El conflicto del puerto de Rosario se cerró el lunes en los papeles pero, en los hechos, la terminal sigue paralizada. Los estibadores que reclaman la reincorporación de cinco despedidos mantienen el acampe frente al portón de acceso. La guardia de infantería desembarcó ayer con el propósito de garantizar el ingreso de quienes fueron convocados para volver al trabajo. Pero nadie intentó hacerlo. La concesionaria TPR y la conducción del sindicato portuario (Supa) denunciaron que es por temor a las agresiones. Quienes protestan dicen que es porque la mayoría avala la continuidad de la lucha. El gobierno provincial ratificó que su intervención terminó con el acta firmada entre las partes y que cualquier otra derivación debe ser resuelta en vía judicial.
El conflicto del puerto se inició hace un mes y medio cuando Terminal Puerto Rosario despidió a 25 trabajadores en el marco de una negociación paritaria. Los obreros, representados por el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa), reaccionaron con una huelga, acompañada de marchas y piquetes. Luego de varias audiencias, la conducción del gremio y la empresa llegaron a un acuerdo en la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación.
El acta, que se terminó de firmar el lunes, estableció la reincorporación de 20 de los 25 despedidos, el pago del 80% de los días caídos, el adelanto de jornales para eventuales, un aumento salarial del 90% anualizado y una cláusula que prohíbe los despidos sin causa. Para los cinco trabajadores que TPR no reincorporó, porque los acusa de “cometer actos violentos”, se pactó el pago de la indemnización, el cobro del fondo de desempleo y la extensión de los servicios de la obra social por seis meses.
Pero ya el viernes, durante una asamblea tumultuosa frente al gremio portuario, quedó expuesta la polémica por la no reincorporación de esos obreros, quienes decidieron seguir la protesta junto a compañeros y familiares. Así, continuó el acampe. Y pese a la convocatoria de la empresa para que el resto de los estibadores vuelvan a trabajar, los muelles de la terminal multipropósito no volvieron a operar.
TPR y la conducción del gremio aseguran que los trabajadores no se presentan por miedo a recibir agresiones. Por eso, la policía se desplegó frente al portón de acceso al puerto desde la mañana de ayer hasta pasado el mediodía. Buscaban garantizar la paz en el ingreso de los dos turnos que opera la concesionaria. Pero nadie fue.
En cambio, un nutrido grupo de manifestantes protestaba bajo el puente de la circunvalación. Entre ellos estaba Ariel, quien aseguró a los medios presentes que no les impiden la entrada a los trabajadores y que lo que ocurre es que “los compañeros reincorporados son conscientes de que si se dejan pasar estos despidos habrá más”. Recordó que los cesanteados llevaban más de 20 años en el puerto y mostró la concurrencia en la lluviosa mañana para graficar que “no somos sólo 10 tipos cortando el acceso”. El acampe se sostiene con cuatro turnos de seis horas.
También negó que sean violentos. “Somos los primeros interesados en volver a trabajar, de hecho, hace quince días se dictó la conciliación obligatoria y todos nos presentamos para volver pero la empresa en ese momento no nos dejó entrar”.
El miércoles, estos mismos referentes se reunieron en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe con funcionarios, despachantes de aduana y empresarios del sector de depósitos fiscales. Según explicó, desde la provincia les dijeron allí que “ya no pueden hacer nada” por su reincorporación.
De hecho, ese limite lo expresó el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, en declaraciones radiales. Tanto en relación al reclamo reincorporación que le hicieron los despedidos, como a la exigencia de “liberación” de zona que le hicieron TPR y empresarios de la industria.
En todos los casos, resumió el ministro, las partes deben acudir al Poder Judicial para realizar las presentaciones correspondientes. “La responsabilidad principal por el funcionamiento de la actividad y porque se pueda desempeñar el trabajo del puerto de Rosario corresponde a la empresa”, dijo.
En una conferencia que realizó pasado el mediodía, el secretario general del Supa Rosario, César Aybar, también señaló que desde el punto de vista del gremio el conflicto ya está resuelto. “Firmamos un acta por el cual se reincorporan 20 de los 25 despedidos, se reconoce el 80% de los días caídos, se acordó una cláusula antidespidos y se logró un aumento salarial del 90% anual con revisión”, recordó.
Y señaló que los cinco despedidos lo fueron “con causa” porque “protagonizaron hechos violentos incluso pegándoles a mujeres”. En esa línea, enfatizó: “Aún así, no se van con una mano atrás y otra adelante, conseguimos que recibieran una indemnización de millones de pesos, como si fueran sido cesanteados sin causa, el cobro del fondo de desempleo y la cobertura de la obra social por seis meses”.
Apuntó, también, que en la reunión del miércoles entre los estibadores y los despachantes de aduana, el titular de un depósito fiscal ofreció contratar a esos cinco obreros “en las mismas condiciones en las que trabajaban en TPR”. Aybar los acusó de violentos y cargó también contra agrupaciones políticas que apoyan la protesta. “Me llama la atención que el Partido Obrero y el FIT, que tanto defienden la lucha las mujeres, apoyen a gente que en la última asamblea patotearon a una compañera”, dijo.
Aybar denunció que hubo obreros que quisieron ingresar a trabajar y que recibieron amenazas. Y, en ese sentido, reconoció que la mayoría “decidió no ingresar por falta de garantías”, pese al operativo de seguridad. “No quieren ir con colectivos ni con la policía, quieren entrar con los portones liberados”, reconoció.
Al igual que Pusineri, señaló que el camino para que vuelva a operar el puerto no está en sus manos. “¿Cómo voy a encauzar un conflicto que ya estás cerrado?, esto excede al sindicato, alguien se tiene que hacer cargo”, dijo.
