El acuerdo con el FMI y los desafíos de la sequía: el ajuste se muerde la cola

El ajuste acordado con el Fondo Monetario Internacional comenzó a morderse la cola. La primera parte del año cerró con aceleración inflacionaria, freno de la actividad económica y caídas del gasto y la recaudación.

“La meta fiscal acordada con el Fondo es incumplible, el gasto cae pero como la recaudación también bajó, el ajuste no reduce el déficit”, señalaron Julia Strada y Hernán Letcher, directores del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), durante la presentación en Rosario del último informe de coyuntura de esas entidad.

El derrumbe de los ingresos por retenciones, consecuencia de la sequía, es el principal responsable de la reducción de ingresos fiscales. De hecho, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) ve una “doble velocidad” de la recaudación del primer trimestre. “Mientras la total cayó 6,6%, la neta de impuestos al comercio exterior habría aumentó un 1%”, señala. Es lógico preguntase cuánto tiempo pasará hasta que estas curvas converjan a la baja.

Según el último estudio de de la Fundación Mediterránea, la caída de la recaudación por retenciones en los primeros tres meses tiene más que ver con el “adelanto” de operaciones de exportación generado el año pasado con el Dólar Soja II que con el efecto de la sequía. Este impacto, advierte, “se notará con fuerza en el segundo trimestre”. El economista Juan Manuel Garzón, de la Fundación Mediterránea, recuerda la magnitud del fenómeno: “Los escenarios más pesimistas fueron superados, el valor de los siete cultivos principales se reducirá en u$s 20 mil millones, impactando negativamente en 3,3 puntos de PBI”.

“La sequía trastocó todo, hoy hay que discutir temas más groseros, como nivel de actividad y la presión devaluatoria”, describió el Cepa. El Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) advirtió al derrumbe de la producción agropecuaria le sigue una “menor espalda cambiaria y fiscal para impulsar las demás actividades”. Y los planteos de estabilidad de precios y redistribución “enfrentan un proceso más adverso”.

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Hay que decir que, por resistencia o simple delay, el Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) de enero mostró una suba y el patentamiento de maquinaria agrícola exhibió un sorpresivo repunte mensual del 54% en marzo. La tendencia, igual, parece clara. Los economistas de la Bolsa de Santa Fe consideraron en su último informe que “el surgimiento de la fase contractiva aún es incipiente” porque “la sequía que atraviesa la región todavía no impactó de lleno en los datos de actividad”.

El empleo privado registrado todavía crece. Se crearon 600 mil en el último año, aunque ese proceso convive con el deterioro de los ingresos reales que provoca la inflación. Mate subrayó que dos de cada diez empleados formales son pobres. ¿Resistirá el mercado laboral frente a una actividad que se frena o cae? Quienes le bajaron el precio en estos dos años a la recuperación del mercado laboral quizás saboreen el combo completo en 2023: pobreza, recesión y desocupación.

Otra pregunta es por los posibles amortiguadores desde las políticas públicas o desde la dinámica de otros sectores de la actividad. El Ceso, por caso, es pesimista: “Los intentos de políticas contracíclicas no van a poder evitar la recesión sino sólo moderar su impacto, no hay nafta en los motores de crecimiento y la demanda agregada va a acompañar la depresión”.

En este punto reaparece la crisis en la relación con el FMI y un programa que quedó una pantalla atrás respecto de los desafíos de la hora. A cambio de condiciones que van apareciendo en sucesivos capítulos, el ministro de Economía logró en Washington que le aflojen un poco este cepo. Al menos por los próximos tres meses, durante los cuales podrá llevar adelante una política económica que recién será revisada por el organismo en septiembre, después de las Paso.

El consenso generalizado es que, además de distorsivas, las metas acordadas para 2023 son incumplibles. Para el Ceso, “mantener el sendero original forzará un ajuste fiscal y monetario que profundizará el impacto depresor de la actividad, producto de la sequía”.

El aval más importante que recibió Massa fue para llevar adelante dos herramientas que ya son marca registrada del ministro y que apuntan a administrar los frentes cambiario y fiscal. El dólar diferencial para el agro y el canje de deuda. El primero fue anunciado en la última semana y busca captar u$s 9 mil millones en liquidaciones del agro, junto con los pesos correspondientes a la recaudación por retenciones. El segundo trocará títulos dentro del sector público para “obtener casi un punto del PBI de financiamiento”, explicó el Ceso y contar con más oferta de bonos en dólares bajo legislación local para intentar contener el dólar financiero.

Una pelea dólar a dólar en una cancha muy inclinada. Un año después del acuerdo con el FMI, las reservas en el Banco Central son más bajas. En ese período, el superávit comercial fue de u$s 5.600 millones y la salida de dólares de u$s 19.028 millones. ¿Hacia dónde se fueron?. Para rastrearlo, Mate expone algunos números: u$s 5.477 millones fue el déficit de comercio de servicios, u$s 6.671 millones el pago de deuda pública y u$s 3.210 millones el pago de deuda privada. También muestra cómo se cubrió parte de ese bache: adelanto de exportaciones por u$s 1.437millones, retrasos en el pago de importaciones por u$s 9 mil millones, endeudamiento neto con el FMI por u$s 4.900 millones y endeudamiento con organismos internacionales porcasi u$s 2 mil millones. Todas cuentas a pagar.

Lo que el cambio de agenda enterró definitivamente es la meta 3% en la tasa mensual de inflación. Objetivo que, como señaló el Cepa, se autodestruyó con la orden del Fondo de atrasar el tipo de cambio y aumentar tarifas, y que además choca con “el componente especulativo” que, por ejemplo, torpedea el programa Precios Justos.

La “fuerza inercial de gran magnitud e intensidad” que, según Mate, se sumó a los factores para explicar la duplicación de los precios en el último año. Así, el salario real privado sigue cayendo y hoy es $ 66 mil más bajo que el de una década atrás. Y el gobierno, encorsetado por el Fondo, evita “usar las herramientas que se han mostrado eficaces para mejorar el poder adquisitivo, como el aumento del salario mínimo y la suma fija”.

Más bien va en sentido contrario, comprometiéndose a restringir la moratoria, eliminar planes y, más recientemente, a desregular los alquileres.