La propuesta del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi) incluida en el proyecto de ley Bases que obtuvo media sanción en Diputados, significará “un cambio profundo en la matriz productiva del país”. Así lo señala el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) en el que desmenuza esta propuesta y concluye que esa transformación no será para bien. Por el contrario, consagrará una peligrosa inequidad en el tratamiento fiscal, cambiario y jurídico a favor de grandes grupos económicos, en detrimento de los pequeños y medianos industriales nacionales. Y esto sin exigir contrapartida en materia de desarrollo productivo.
El informe del Cepa asegura que el gobierno de Javier Milei “decidió abandonar las políticas de promoción industrial que se sostenían desde el Estado argentino”. Tanto a través del DNU 70 como de distintas medidas de políticas implementadas desde Producción, Comercio Exterior e Interior, desmanteló en pocos meses mecanismos de protección e incentivo a la industria nacional.
Con la propuesta del Rigi, convertirá esa desprotección en “un cambio profundo en la matriz productiva del país”.
Un traje a medida
El Rigi incentiva el ingreso de proyectos con un mínimo de u$s 200 millones de capital, con amplios beneficios tributarios y cambiarios y estabilidad fiscal por 30 años. Cede soberanía a la hora de controversias, que se resuelven en el Ciadi. No están establecidos sectores prioritarios, pero durante la sesión el diputado Miguel Angel Pichetto, retomando al presidente Milei, precisó lo que la ley no aclara: es para minería, petróleo y gas. A la usanza de los 90, también pueden computarse como proyectos, con iguales beneficios, las compras de acciones hasta 15%.
“Un breve análisis de un régimen de inversiones implica evaluar su impacto en la generación de dólares, la mejora fiscal, el cambio en la matriz productiva y la creación de empleo”, señala el Cepa, que observa lo siguiente:
- En materia de divisas, el régimen establece libre disponibilidad de 20% en primer año, 40% en segundo y 100% a partir del tercero. Ello dificulta ostensiblemente la posibilidad de ingresos de dólares por esta vía.
- En el plano fiscal, reduce ganancias a 25%, elimina Derechos de Exportación a partir del tercer año, permite el cómputo del Impuesto a los Débitos y Créditos compensatorio de ganancias, y otorga beneficios de IVA. Elimina derechos de importación. Impide que provincias y municipios modifiquen tributos sobre estos proyectos. Esto significa un aumento del gasto tributario, tal cual lo señaló la Oficina de Presupuesto del Congreso.
- Estabilidad garantizada con resolución de controversias en jurisdicción extranjera: para estas medidas tributarias, aduaneras y cambiarias, incluye estabilidad fiscal hasta 2058 lo cual significa que no puede haber cambios tributarios y cambiarios hacia adelante. Esto convierte a la Argentina en un enclave extractivista por 30 años. En caso de que hubiere disputa con el Estado nacional, la resolvería un tribunal arbitral extranjero donde el 88% de las demandas que sufrió Argentina terminaron con fallos favorables para los demandantes.
- El Gafi alertó, por su parte, sobre la ausencia de controles en materia de ingreso de capitales de origen ilícito, convirtiendo al Rigi en un potencial vehículo de lavado. “Si se agrega el blanqueo low cost, sin controles y que incluye a no residentes, Argentina se convierte en una plaza financiera para atracción de capitales que han huido de la tributación en otros países”, señala el centro de estudios.
- Cambio en la matriz productiva: no hay transferencia tecnológica sino que se beneficia al inversor extranjero, porque el local debe pagar aranceles por los insumos necesarios para producir el mismo bien de capital. Tampoco hay política de desarrollo de proveedores (ya el DNU 70 elimina el Compre Nacional y el Programa de Desarrollo de Proveedores). No exige agregación de valor. A ello se debe añadir que los adheridos al Rigi no tendrán obligación de comercializar productos en Argentina. Se constituye un régimen cuasi colonial: las empresas extranjeras podrán producir con beneficios extremos y exportar libremente, sin abastecer al mercado local.
- Generación de empleo: al tratarse de actividades extractivas, con poco encadenamiento promovido, la creación será poca. En los últimos 15 años las actividades de agro, minería, petróleo y gas representaron 400.000 puestos de trabajo de forma directa, solo el 6% del total de empleo registrado privado. Y no sufrieron ni subas ni caídas, ni cuando crecieron sensiblemente ni cuando cayó su actividad. En ese mismo período, sólo generaron 17.000 puestos de trabajo registrados privados directos, punta a punta.
Todo por un dólar
“Esta iniciativa se inscribe en el plan de políticas que lleva adelante el actual gobierno y que tiene como principal objetivo otorgar beneficios a grandes grupos económicos con la finalidad de obtener dólares frescos, en un objetivo inmediato de levantamiento del cepo y posterior dolarización de la economía”, dijeron los economistas. Señalaron, en ese sentido, que frente a esa generosidad “no aparecen contrapartes positivas para el desarrollo nacional”.
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La ley Bases, agregan, contiene medidas que encastran perfectamente con este régimen. Son las que involucran “un blanqueo de capitales laxo y a tasa cero, la rebaja del impuesto patrimonial a los Bienes Personales, privatizaciones de empresas públicas e intervención de organismos descentralizados, la desregulación del sector hidrocarburífero, cambios regresivos en el mundo laboral y la eliminación de la moratoria previsional, entre otros aspectos, que configuran una Argentina más desigual y menos soberana”.
