Economía

La clase obrera, el principal enemigo para el plan ejecutado por las FFAA

Historiadores y militantes políticos y sindicales analizaron el plan sistemático del gobierno militar del '76 contra los trabajadores de la región, buscando disciplinar al movimiento obrero. 

Domingo 20 de Marzo de 2016

Para la última dictadura militar, su principal enemigo estaba en el mundo del trabajo: seis de cada diez víctimas de la junta militar que tomó el gobierno de la Argentina en marzo de 1976 eran delegados de base, integrantes de comisiones internas o simplemente activistas. Según investigadores y dirigentes sindicales, las Fuerzas Armadas fueron el brazo ejecutor del plan de la cúpula empresaria, que buscaba disciplinar al movimiento obrero para reemplazar el modelo de industrialización por sustitución de importaciones por uno basado en la valorización financiera. A cuarenta años del golpe cívico militar, plantearon, los crímenes del terrorismo de estado se sienten todavía en el campo laboral ya que no se investigó lo suficiente la responsabilidad civil en el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional y aún siguen vigentes normas como la ley de entidades financieras y en el 80 por ciento de las empresas, no hay delegados.

Desde el derrocamiento en 1955 de la primera experiencia peronista, pero sobre todo a partir de las rebeliones populares de 1969 en Rosario y Córdoba, venía articulándose un movimiento obrero cada vez más radicalizado y atravesado por la disputa entre sectores conciliadores y combativos.

Para Victorio Paulón, histórico dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución, la dictadura militar de 1976 tuvo dos metas centrales: “la transformación regresiva de la sociedad” y desmembrar “la vanguardia que había surgido en la resistencia a las sucesivas dictaduras”.

“Argentina era un país con casi pleno empleo, con una pujante industria nacional y una red de pequeñas y medianas empresas que daban cuenta de más del 60% del empleo privado en Argentina, muy vinculado al mercado interno. Todo eso quedó destrozado”, dijo Paulón.

En ese período, resaltó el historiador Leonidas Ceruti, “no sólo se discutían salario y condiciones de trabajo, sino también sobre cómo organizar la producción”. Por ejemplo, en la petroquímica Pasa, de San Lorenzo, en julio de 1974 ante un conflicto relativamente menor —el concesionario del comedor había agredido a un empleado del servicio— los obreros tomaron la fábrica y empezaron a producir. “Batieron todos los récords de producción durante 26 días”, recalcó, y sentenció: “Si hay algo que no van a permitir los empresarios es eso”.

En algunas empresas las fuerzas armadas coparon literalmente las fábricas. “En Ford, Mercedes Benz los obreros eran obligados a formarse como un campo de concentración, y con una lista de activistas elaboradas por las mismas empresas se llevaban a los compañeros delegados”, señaló Ceruti.

Sin embargo, la persecución y represión al movimiento obrero comenzó al menos un año antes del 24 de marzo de 1976.

El 20 de marzo de 1975 se desarrolló el Operativo Serpiente Roja del Paraná. Cuatro mil agentes de las fuerzas de seguridad invadieron Villa Constitución. Como apuntó el periodista y diputado provincial Carlos del Frade, “convirtieron el albergue de solteros de Acindar en el primer centro clandestino de detención del país”. Y añadió: “Eso fue pagado por el gerente de Acindar, que era José Alfredo Martínez de Hoz, quien un año después asume como ministro de Economía”.

Incluso, aseguró del Frade, el fichaje de los activistas se remonta años atrás: “Tenemos documentación de la policía de la provincia de que seguían a los delegados de la coordinadora de gremios combativos de San Lorenzo desde 1970”.

De acuerdo al autor de “El Rosario de Galtieri y de Feced”, el vínculo entre grandes empresas y militares es claro: “Los integrantes de las fuerzas armadas eran títeres macabros de titiriteros invisibles, los delincuentes de guante blanco”. Y, remarcó, “no se ha investigado en profundidad en la provincia de Santa Fe la complicidad civil”. Esto implicaría según el escritor poner la lupa sobre “los gerentes de las grandes plantas de esta zona: Acindar, Celulosa, Duperial, Sulfacid, Electroclor y las empresas vinculadas a la Bolsa de Comercio de Rosario”.

Víctimas. Los sectores asalariados, especialmente delegados y dirigentes sindicales, fueron las principales víctimas de la dictadura. De acuerdo a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) 30,2% de los desaparecidos eran obreros; 17,9%, empleados; y 5,7% docentes. En tanto, se calcula que de los estudiantes (un 21% del total) uno de cada tres trabajaba. Los gremios más perseguidos fueron los metalúrgicos y mecánicos, además de los empleados de servicios públicos como transporte, ferrocarril y Luz y Fuerza.

Pero además, la represión apuntó a la juventud: 81% de las personas desaparecidas tenía entre 16 y 35 años. Es por esto, sostuvo la secretaria general de Coad y ex presa política, Laura Ferrer Varela, que se trató de “una generación activa, que fue diezmada y hubo que reconstruir”.

Resistencia. Desde el comienzo, la junta militar dictó distintas normas para encuadrar legalmente la persecución de la actividad sindical.

Así, entre 1976 y 1979 sancionó una serie de leyes que prohibieron el derecho a huelga y toda actividad gremial como asambleas, reuniones, congresos y elecciones y medidas de acción directa, reimplantó la ley de Residencia y reemplazó la ley de Asociaciones Profesionales votada durante el tercer gobierno de Perón por la ley 22.105, que disolvió entidades de tercer grado (CGT), amplió las facultades de intervención del estado en los sindicatos y limitó sus recursos económicos.

