La agroexportadora Vicentín pidió ayer la apertura del concurso preventivo de crisis a dos meses de haber declarado el default por una deuda cercana a los u$s 1.350 millones y así evitar la quiebra, solicitada en la Justicia por uno de sus acreedores en los últimos días. Lo hizo ante el juzgado de primera instancia distrito Nº 4 en lo Civil y Comercial segunda nominación de la ciudad de Reconquista, la ciudad santafesina donde el holding nació y en la cual tiene una fuerte presencia tanto en la vida económica como política y social.
En un comunicado, la compañía reiteró que "perseguirá sin descanso, aún en este contexto, sus objetivos prioritarios de defender sus fuentes de trabajo, rehabilitar su operatoria industrial y comercial, y concretar una reestructuración de sus pasivos en condiciones y términos que sean mutuamente fructíferos para acreedores y para la empresa". Insiste así con su idea de lograr un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), algo que no le impide la presentación del concurso.
Frente a esta situación, la Bolsa de Comercio de Rosario decidió suspender a Vicentín para operar en el Mercado Físico de Granos, un tema que fue resuelto ayer por la mesa ejecutiva de la entidad. Poco antes de eso, el titular de la BCR, Daniel Nasini, señaló que "el reglamento de operadores del Mercado Físico de Granos de la BCR establece expresamente en su artículo 10º que la presentación en concurso preventivo de una firma operadora implica la suspensión de la misma para operar en la Bolsa hasta tanto se logre la homologación del acuerdo de acreedores" (ver página 10).
Ante la envergadura del concurso, ayer los representantes legales de empresas damnificadas por Vicentín reclamaron a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que el mismo no se lleve adelante en Reconquista donde los propietarios de la empresa tienen estrechos vínculos con distintos referentes políticos y sociales y que se tramite en Rosario, donde tienen sede la mayoría de los acreedores, según difundió el portal Valor Soja.
Por ahora, el juez en lo civil y comercial Fabián Silvano Lorenzini, a cargo del juzgado donde recayó la presentación, es quien llevará adelante el proceso.
Los pasos previos
La crisis de Vicentín se profundizó la semana pasada cuando ingresó a los Tribunales de Rosario el primer pedido de quiebra realizada por Gagliardo Agrícola Ganadera SA, del grupo Obring, luego de que días antes una decena de empresas corredoras también presentara distintas medidas cautelares en la Justicia rosarina para exigir el pago de sus deudas, una vez finalizada la feria judicial.
La situación de la empresa mantiene en vilo no sólo a un centenar de productores, acopios y corredores, sino además a los 2.000 trabajadores de las plantas de San Lorenzo y Ricardone que están paralizadas (aunque en total los empleados duplican ese número). Pero además, representa un grave problema político para el nuevo gobierno de Omar Perotti. La semana pasada el gobernador expresó que la de Vicentín "es una situación que preocupa, ya que es una empresa que moviliza muchos productores, muchos trabajadores" y manifestó su "deseo de que pueda regularizar su situación".
La cesación de pagos de la agroexportadora arrastró a varias empresas corredoras como el caso de Guardati Torti, que hace pocos días entró en default. Y en el mercado aseguran que no será la única que sentirá el coletazo de esta crisis.
En el plano político, la semana anterior en la Legislatura el diputado provincial Carlos del Frade (FSP) presentó un proyecto en el que propuso la estatización parcial o total de la cerealera con la intención de que el Banco Nación logre cobrar la deuda por $18.000 millones y se preserven las fuentes de trabajo.
Justamente el autodenominado "estrés financiero" de la empresa dejó al descubierto una "maniobra fraudulenta" con el Banco Nación durante la gestión de Javier González Fraga, en el gobierno de Mauricio Macri, tal como denunció el actual director de la entidad, el economista Claudio Lozano.
"La compañía no hizo más que expandir su facturación entre 2015 y 2018", indicó Lozano. Según sus cálculos, la deuda de Vicentín en el mercado argentino representa el 20 por ciento de la facturación que tuvo en el año 2018 y dentro de eso, los $18 mil millones que le adeuda al Nación son sólo el 15 por ciento de ese nivel de ingresos. "No parece ser un caso de estrés financiero. El peso de las deudas sobre ventas en muchas otras empresas supera ampliamente sus ventas", dijo Lozano.
Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, en el año 2018 Vicentín ocupó el sexto puesto entre los principales exportadores de soja y sus derivados (harinas y aceites), con 6,5 millones de toneladas en conjunto. El año pasado, facturó $118 mil millones.
De hecho, en el comunicado de ayer Vicentín señaló que "no abandonará" los pasos dados "para alcanzar la culminación del plan de acción delineado en el comunicado del 5 de febrero de 2020, a cuyo fin Vicentín se propone continuar trabajando con sus proveedores, productores granarios en sobre la base de las condiciones ya planteadas; como también seguirá manteniendo conversaciones avanzadas con el Banco de la Nación Argentina y demás instituciones oficiales y con el resto de las instituciones financieras, todo ello con el objeto de llegar a un acuerdo general apoyado en un plan de negocios sustentable sobre esas bases y en el marco de este nuevo contexto".
El abogado Federico Tjor, integrante del estudio Golber & Asociados, especialista en concursos y quiebras explicó que si la empresa pide el concurso "los efectos van a ser similares a los del APE: van a tener que conseguir mayorías y efectuar una propuesta".
También dijo que "si consiguen esas mayorías el acuerdo se va a hacer obligatorio para los que firmaron y para los que no lo hicieron; si no lo logran se le va a dictar la quiebra".
