, la posibilidad de segundas y terceras olas de similares características a las que se veían en el invierno del Hemisferio Norte a lo largo del año podía forzar una nueva parálisis de las actividades poniendo fin al rebote estadístico.

El otro riesgo, estrictamente económico, tenía que ver con el fino equilibrio que debían encontrar tres variables clave (tipo de cambio, salarios e inflación) para dar con la sutil recuperación del ingreso real pretendida. Ambos riesgos comienzan a materializarse de forma cada vez más evidente las últimas semanas.

La política oficial frente a la difusión del Covid entre la población tiene un signo muy diferente a la del año pasado. Si en un primer momento se eligió poner la salud sobre la economía, la situación cambió en 2021 forzada por el desgaste de la economía, el lobby empresarial y el humor social (la pobreza del segundo semestre mostró un aumento de 6,5 puntos respecto del año anterior). De ahí que la esperanza oficial está puesta en que la política de vacunación masiva logre reducir la expansión del virus.

El hecho de no tener contempladas partidas específicas para atender situaciones de parálisis de la actividad en el presupuesto 2021 puede encender algunas luces de alarma. Sin embargo, difícilmente pueda creerse que no vaya a sufrir modificaciones en paralelo a las restricciones que se decidan. Sin ir más lejos, en el 2020 tampoco había partidas asignadas para esos fines y se contó con las herramientas para financiar el IFE, ATP, créditos subsidiados y rebajas impositivas.

En ese sentido, el impacto más grave de una necesaria restricción de actividades por cuestiones sanitarias será el impacto económico. El costo fiscal de las medidas compensatorias no tiene un efecto macroeconómico considerable y sólo parece predominar la preocupación de un excesivo fiscalismo, tal vez agravado por la presión del FMI. Más allá de ello, las presiones cambiarias que podría traer la monetización de un mayor déficit pueden ser contenidas a través de las intervenciones en el mercado paralelo aprendida tras la mala praxis del año pasado.

Poder adquisitivo

El segundo elemento que jaquea la política económica es el impacto inflacionario en el escenario distributivo. Dos meses atrás afirmamos respecto al fino equilibrio de variables que requería la recuperación del poder adquisitivo de los ingresos de las mayorías en el programa oficial: “Los incentivos y desincentivos económicos, los controles y las regulaciones, la autoridad política del poder ejecutivo y hasta la participación de actores de la sociedad civil tiene que coordinarse milimétricamente para dar con el escenario deseado”. La fuerte dinámica de los precios relevada los últimos meses muestra que ese fino equilibrio no se está logrando. Tampoco en abril hay muestras de desaceleración de la inflación, tal como indican los relevamientos online del IPS-Ceso y de los índices de alquileres en CABA y Rosario.

Frente a la indomable evolución de los precios, los referentes del dream team de Mauricio Macri vieron la oportunidad de volver a la carga con la receta del ajuste fiscal para moderar la inflación. Tras ese fracaso estrepitoso de las políticas monetaristas contra la inflación, cuesta creer que sigan sosteniéndolas. El argumento esbozado es sencillo porque identifica una única causa y por ende propone una única solución. Sin embargo tiene serias limitaciones para comprender cabalmente el problema inflacionario en la Argentina actual.

La visión estructuralista heterodoxa de la inflación incorpora el tipo de cambio como variable clave para cualquier economía que enfrenta una restricción externa al crecimiento. Resulta evidente el rol desencadenante que tienen las devaluaciones en cada aceleración inflacionaria. Además, también sirve para relativizar en cierta medida la idea de que la aceleración inflacionaria actual se produce a pesar del ancla cambiaria. Si bien en los últimos meses se desaceleró fuertemente el ritmo de devaluación, desde septiembre hasta enero se fue acelerando y llegó al 4% mensual. En marzo, la devaluación mensual fue de 2,7% y en abril apunta terminar por debajo del 2%

Sin embargo, una visión estructural tampoco reduce el problema a una sola variable como el tipo de cambio. El otro componente que explica en buena medida el escenario actual es la inercia inflacionaria. Ese valor al que retornó la inflación después de cada shock que la aceleró y que se mostró como un piso difícil de perforar. En gran parte de los últimos años, se ubicó en torno al 20%. Sin embargo, esa inercia incorporada en las expectativas se elevó al 40% después de dos años de una aceleración mucho más elevada.

