Entidades productivas y diputados santafesinos analizan reformas para reducir la litigiosidad laboral

La Red de Entidades Productivas de Santa Fe comenzó una ronda de reuniones con legisladores de la provincia para la litigiosidad laboral y los riesgos en el trabajo. Es que Santa Fe registra cifras de litigiosidad laboral significativamente superiores al promedio nacional, con alrededor de 142 juicios laborales por cada 10.000 trabajadores, cifra que duplica la media del país.

Las instituciones que se encuentran trabajando de manera asociativa en la Red de Entidades Vinculadas a la Producción mantuvieron una reunión con los diputados provinciales José Corral y Martín Rosúa con el objetivo de analizar conjuntamente la problemática. Participaron del encuentro representantes de la Federación Gremial de Comercio e Industria, Grupo Trascender, Fundación Apertura, Sociedad Rural de Rosario, OAME y el Foro Regional Rosario, en un diálogo orientado a buscar soluciones legislativas y operativas que favorezcan un equilibrio entre la protección de los derechos de los trabajadores y la sustentabilidad del sistema productivo.

Durante el intercambio, se destacó que Santa Fe registra cifras de litigiosidad laboral significativamente superiores al promedio nacional, con alrededor de 142 juicios laborales por cada 10.000 trabajadores, cifra que duplica la media del país. Este fenómeno, principalmente en casos de accidentes y enfermedades laborales, genera preocupación entre los sectores productivos por su impacto en los costos operativos y la competitividad empresarial, así como también lesiona gravemente a todo el sistema de riesgos de trabajo, que desde su vigencia a logrado disminuir de manera radical los accidentes laborales.

El diputado Corral expuso su iniciativa legislativa orientada a reducir la litigiosidad laboral en la provincia, promoviendo mecanismos que fortalezcan la instancia previa al juicio y agilicen la resolución de controversias sin perjuicio de los derechos de las partes involucradas. Corral subrayó que la elevada judicialización no solo encarece el seguro de riesgos del trabajo, sino que termina repercutiendo negativamente en las micro, pequeñas y medianas empresas santafesinas.

Proyecto de los diputados

Por su parte, el diputado Rosúa presentó los principales lineamientos de su proyecto de ley destinado a modificar la regulación de los honorarios periciales, con el fin de eliminar incentivos que distorsionan el proceso judicial. En particular, la propuesta prevé que los honorarios de los peritos no guarden relación con el monto económico del juicio, sino que se establezcan parámetros objetivos basados en la complejidad, relevancia profesional y extensión del trabajo realizado.

Esto, según Rosúa, apunta a promover imparcialidad técnica y desincentivar prácticas que alimentan lo que calificó como la “industria del juicio laboral”.

Trabajadores en el foco

Los representantes de instituciones productivas coincidieron en la necesidad de avanzar sobre reformas que garanticen previsibilidad jurídica, mayor transparencia en los procesos y mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y la mejora de las comisiones médicas jurisdiccionales, sin menoscabo de los derechos laborales consagrados.

Asimismo, se planteó la importancia de fortalecer la cooperación entre el Poder Legislativo, el sistema judicial y los sectores productivos para diseñar soluciones que favorezcan la inversión y el empleo formal en la provincia.

La reunión concluyó con el compromiso de continuar trabajando en agenda compartida para lograr la sanción definitiva de los proyectos que buscan resolver de manera equilibrada el acceso a la justicia con la competitividad del aparato productivo santafesino.