Gobierno: las empresas van a refacturar y se llamará a audiencias públicas

El gobierno nacional anunció ayer que cumplirá de inmediato con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga a anular el aumento de tarifas de gas para usuarios residenciales y adelantó que hoy mismo convocará a audiencias públicas para definir precios de producción, transporte y distribución del combustible.

En paralelo, la Casa Rosada ordenará a las distribuidoras del fluido refacturar los consumos domiciliarios de gas por red desde el 1º de abril pasado con los valores del cuadro tarifario anterior a los incrementos, según anunció el jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, en una conferencia de prensa de 50 minutos que compartió con el ministro de Energía Juan José Aranguren.

Si bien minimizó el impacto del fallo del máximo tribunal porque —destacó— recayó sólo sobre el 26 por ciento del consumo total de gas (que son los hogares) y el restante 74 por ciento (industrias y comercios) tendrá que pagar el reajuste, advirtió que habrá un "costo fiscal importante" y el dinero tendrá que salir de otra área, aunque evitó dar precisiones sobre la magnitud de la erogación.

Las tarifas para las industrias y los comercios seguirán de acuerdo con el cuadro que entró en vigencia el 1º de abril, por lo que esos sectores de la economía tendrán que abonar incrementos de hasta el 500 por ciento respecto del mismo mes del año anterior.

Peña dejó en claro que el espíritu de la gestión es, una vez realizadas las audiencias públicas que manda la ley y que el gobierno había pasado por alto, avanzar con la "actualización" de las tarifas porque la Argentina necesita generar inversiones que garanticen el aprovisionamiento para reducir la importación y el déficit fiscal que ella produce.

Crecimiento y futuro. "Este fallo confirma que tenemos que trabajar en una mejora estructural de un sistema energético que está en una crisis profunda producto de distorsiones y mentiras y, al final del día, una estafa, porque sin energía no se puede crecer y no hay futuro", alertó el jefe de los ministros.

Acompañado por los ministros de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y de Justicia, Germán Garavano, Peña dejó en claro que no es objetivo de la administración de Mauricio Macri "opinar ni discutir" el fallo emitido ayer en forma unánime por el máximo tribunal de Justicia sino sólo "cumplirlo".

Paralelamente, Aranguren aclaró que en la audiencia pública que será convocada en el Boletín Oficial el gobierno recibirá "todos los comentarios sobre la base del cuadro tarifario establecidos este año" y, en paralelo, el ministro de Energía volvió a negar versiones de renuncia. "Mentalmente me siento bien", dijo .

En medio de la tensión social que viene generando en el país el hasta ahora trunco ajuste de tarifas, el gobierno saldrá a buscar un acuerdo político con la oposición para impulsar la revisión integral de las tarifas de los servicios públicos hacia fin de año.

En ese sentido, el funcionario habló también de una iniciativa oficial de convocar a un "acuerdo federal energético con las fuerzas políticas, los gobernadores de provincia, la sociedad civil y el sector empresarial".

Lo que viene. "Es un desafío muy grande que tenemos como sociedad dar ese debate para mirar el largo plazo", dijo el funcionario y consideró que hubo muchas señales en el primer semestre de que es posible discutir y, a modo de ejemplo, citó los casos de la salida del default o la reparación histórica a los jubilados.

"Hay que buscar un acuerdo más general en ese sentido, por ejemplo tomando el documento que firmaron los principales candidatos presidenciales (excepto el del FpV) con los ex secretarios de energía el año pasado", dijo Peña.

El funcionario evaluó que el fallo de la Corte "no es el escenario más negativo (para el gobierno) respecto de lo que podría haber sido una orden de retrotraer el ciento por ciento de los aumentos".