En este escenario adverso, los trabajadores y trabajadoras ensayaron aun desde el comienzo de la dictadura distintas formas de resistencia. Las investigaciones sobre el período dan cuenta de dos etapas, delimitadas por la primera huelga general en el 27 de abril de 1979.

En el primer momento predominaron acciones subterráneas como trabajo “a tristeza” y a desgano, sabotajes, que se desarrollaron de forma fragmentada y dispersa. No obstante, también se registraron conflictos en grandes fábricas, como el del frigorífico Swift, en 1978.

En estos años las acciones fueron progresivamente en aumento, a excepción de 1978, por una mejora en la situación económica, el Mundial de fútbol y un posible enfrentamiento militar con Chile. Según releva un informe de la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires a partir de publicaciones de la época, en 1976 se produjeron 89 conflictos; en 1977, 100; en 1978, 40; y en 1979, 188. La principal demanda de las acciones es el aumento de salarios, aunque una minoría cuestionó las condiciones de trabajo y reclamó por la posibilidad de organización sindical.

En la segunda fase disminuyó la intensidad de la represión y se abrieron más espacios para el repertorio más clásico de acción sindical. El 22 de junio de 1981 se realizó la segunda huelga general, y el 30 de marzo de 1982 se desarrolló una huelga y marcha a Plaza de Mayo. Luego de la derrota en Malvinas, escalaron las medidas de fuerza. En noviembre de ese año, diez mil trabajadores se movilizaron en Rosario por mejoras salariales y políticas contra el desempleo. En 1983, ya con el llamado a elecciones, se realizaron dos paros generales: el 28 de marzo y el 4 de octubre.

De acuerdo a Paulón, aunque jugaron un rol importante el movimiento obrero, los organismos de derechos humanos y otros espacios políticos democráticos, el factor determinante para que cayera la dictadura “fue el fracaso estrepitoso del modelo económico, que lo único que hizo fue destruir lo que existía y concentrar riquezas”.

“En 1975 había 35 firmas siderúrgicas, y al final del proceso quedaban tres”, graficó.

Consecuencias. En efecto, la dictadura logró imponer cambios estructurales. Las palabras clave son desindustrialización, concentración, endeudamiento externo y valorización financiera. La industria dejó de ser el núcleo dinamizador de las relaciones económicas y sociales. Cerraron veinte mil establecimientos fabriles, disminuyó el empleo industrial y su peso en el PBI pasó del 28% al 22%.

Para los sectores asalariados en particular el saldo fue sumamente desfavorable. La política de fijación de salarios por el estado implicó una caída del salario real y fue ensanchando la brecha entre distintas categorías de trabajadores, lo que derivó en mayor fragmentación y diferenciación al interior del mundo del trabajo. La participación en el ingreso nacional pasó del 43% de 1975 al 22% en la crisis hiperinflacionaria de 1982. Después del interregno alfonsinista, el menemismo a través de privatizaciones y desregulaciones terminó la tarea que había comenzado la junta militar.

El presente. A pesar de ciertas rupturas operadas desde 2003 y el mejoramiento de distintos indicadores, todavía existen consecuencias de mediano y largo plazo en el mundo del trabajo de los crímenes del terrorismo de estado, aseguraron los investigadores y dirigentes consultados.

Incluso, advirtieron sobre el sentido regresivo de las políticas tomadas desde diciembre y señalaron ciertas coincidencias con el plan del gobierno de facto.

Para del Frade, autor de varios libros sobre la dictadura en la Argentina y la región, precisó que las principales herencias de la dictadura en el ámbito laboral son los “1600 decreto-ley todavía vigentes” _entre ellos, la ley de entidades financieras de 1977 y la que habilitó la privatización del puerto de Rosario y San Lorenzo_ y la consolidación de un “sindicalismo burocrático más cercano a las patronales que a las bases”.

Precisamente, distintos testimonios ubicaron la tarea de reconstrucción del movimiento sindical como el principal desafío.

El historiador Leónidas Ceruti rememoró “lo difícil que era en la apertura democrática que un compañero aceptara ser delegado”, mientras otros trabajadores “preguntaban si ir a la huelga era anticonstitucional”, rememoró.

“Hubo una tarea de desmemoria hacia los trabajadores”, planteó.

Es por esto, subrayó Ceruti, que poner nuevamente de pie al movimiento sindical es un proceso que “lleva mucho tiempo”. “Sólo el 15% de las empresas tiene delegados, reconocido por el mismo Ministerio de Trabajo”, indicó, y citó al ex secretario general de ATE Rosario, Jorge Acedo, cuando planteó que “los trabajadores pueden votar desde presidente a concejal, pero no pueden votar para tener delegados”.

Vinculado a esto, Ferrer Varela destacó que todavía existe en determinados sectores “temor” y la tendencia a “pelear por lo individual en lugar de lo colectivo”.

Desde una posición más optimista, Paulón, secretario de Derechos Humanos de la CTA que está conducida por Hugo Yasky, planteó que se ha constituido “una nueva clase obrera”, para la que “la idea de sindicalización y lucha por las paritarias sigue más vigente que nunca”.

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario

script type="text/javascript"> window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({flush: true});