El fiscal federal Franco Picardi amplió ayer la investigación por el supuesto pago de sobornos en el soterramiento del tren Sarmiento al pedir 17 medidas de prueba relativas a ex funcionarios del Ministerio de Planificación de la Nación y directivos locales de Odebrecht y de la empresa Iecsa.
En un dictamen presentado al juez de la causa, Marcelo Martínez De Giorgi, Picardi advirtió que entre 2005 y 2014, período investigado, hubo un "habitual, complejo e ilícito modus operandi de empresas de origen extranjero y socios locales" para el pago y cobro de sobornos con la obra pública.
El fiscal pidió al magistrado que ordene entrecruzamientos de llamados entre el detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, su otrora asesor Manuel Vázquez y autoridades y directivos de "Constructora Norberto Odebrecht SA, incluido Fernando Migliaccio Da Silva, Ghella Societa Per Azioni, Iecsa SA y Comsa SA, con sede o filial en el país".
Da Silva intercambió correos electrónicos con un directivo de la empresa en la Argentina, Couri Ribeiro, alusivos a una transferencia millonaria vinculada al país, de la que también se escribía con Vázquez, ex asesor de Jaime y actualmente bajo arresto domiciliario en otra causa por corrupción.
Picardi pidió también que se realice un estudio técnico del expediente de la licitación del soterramiento en las que participaron esas empresas de manera directa o indirecta por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
También se incluyó en la investigación al lobbista Jorge Corcho Rodríguez, ex pareja de la conductora televisiva Susana Giménez, y requirió que se establezca si hubo visitas suyas al Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio De Vido en el período investigado.
Nombres y reclamos
Paralelamente, la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, se presentó ante la fiscalía a cargo de Federico Delgado para pedir que se comience a investigar si De Vido y uno de sus colaboradores más cercanos, Roberto Baratta, recibieron coimas por parte de Odebrecht para que esa empresa obtuviera ventajas en la asignación de obra pública.
Carrió también estimó que "puede ser que haya parientes" del presidente Mauricio Macri involucrados en el pago de coimas de Odebrecht (en alusión a su primo, el empresario Angelo Calcaterra), pero descartó que existan funcionarios de la actual gestión comprometidos.
En ese sentido, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, reclamó a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, la difusión de los datos que brindará Odebrecht sobre el pago de coimas en la Argentina.
"Si por cuestiones legales hay un impedimento concreto de hacerla totalmente pública, existen otros mecanismos para que no quede esta información encapsulada en la Procuración", señaló Peña.
Brasil pide confidencialidad
El Ministerio Público Fiscal de Brasil comunicó ayer a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que a partir del jueves, cuando se levanten las restricciones sobre las pruebas en el Lava Jato, comenzará a enviarle la información sobre el pago de coimas en la Argentina. Aunque advirtió que la documentación deberá permanecer en secreto. La documentación fue solicitada por varios fiscales en diferentes causas por el pago de sobornos en la Argentina.
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