La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (Soea) convocaron a un plenario nacional de delegadas y delegados para debatir un plan de lucha con el objetivo de enfrentar la ofensiva contra los derechos laborales.
“Los derechos conquistados en los últimos años de lucha obrera contra la tercerización, el uso del sistema de contratistas y distintos fraudes para precarizar a quienes trabajamos, la destrucción de los salarios y la derogación del impuesto al salario, hoy son atacados por la política del gobierno nacional”, señalaron en un comunicado.
La convocatoria se fechó para el 24 de julio en San Lorenzo, corazón del cordón industrial en el que se produce el 84% de la producción industrial de las agroexportadoras. Durante el encuentro se debatirá cómo “ llevar adelante una lucha conjunta entre compañeras y compañeros delegados, con el objetivo de enfrentar esta política diseñada para destruir los salarios y nuestras organizaciones en beneficio de los grupos económicos, las trasnacionales y el capital financiero”.
“Somos obreros y obreras aceiteras de todo el país, defendemos los derechos de los trabajadores y el valor del trabajo de la industria que genera el mayor y principal ingreso de divisas al país, y hemos conocido en forma directa, como el resto de la clase obrera- el impacto que las políticas neoliberales de los años 90 tuvieron sobre nuestras vidas y las de nuestras familias”, señaló la federación sindical en un documento. Y enumeró esos efectos: desocupación, depresión, hambre, destrucción de la industria nacional y “ una precarización de la vida que muchos padecen hasta hoy”.
El sindicato recordó que “este gobierno nacional debutó con una devaluación, una estampida de precios de alimentos y desde allí un sinnúmero de políticas económicas que lo único que buscan es intentar bajar los salarios, quitar derechos a los trabajadores y generar desocupación”.
“Un presidente que hasta el hartazgo sostuvo que no aumentaría los impuestos, no sólo los aumentó sino que hoy ha vuelto a instaurar el impuesto a las ganancias, siendo que el salario no es ganancia”, indicaron los nucleamientos sindicales, que además cargaron contra quienes votaron en el Congreso “una ley que contiene otra regresiva reforma laboral y que intenta restringir el derecho a huelga”.
“Desde nuestro sector hemos conquistado derechos puntuales en beneficio de los trabajadores y trabajadoras, como exenciones del impuesto a las ganancias en turnos rotativos, horas extras, adicionales por turnos, etc. Hoy vemos que en un abrir y cerrar de ojos los derechos que habíamos ganado se han visto avasallados por un gobierno y legisladores cómplices de políticas fascistas, que hicieron que nos robaran los derechos adquiridos”, agregó.
El documento reafirmó la lucha por “un salario mínimo, vital y móvil que garantice las nueve necesidades establecidas en la Constitución nacional y la Ley de Contrato de Trabajo, definido como “la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”, defender el valor del trabajo y los derechos de los trabajadores”.
Crisis industrial
Por otra parte, el segundo relevamiento elaborado por el Cepa entre los integrantes de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (Csira) arrojó como resultado que el 75% de los consultados informó que se redujeron significativamente los turnos de producción en las empresas, como consecuencia de la crisis y el aumento de la capacidad ociosa. El 60% reportó reducciones de hasta en un 30%, mientras que un 15% indicó que la baja es superior.
El estudio concluyó que la situación económica es crítica. “La pregunta sobre la comparación entre la situación económica actual respecto a diciembre muestra que 90% considera que la situación ha desmejorado”. Y 5 de cada 10 respondieron que, en la actualidad, la situación es mucho peor. “El dato es similar al relevamiento del mes de mayo, lo que muestra que la situación no ha mejorado en los últimos dos meses”, indicaron desde el Cepa.
El dato de capacidad instalada ociosa es coincidente con los datos nacionales: casi 40% sostiene que se usan 6 de cada 10 máquinas o menos (al que se le suma otro 26,3% con 30% a 40% de capacidad instalada ociosa).