Aguas Santafesinas está en emergencia: qué impacto tiene sobre los usuarios

La Legislatura santafesina sancionó el proyecto de ley impulsado por el gobierno de Maximiliano Pullaro y declaró la emergencia en el servicio de Aguas Santafesinas (Assa). ¿Qué implica que el servicio esté en emergencia? ¿Cuáles serán las consecuencias sobre los usuarios?

Este jueves, la Cámara baja dio el visto bueno al proyecto de emergencia en el servicio de distribución y tratamiento de aguas. Fueron 28 votos afirmativos contra 18 negativos y una única abstención de la mano del legislador Juan Argañaraz. El proyecto inició su recorrido legislativo en la Cámara de Senadores, que le dio media sanción un mes atrás, el 23 de mayo.

La emergencia fue declarada a pocos días de que un nuevo aumento impactara en las boletas de Aguas Santafesinas. En lo que va del año, la empresa lleva acumulado un incremento del 450% en sus tarifas. La firma argumenta un déficit importante en sus balances. En contraste, los usuarios cuestionan el régimen tarifario de la empresa provincial. Un reclamo que no es nuevo y que vuelve al centro de la escena en el marco de varios meses de alta inflación y una pérdida de poder adquisitivo importante para la mayoría de los trabajadores. En este marco, el concejal de Arriba Rosario, Fabrizio Fiatti, presentó un proyecto en el Concejo para pedirle a las autoridades de Aguas Santafesinas que se gestione el diseño e implementación de un plan de macro medición de agua para Rosario.

Qué implica la emergencia

La declaración de emergencia en el servicio de Assa tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024 en todo el territorio provincial, con la posibilidad de una única prórroga por doce meses por medio de un decreto de la Casa Gris.

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A partir de esta sanción, el gobierno provincial podrá "elaborar las definiciones específicas, fijar los valores, precios, cargos y componentes tarifarios en las distintas modalidades del servicio y categorías de usuarios, el régimen de subsidios, la aplicación de nuevas alternativas que tiendan a la cobertura de los costos de explotación y toda otra distinción o categorización que se considere justa, razonable y oportuna", según apunta el texto normativo.

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En esta línea, la emergencia le otorga facultades al gobierno para gravar a los municipios y comunas a través de un gravamen definido por el propio Poder Ejecutivo. Dicho canon será aplicado sobre los montos “que les corresponda en concepto de coparticipación de impuestos, en concepto de venta de agua en bloque y a la tarifa correspondiente, conforme las previsiones incluidas".

Otro de los puntos delega al Ejecutivo la realización de los procedimientos de trabajo, el mantenimiento, la administración y uso del sistema de acueductos provinciales. Además, serán las autoridades provinciales las encargadas de confeccionar una propuesta para un marco regulatorio del servicio de agua potable, desagües y saneamiento, el cual deberá ser aprobado por el congreso santafesino.

¿Cómo puede afectar al usuario?

La diputada opositora Lucila De Ponti opinó en diálogo con La Capital que existe una contradicción dado que "los argumentos de la provincia para pedir la emergencia tienen que ver con el déficit financiero de la empresa y los artículos que se aprobaron son todos orientados a fines recaudatorios, es decir que lo que se puede esperar en un corto plazo para los usuarios es que se siga profundizando el aumento de tarifas", lo cual dependerá también “de cómo se avance con la elaboración del nuevo régimen tarifario”.

“Si bien Assa no es una empresa pública en términos legales, a diferencia de la EPE, sí es una sociedad anónima con participación total accionaria del Estado. De hecho, es el gobierno el que nombra a los directivos. Las decisiones de la empresa son decisiones del Poder Ejecutivo, también”, fustigó la diputada y añadió que “La única vía que se toma es la de actualizar tarifas de una forma desproporcionada, lo cual no tiene que ver con la evolución ni de los ingresos de la gente ni la inflación”.

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Dionisio Scarpin, diputado provincial

Foto: Silvina Salinas / La Capital

Por su parte, Dionisio Scarpín aseveró que las modificaciones en la política tarifaria de Assa son el mascarón de proa de una búsqueda por “transformar la empresa”.

“Hay un montón de injusticias”, exclamó el diputado en diálogo con este diario, al destacar que Assa presta servicio a 15 ciudades: “Hay 350 localidades en Santa Fe que se cubren como pueden. Muchas de ellas reciben el servicio por parte de empresas cooperativas que cobran el doble que Assa por el mismo servicio”, apuntó el radical.

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Para el ex intendente de Avellaneda, la ley de emergencia de Assa “no tiene que ver con la tarifa, las tarifas ya aumentaron. Lo que pretendemos con esta ley es transformar la empresa. Aguas Santafesinas está en emergencia en la prestación de su servicio y en su situación económica financiera”, expresó Scarpín y profundizó “Lo que buscamos en primera instancia es mejorar la situación económica y la prestación del servicio para que la calidad sea la que los santafesinos merecen. Si no saneás la empresa, no podés corregir esa situación nunca”.

Además, el oficialista encargado de argumentar el proyecto en la Cámara negó que “la ley autoriza al Ejecutivo en la realización de una modificación en la fórmula del cálculo de la tarifa para ser un poco más equitativo en su impacto. Hoy sucede que tenés tarifas diferentes para usuarios iguales” y auguró: “Va a ser una empresa sustentable. El efecto tendría que ser una mejora para los usuarios con menos problemas en las prestaciones”.