El proyecto de Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (Rigi) es uno de los capítulos más polémicos de la ley Bases que impulsa el gobierno nacional y se discute en el Senado. El informe “Del estancamiento a un futuro hipotecado” que realizó Surplus, el grupo de estudios de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), junto a Fundación Pueblos del Sur, analizó las implicancias y consecuencias de la eventual implementación de este régimen, que otorga grandes ventajas fiscales, cambiarias y jurídicas a empresas que anuncien inversiones por encima de los u$s 200 millones.
El informe expone un diagnóstico crítico: el Rigi es un régimen de carácter cortoplacista que busca conseguir divisas, al costo de sacrificar el desarrollo industrial, empleo, recursos fiscales, e incluso estabilidad de balanza de pagos por 30 años.
El especialista en economía política y sociología económica Ezequiel Orso, integrante del grupo Surplus, explicó que otorgar algunos beneficios y garantías puede ayudar a aumentar la inversión pero alertó que “las generosas concesiones otorgadas por el Rigi pueden hacer que los costos excedan largamente los eventuales beneficios, en particular, en el mediano y largo plazo”.
El docente en la Universidad Nacional de Rosario e investigador en el Instituto de Estudios Sociales (Ines) de la Universidad Nacional de Entre Ríos indicó que “hay un supuesto de que liberalizando la economía se liberarían las fuerzas productivas” pero resaltó que “el pensamiento económico liberal ha fracasado muchas veces en la historia”.
“Creemos que no es por ahí. Ni siquiera estamos de acuerdo con entrar en esa oposición de decir: liberalización o Estado, porque el Estado siempre está presente. Cambia en todo caso, la naturaleza. La pregunta sería cómo e transmuta este Estado con esta ley, qué pasa con el entramado productivo, con las economías regionales, con la industrialización”, señaló. Y agregó: “Argentina nos guste o no es un país semi industrializado. No somos ni una potencia industrial ni una colonia. Estamos en el medio y eso ha requerido, entre otras cosas, el desarrollo de capacidades industriales que esta ley puede llegar a destruir, para construir otro tipo de economía mucho más desconectada de las propias capacidades productivas locales”, detalló Orso..
Pero en paralelo al análisis del impacto del Rigi sobre el sector productivo, se preguntan qué pasa con las provincias, con su relación con la producción y con la recaudación, y “cómo cambia el equilibrio de poder a partir del cambio en la recaudación y en la forma en que se van constituyendo las relaciones estatales”.
“Hablamos de cuatro grandes renuncias: a la política cambiaria, aduanera, tributaria y ambiental. Y esto implica una triple concentración: en la propiedad, instrumentada por una tendencia a la concentración del capital; en la distribución del ingreso, por efecto de la desarticulación de las economías regionales y el aparato industrial y en los recursos tributarios, porque se saca capacidad de recaudación a las provincias de recaudación y se recentralizan impuestos que recauda el Estado nacional”, detalló el doctor en sociología de la Escuela Interdisciplinaria de Alto Estudios Sociales en la Universidad de San Martín (Unsam).
Las provincias
Orso indicó que, por un lado, la ley choca con los derechos de las provincias, al establecer formas de regulación de la propiedad de los recursos ambientales que le dan más poder a las empresas que entran en el Rigi. “Los Estados provinciales estarían cediendo soberanía sobre sus recursos, lo cual entendemos que es un gran conflicto porque las provincias son preexistentes al Estado nacional”, resaltó.
Por otro lado, la ley le da la posibilidad a las empresas en determinados conflictos ambientales que se puedan suscitar, de recurrir a tribunales internacionales. Y eso choca con la regulación ambiental existente hoy en Argentina, donde los Estados provinciales pueden reclamar ante tribunales locales.
El especialista en economía política y sociología económica Ezequiel Orso.
Podría pensarse que el texto de la iniciativa es un traje a medida para determinado tipo de inversión, para determinado tipo de empresa. “En un primer momento fuimos a buscar eso, a ver qué modelo de acumulación se está abriendo”, explicó Orso al programa radial “La banda cambiaria”.
El modelo productivo que habían perfilado los gobiernos kirchneristas contemplaba una acumulación con sectores productivos, entre ellos la industria, mientras que el macrismo le daba más preeminencia el agro y a las finanzas. “Pero en este caso no hay un sector claro de acumulación, apunta más bien a una serie de beneficios generales para todas las grandes empresas que quieran entrar. Y eso también es una contradicción porque por lo general el diseño de una política incluye la identificación de cuáles van a ser los sectores de acumulación”, subrayó.
El funcionamiento real
Una de las conclusiones de Surplus es que el proyecto tampoco tiene en cuenta las prácticas de las empresas. “No se tiene en claro el funcionamiento real de las cosas. Las empresas pueden entrar en un montón de beneficios fiscales , cambiarios y aduaneros, casi sin límites, y no hay una definición clara de qué es un proyecto de inversión”, señaló Y agregó: “Se pueden inscribir empresas ya existentes; no está claro de dónde provienen los recursos, con lo cual se puede habilitar el tema de lavado de activos; y no hay ninguna regulación cruzada con el blanqueo de capitales, que casi no tiene requisitos”.
Sin esa regulación cruzada, puede ocurrir que ese capital blanqueado acceda al Rigi y adquiera una empresa ya existente”, resaltó. Es que uno de los artículos dice que se puede considerar inversión la adquisición de capital existente. Esto contradice el espíritu que tiene el régimen en sus primeros capítulos, que dicen buscar el desarrollo de nuevos sectores productivos.
En definitiva, consideró Orso, la inversión agregada podría no aumentar, simplemente sería la venta de capital. En una economía en recesión también podría ser una gran invitación a capitales internacionales para “comprar empresas que están baratas”. Y si esos grandes capitales tienen la necesidad de blanquear, su poder de compra es mayor. “El Estado más que facilitar alguna inversión estaría financiando o facilitando el traspaso de empresas, e incentivando a la migración de la estructura productiva de la forma actual a una forma nueva entonces”, precisó. Y señaló: “Todos los beneficios que creemos excesivos para fomentar la inversión finalmente son incentivos para migrar la estructura productiva actual a una estructura con menor tributación, que implica mayores desigualdades entre las provincias, más concentración del ingreso y la destrucción de muchas pymes”.
La libertad para importar es parte de ese proceso. “Hoy las grandes empresas tienen desarrollado por un entramado de pymes que las rodea. Todo podría venir directamente ahora desde afuera, lo cual es un desplazamiento de trabajo directo. Rápidamente, con las SAS, se puede constituir una sociedad anónima y trasladarle todo el capital ¿Habría aumento de la inversión? No, habría un desplazamiento para acceder a una serie de beneficios que propone el Rigi, entre ellos importar todo lo que antes se les compraba las pymes locales”.
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El impacto en las cuentas externas puede ser devastador ya que a los beneficiarios se les facilita el giro de utilidades al exterior. También pueden solicitar dólares al Banco Central para importar libremente pero no tienen obligación de dejar los dólares de la exportación. Pero además tienen libertad para pedir créditos internacionales y luego pedirle al BCRA los dólares para pagarlos. “Habría una pérdida en el balance total de dólares, generando inestabilidad cambiaria”, apuntó.
