El recalentamiento de precios del primer trimestre del año puso en alerta al gobierno, que anunció medidas para hacer frente a la escalada. Más allá del pomposo llamado a la guerra contra la inflación, es claro que la situación impone una reacción del Estado. Pero también desde la sociedad civil, las cooperativas y las organizaciones sociales y sindicales dan su batalla. Experiencias de organización del consumo popular que ya llevan tiempo en la trinchera y aportan una herramienta a la estrategia para abordar uno de los principales desafíos que enfrenta la economía. “El precio tiene que responder a los costos, no puede responder a la especulación”, dijo Héctor Jacquet, gerente general de la Cooperativa Obrera, una entidad que se ubica entre las diez cadenas de venta de productos de consumo masivo más importantes de la Argentina.
Una cooperativa nacida, justamente, para responder a un contexto de crisis. Fue tras la Primera Guerra Mundial, cuando un grupo de trabajadores de Bahía Blanca se unió para producir pan frente a la escasez de trigo y otros cereales, debido al impacto que tuvo en el mercado internacional la fuerte crisis que atravesaba Europa. La idea no era sólo el abastecimiento sino que se lograra “a un precio razonable”. Hoy la entidad tiene más de 2 millones de asociados en distintas provincias.
En Rosario hay una experiencia parecida, que es mirada con atención a nivel nacional. La lleva adelante la Asociación de Empleados de Comercio (AEC) de Rosario con su proveeduría, donde los afiliados al gremio mercantil pueden acceder a una cantidad variada de productos de consumo masivo hasta un 30% más baratos que en el resto de las góndolas. Pero no sólo eso. Detrás del emprendimiento hay una fuerte apuesta a articular con productores de la economía local.
“Ofrecemos productos de primera línea pero también otros a través de acuerdos con cooperativas, empresas recuperadas y productores de las provincias de Santa Fe y Córdoba”, explicó la prosecretaria de AEC, Silvana Crocci.
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Para Enrique Martínez, titular del Instituto para la Producción Popular, la “consigna política” sobre la inflación en alimentos debe estar orientada a “impedir que se naturalice el abasto para el mercado interno como un negocio”. En su análisis, debe ser “un servicio remunerado, con reglas propias, pero independientes del mercado internacional”. En definitiva: “Nadie debe perder, pero nadie debe impedir que comamos”.
Las experiencias de organización del consumo popular apuntan en ese sentido. Jacquet, de la Cooperativa Obrera, explicó que, si hay excedentes (“lo que demuestra que hemos cobrado un precio más alto de lo que deberíamos”, señaló), se distribuyen entre los asociados. Y si la organización no puede administrar la producción y deber adquirir o importar un producto, “se maneja el precio bajando sus márgenes”.
En esa línea trabaja el gremio mercantil en Rosario, que además apuesta a la diversificación de proveedores.
“El problema de fondo en el precio de los alimentos argentinos tiene que ver con una economía que no funciona de acuerdo al costo de producción sino a la expectativa devaluatoria”, dijo el secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional de la Nación, Luis Contigiani, para quien “eso provoca que la distancia entre el que produce y consume sea tremenda”.
El funcionario valoró en ese marco tanto la experiencia de AEC Rosario como la de la Cooperativa Obrera y consideró que “son modelos a replicar en todo e país”. Imagina varios núcleos regionales en los que florezcan “alianzas de productores, pymes alimenticias y súper, ofreciendo calidad y precios accesibles, con otro esquema”, dijo.
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“En una economía con capacidad ociosa y con un 40% de población bajo la línea de pobreza, ni la emisión monetaria ni el déficit fiscal explican la inflación”, explicaron los economistas Ana Rameri y Claudio Lozano en un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), para quienes “hay inflación porque pocos actores de la producción utilizan los precios para capturar mayores proporciones de dinero”.
