Se cumplieron tres años y medio de intervención en el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (Indec) y finalmente irrumpieron en el Congreso dos iniciativas para su
normalización, una de las cuales recibió la semana pasada media sanción del Senado y ya había
tenido un dictamen favorable de la comisión de población. La otra iniciativa está en la comisión de
Comercio en Diputados.
Ambos proyectos ponen fin al estado de cosas imperante en el Indec, disponiendo
su intervención y normalización. Eso es positivo y merece ser aplaudido. Hacia el futuro quedan
muchos interrogantes abiertos todavía.
En los dos proyectos en trámite parlamentario se partió de propuestas de reforma
de la ley 17.622, actualmente vigente. Esta observación es muy importante, porque dicha norma quedó
trunca en su lógica interna, cuando cesó el gobierno de facto que la acuñó. En esa lógica los
Consejos Nacionales de Desarrollo y de Seguridad eran los responsables de los contenidos del
programa estadístico.
Una vez desaparecidos, el Indec subsistió como un “órgano residual de un
sistema desaparecido”. Perdió su anclaje y se encamino hacia un frágil modelo tecnocrático.
Esa marca de nacimiento se refleja en las dos mayores ausencias observadas en el texto que rige
hasta ahora: no tiene intervención el Congreso ni participación las provincias.
Por eso parece ingenuo recurrir, como se hace en los proyectos mencionados, a
recrear el Indec que, por otro lado, ya existe para bien o para mal.
¿Por qué y para qué? Precisamente lo que falta en ambos proyectos es una
declaración clara sobre el objeto de la ley. No hay ninguna referencia a la posición de la
estadística en la organización del Estado. No se da respuesta a los interrogantes básicos de
“por qué” y “para qué” se sanciona la ley.
Todo parece reducirse a una cirugía reparadora para devolverle la capacidad de
marcha a un sistema quebrado, sin cuestionarse la dirección ni el destino de la marcha
recuperada.
No hay definiciones sobre la misión del sistema, ni sobre relación con las metas
y objetivos de la sociedad, en materias como la pobreza, el empleo, la salud, la educación, el
crecimiento económico, definidas en un programa de desarrollo. O en su ausencia, con las fijadas en
la “Metas del Milenio”, a las que adhirió nuestro país.
Es decir, falta una visión que exprese claramente como el sistema estadístico
servirá a los fines superiores de la sociedad, reflejados en esas metas concretas.
Al faltar una declaración clara de la estadística como función del Estado,
motivo y razón de la ley, y ante el silencio constitucional al respecto, queda también sin
respuesta a quién y qué debe atender.
La falta de esa definición es la que facilitó los abusos de los últimos años.
Por esa razón es necesaria una clara afirmación sobre la estadística como una función clave en el
funcionamiento de la democracia.
Esa afirmación debe servir de principio articulador de los diferentes elementos
del sistema. Especialmente para otorgarle base conceptual y fijar el alcance del Consejo Nacional
de Estadística, que deja de fungir como mera dependencia del Indec, y adquiere la relevancia que
debe tener, como representación de los usuarios, destinatarios finales de la producción
estadística.
Lamentablemente, el silencio que guarda el legislador sobre la posición que le
otorga a la estadística como función del Estado, en línea con la justicia, la educación o la salud,
deja sin apoyo todo el andamiaje de las instituciones que se crean. Y torna estériles las
minuciosas cláusulas sobre quiénes, cómo y cuándo, ocuparán los cargos de los distintos órganos, en
cuya enumeración se demoran largamente los textos analizados.
La autoridad estadística
La Comisión Bicameral debe asumir la “autoridad estadística
nacional” y conducir el desarrollo de las políticas estadísticas del país, como políticas de
Estado. La ley no le da esa autoridad cuando no le otorga atribuciones en materia de planificación
y, en consecuencia, quedan vacías de contenido las funciones asignadas de control y seguimiento, al
faltar la referencia a un plan previo.
Además es importante que en su integración tenga suficiente representación la
oposición para que se tengan en cuenta los datos necesarios para el control del oficialismo.
Por otro lado, parece casi ilusoria la capacidad de influencia efectiva de la
comisión bicameral, si carece de una estructura técnica encargada de llevar a cabo los
procedimientos previos a la intervención de la comisión y ponga en ejecución sus decisiones.
Una oficina de estadística del Congreso, es el necesario polo de equilibrio con
el Indec, y llevaría a cabo las tareas de planificación, control y seguimiento, bajo la dirección
de la Comisión Bicameral. Al mismo tiempo puede ofrecer asistencia especializada a las cámaras, en
ocasión del tratamiento de los proyectos de ley.
La relación entre el legislador y la información estadística ya fue subrayada
por Alberdi, citando a Rivadavia, quien decía en 1826: “Fatal es la ilusión en que cae un
legislador, cuando pretende que su talento y voluntad pueden mudar la naturaleza de las cosas, o
suplir a ella sancionando y decretando creaciones”.
Es ingenuo declamar que el sistema debe ser ajeno a la política, porque ésta
nunca se dará por enterada de eso. El sistema estadístico reside en ella, hace a su esencia. Y la
política nunca lo va a soltar. Se debe diseñar un sistema estadístico con la política incluida en
su ADN.
En su estado actual, tanto el proyecto aprobado en el Senado como el de
Diputados son reglamentos burocráticos, que detallan con la prolijidad de un decreto o una
ordenanza, los pasos a dar para que no ocurran ciertas cosas que se quieren evitar, pero no se
proyectan de manera creativa hacia el futuro. Evitan los vicios, pero no cultivan las virtudes.
Los procedimientos reglamentados son un paso de un largo camino que nos queda
por delante, para el saneamiento y el desarrollo de nuestro sistema estadístico. Es un paso
positivo y en la dirección correcta, pero solamente un primer paso.
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