El juez civil y comercial de Reconquista Fabián Lorenzini dispuso la intervención de Vicentin Saic por el plazo de 120 días, la suspensión de las facultades de sus actuales directores y la puesta en pausa de los cortes de provisión de bienes y servicios por parte de proveedores del sector público y privado, por 60 días.
Los veedores judiciales de la compañía concursada, Andrés Schocron y Guillermo Nudemberg fueron designados interventores. El objetivo de su tarea será la prevención de daños, la protección de la empresas y la protección de bienes y unidades de negocios, frente a una eventual liquidación.
Según la resolución firmada por el juez que llevó adelante el concurso de la empresa defaulteada en 2019, la nueva conducción deberán apelar a todos los mecanismos legales para “concertar negocios prósperos” tendientes a reactivar el grupo cerealero, que hoy está prácticamente paralizado. Esto incluye la posibilidad de firmar contratos y también de disponer de bienes, si eso es necesario para garantizar la continuidad de las operaciones y el pago de los salarios a los trabajadores.
Para tomar la decisión de intervenir la empresa, Lorenzini sopesó los resultados de la audiencia realizada el 11 de abril, que reunió a todas las partes involucradas en el proceso. Entre otras cosas, recogió la demanda de la Unión Agrícola Avellaneda, y de Bioenergias Agro, dos empresas que proveían materia prima a la empresa para su procesamiento, de mayor seguridad jurídica para seguir operando con la concursada.
Pero también tomó en cuenta el informe de la Sindicatura que señaló que el pasivo posconcursal de Vicentin, exigible en lo inmediato, llega a $ 12.536 millones, mientras que el mediano plazo se eleva a $ 30 mil millones.
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Vicentin. La audiencia imputativa en Rosario.
Foto: Leonardo Vincenti / La Capital
Las causas de la intervención
El magistrado le achacó al directorio de Vicentin “falta de gestión y prevención del daño” en en un momento de crisis extrema por parte de la compañía. Por eso suspendió las facultades de decisión de los directores Daniel Foscchiatti, Carlos Sartor y Estanislao Bougain.
“Estamos situacion en el delicado umbral entre conservar una empresa viable o considerar que es inevitable la liquidación”, dijo el juez, para quien “es necesario apelar a todos los recursos y mecanismos” para evitar la última alternativa.
En la resolución se admite que la intervención parte de un contexto de crisis, que se agrava por la falta de información clara sobre el estado de las cuentas de la sociedad Mencionó, pro ejemplo, el faltante detectado de 2.800 toneladas en la planta de Avellaneda.
Un punto importante, de cara a la protección de las unidades productivas, es la orden a los proveedores de bienes y servicios, como el caso de la energía, de no cortar el suministro por sesenta días. Extendió la medida a las obligaciones impositivas, sobre las cuales instruyó a los interventores a buscar una reestructuración.