El año pasado, por el atípico efecto de la pandemia, pudo verse levemente por debajo de ese valor pero está claro que hoy ese 40% se muestra como aquel que proyectan quienes tienen capacidad de adaptar los precios mes a mes, trimestre a trimestre.

Esa inercia es una de las causas que explican la limitada respuesta de la inflación al menor ritmo de devaluación de los últimos meses. Incluso con el apoyo sindical al gobierno traducido en reclamos salariales que han estado absolutamente alineados con las proyecciones fijadas en el presupuesto. Entonces ¿qué factores están detrás de la aceleración de los últimos meses?

A un piso inercial ya de por sí elevado, se agregan precios internacionales de productos primarios a valores récord que impactan en lo más básico de la canasta (especialmente carnes). En paralelo, la recomposición de algunos precios sectoriales que habían estado retrasados en el contexto de pandemia (entretenimiento, turismo y educación) también contribuyó al empujón inflacionario de los últimos meses.

El comportamiento de sectores concentrados que, a pesar de “los buenos gestos” del año pasado en el cual el programa “Precios Máximos” contenía cada vez menos productos e iba a desarticularse totalmente, respondieron con incrementos y estrategias para evadir las políticas públicas antes de alcanzar un nuevo acuerdo. Esto se dio a pesar de ser un sector que cuenta con un particular “colchón” dado que los alimentos aumentaron un 244% frente a un 212% del nivel general del IPC desde inicios de la crisis cambiaria en abril de 2018.

Ello incluye a algunos actores empresarios incorporados a las propias filas del gobierno, que han hecho su kiosko con el manejo de las licencias de importación, imponiendo precios desproporcionados en la reventa de insumos importados al mercado interno.

La incertidumbre de la política tarifaria, debatida a cielo abierto los últimos meses, no contribuye a “alinear expectativas” en el 29% de inflación que proyecta el equipo económico. Más aún, el fuerte incremento de las naftas es uno de los elementos que contribuyó al salto en el precio de los alimentos frescos.

El techo de los precios

La estrategia integral compuesta por el diálogo político a nivel de sectores _el trabajo y la patronal empresaria_, la estabilidad macroeconómica y la regulación microeconómica no termina de balancearse del todo, aunque se muestra reacción e incomodidad en el propio gobierno con la respuesta del sector privado. Nuevos regímenes, nuevas herramientas de control y algunas sanciones no son la solución definitiva y son los instrumentos que cualquier gobierno prefiere no utilizar, aunque ayudan a encauzar las mesas de negociación.

El sector del trabajo organizado puso en riesgo, nuevamente, su participación en el producto nacional. A esta altura, lamentablemente está destinado a perder desde aquí hasta las elecciones al cerrar paritarias en torno al 35% con una inflación que difícilmente se ubique debajo del 40%.

Por esa razón, entre octubre y diciembre se van a disparar un conjunto de cláusulas gatillo que van a alcanzar para que las paritarias 2021 no arranquen tan retrasadas y, en un escenario optimista, tener una recomposición para el cierre del año.

Mientras tanto, los esfuerzos deben estar concentrados en que la pérdida a lo largo del año sea la menor posible porque de lo contrario se sentirá el impacto en la actividad: la combinación de pandemia e ingresos en retracción genera poco incentivo al consumo y, por ende, a la producción. Con la negociación del salario mínimo hay una oportunidad de dar un fuerte mensaje a la base de la pirámide de ingresos.

Hacia adelante, no se perciben factores que continúen acelerando los precios y todo indica que paulatinamente deberían moderarse los indicadores mensuales. Exagerar el rol del ancla fiscal en este contexto puede profundizar los costos. Combinar los tiempos económicos con los electorales no será sencillo. Para compensarlo, deberá hacer énfasis en su aporte al cuidado y a la salud. Después de todo, la oposición representada por Cambiemos tuvo como uno de los pilares de su política económica el descenso de los salarios reales en el marco de un desastroso modelo económico y, difícilmente, logre hacer allí alguna diferencia sustantiva.